Desde que la Opel aterrizara en 1982 en Figueruelas ha generado, sin duda alguna, los suficientes beneficios económicos para Aragón como para convertirse en “locomotora económica” de gran parte del territorio, generando miles de empleos directos y la creación de decenas de empresas auxiliares que dan trabajo a un mayor número de miles.
Sin embargo, lo que a simple vista parece algo positivo ha colocado a la empresa en una posición de fuerza de la que se ha aprovechado de cara a negociar beneficios fiscales y a ir mermando la dignidad salarial y temporal de sus empleados y empleadas, bajo la eterna amenaza de la reducción de la producción.
Ante el continuo chantaje los diferentes gobiernos aragoneses y españoles se han ido plegando a las peticiones de los sucesivos dueños de la planta. Cientos de millones de euros en avales o que los procesos de selección de personal los haya llevado directamente el INAEM son algunas de las prebendas públicas conocidas.
Pero el nuevo dueño, PSA, ha entrado en Figueruelas con una soberbia aumentada. Primero compra la empresa por 2.000 millones de dólares para exigir después el abono de 600 a General Motors, porque sus motores, que ya conocía, no cumplen con los estándares ecológicos europeos. Después con una inverosímil oferta de convenio en la que los fines de semana pasaban a ser días laborales y se recortaba hasta la pausa del bocadillo. Por último, cuando el comité se planta, anunciando la retirada del nuevo Corsa.
De nuevo, los temblores que esto acarrea para la economía aragonesa hacen que los políticos entren en acción y con ese movimiento la empresa vuelve a tener la sartén por el mango: si sus empleados no acatan vivir en la precariedad será el dinero público el que les ayude. El eterno chantaje del que somos presos todos los aragoneses.
