Las asociaciones de víctimas de desaparición forzada de menores han trasladado al Papa León XIV su preocupación por la falta de visibilidad que continúa sufriendo una de las mayores vulneraciones de derechos humanos pendientes de esclarecimiento en Aragón y en el Estado español. La iniciativa ha sido promovida por el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores (ODFM), que ha remitido una carta al pontífice solicitando una implicación activa de la Iglesia Católica en la búsqueda de la verdad sobre los casos conocidos popularmente como “bebés robados”.
Desde la llegada de León XIV a Madrid el 6 de junio diversas asociaciones de víctimas que mantienen convenios de colaboración con el observatorio les han trasladado sentirse “invisibilizadas”, como si la causa de las desapariciones forzadas de menores “no existiera”.
Ante esta situación, el observatorio decidió dirigirse directamente al máximo representante de la Iglesia Católica para exponerle la realidad que siguen afrontando miles de personas afectadas por estas desapariciones. En la misiva, la entidad explica que numerosas asociaciones de víctimas consideran que sus reivindicaciones han recibido una atención insuficiente pese a la gravedad de los hechos denunciados y a las décadas transcurridas desde que comenzaron a organizarse para exigir verdad, justicia y reparación.
El ODFM recuerda que miles de personas continúan buscando a familiares desaparecidos o intentando reconstruir una identidad que les fue arrebatada. Muchas de ellas han fallecido sin obtener respuestas y sin que los mecanismos institucionales hayan logrado esclarecer sus casos.
La carta enviada al pontífice pone especial énfasis en el papel que podrían desempeñar determinados archivos históricos custodiados por instituciones eclesiásticas. El observatorio señala que registros parroquiales, documentación de centros asistenciales, maternidades, congregaciones religiosas y otros fondos documentales podrían contener información de enorme valor para las investigaciones actualmente abiertas y para garantizar el derecho a la identidad de las víctimas.
Por ello, el ODFM ha solicitado expresamente a León XIV que promueva una actitud de colaboración activa con las personas afectadas y que favorezca la apertura, localización y preservación de aquellos archivos que puedan contribuir al esclarecimiento de los casos todavía pendientes.
Desde la organización consideran que la búsqueda de la verdad no puede quedar condicionada por el paso del tiempo y sostienen que todas las instituciones que puedan disponer de información relevante tienen una responsabilidad ética con las víctimas y sus familias.
Asimismo, el observatorio entiende que una mayor implicación de la Iglesia podría convertirse en un paso decisivo para devolver visibilidad a una problemática que, a su juicio, ha permanecido durante demasiado tiempo en los márgenes del debate público, además de contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos de quienes continúan buscando respuestas sobre su origen o el destino de familiares desaparecidos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de FABER, la Asociación de Familiares de Bebés Robados de Aragón, integrante del propio ODFM. Desde la entidad aragonesa han mostrado su apoyo a la petición trasladada al Papa y se han puesto a disposición de las personas afectadas para ofrecer cualquier aclaración sobre esta reivindicación.
Décadas de lucha por la verdad
Las asociaciones de bebés robados llevan años denunciando la existencia de una trama de sustracción y separación irregular de menores que habría operado durante décadas en Aragón y en el Estado español, especialmente durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia. Las víctimas reclaman desde hace años la creación de mecanismos efectivos de investigación, el acceso a archivos públicos y privados y el reconocimiento institucional de los hechos.
En nuestro país, FABER ha mantenido una intensa actividad de acompañamiento a las familias aragonesas afectadas, impulsando acciones de sensibilización y colaborando con otras organizaciones estatales para reclamar avances en el esclarecimiento de miles de casos todavía sin resolver. Entre sus principales reivindicaciones figura precisamente la apertura de archivos eclesiásticos, sanitarios y administrativos que puedan contener información clave para reconstruir las historias familiares y facilitar los procesos de búsqueda.
Las asociaciones recuerdan que detrás de cada expediente hay personas que continúan buscando a madres, padres, hermanas, hermanos o hijas e hijos cuya identidad fue alterada o cuyo paradero sigue siendo desconocido, una situación que consideran una vulneración permanente de derechos fundamentales mientras no se conozca la verdad sobre lo ocurrido.
