A lo largo de este miércoles, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la policía española, ha realizado una operación policial de gran magnitud en la que podría haber detenido a decenas de personas, entre altos cargos de las administraciones y empresarios, relacionadas con la adjudicación indebida de contratos para medios aéreos.
Los indicios apuntan a que estas detenciones y registros podrían estar relacionadas con la detención del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, a la que se le adjudicaron contratos para la extinción de incendios en el Pàis Valenciá.
El operativo también ha irrumpido en la sede del mayor operador del Estado español, INAER, en Mutxamell (Alacant), donde la UDEF habría intervenido tanto documentación como medios informáticos de la compañía en sus Oficinas Centrales.
INAER es la empresa que, entre otros, presta los servicios a las Brigadas de Refuerzo para Incencios Forestales (BRIF), que continúan con sus protestas por sus condiciones laborales. Este mismo verano, los brigadistas de la base de Daroca (Zaragoza), hubieron de desplazarse en coches al gran incendio forestal declarado en Luna, por el retraso en la entrega de helicópteros a las bases, ya en plena campaña de incendios.
En el marco de esta operación se habría producido también el registro de varias dependencias del Departamento de Bomberos de la Generalitat Catalana. En concreto, los agentes están registrando desde media mañana el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.
Además de en el Páis Valenciá y en Catalunya, el operativo ha realizado registros y detenciones en Castilla La Mancha, Andalucía, Balears y Extremadura.
El objeto de esta macro-operación sería una red clientelar entre diversas administraciones públicas y operadores aéreos, que prestan servicios en evacuación y extinción de incendios. Algunos medios no han dudado en calificar esta trama como el “cártel del fuego”.
La denuncia que ha desatado esta operación podría haber partido de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y estaría centrada en averiguar si las empresas adjudicatarias tienen algún tipo de relación entre ellas.
El volumen de la operación hace pensar en un nuevo escándalo de corrupción millonario. Los operadores investigados proporcionan los medios aéreos para prestar servicios esenciales en todo el Estado español, sin embargo, no se descarta que los actos de corrupción no afecten a contratos incluso internacionales.
La investigación continúa abierta y bajo secreto.