El ministerio español de Medio Ambiente ha elevado en otros 23,6 millones de euros el coste de la obra de recrecimiento del pantano de Yesa, que en esta ocasión se presupuestan para pagar las expropiaciones de las urbanizaciones Laitasuna y El Mirador de Yesa, forzadas al desalojo por la CHE como consecuencia del deslizamiento de las laderas del embalse. Esta información se conoce por la preguntada formulada por el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, aunque en el escrito de respuesta a la misma, el ministerio “no da respuesta al coste de las últimas modificaciones del proyecto, ni si se va a determinar las responsabilidades por la deficiente redacción del proyecto”.
Por ello, desde Puyalón de Cuchas denuncian “este nuevo sobrecoste destinado a pagar las expropiaciones de las urbanizaciones afectadas por los deslizamientos de tierras”, y consideran “vergonzosas tanto la respuesta como las evasivas del Ministerio. El continuo despilfarro de dinero público en esta obra peligrosa e inútil tiene responsables técnicos y políticos, y el Ministerio debe determinar quiénes son”.
Según indica Zésar Corella, coordinador nacional de Puyalón de Cuchas, “el Pantano de Yesa no para de generar dudas sobre su seguridad. Las inversiones millonarias que está haciendo el estado español en este embalse son un saco sin fondo. Los cientos de millones que se están tirando al fondo del pantano solo benefician a las empresas constructoras”.
La organización soberanista Puyalón de Cuchas ya presentó, hace unas semanas, a través de su eurodiputado Josu Juaristi varias preguntas a la Comisión Europea para “que aclare los puntos oscuros que tiene el proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa”.
También recientemente, pero en el ámbito de la represión al movimiento popular aragonés, Puyalón de Cuchas expresaba su “indignación y sorpresa ante al auto emitido por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. En el exonera de responsabilidad a los dieciséis guardia civiles que cargaron contra la gente de Artieda el 10 de octubre de 2012, mientras se mantienen los cargos contra los ocho manifestantes, a los que se acusa de desórdenes públicos, desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones”.
Cabe destacar, como señala la Asociación Río Aragón, que el presupuesto ‘global’ también sigue aumentando. A los 376,5 millones de euros de los PGE del 2015, habrá que sumar los 48,6 millones de los trabajos de emergencia y expropiaciones, por lo que la cifra destinada a esta obra alcanza, por el momento, los 425 millones de euros, cuando el presupuesto inicial en 2001 fue de 109 millones, por tanto desde entonces, prácticamente se ha cuadruplicado. Sin embargo este impresionante derroche de dinero público no ha impedido que los problemas geológicos y de seguridad se resuelvan.
