Este lunes, 26 de enero, la Mesa Sectorial de Educación de Aragón negoció con la administración las plantillas jurídicas de todos los centros públicos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional para el próximo curso. Tras la negociación, se acordó la creación de 367 nuevas plazas, que la administración considera un avance, pero que los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública han rechazado por considerarlas insuficientes.
CGT Enseñanza, segundo sindicato en representación del profesorado aragonés, ha votado en contra junto a CCOO, STEA-i y UGT, mientras que la administración registró la abstención a la propuesta final. José Luis Ruiz, portavoz de CGT, ha señalado que la oferta “no contempla aumentar la plantilla suficiente para que la reducción del horario lectivo no perjudique a los centros con menos horas, y tampoco se ha avanzado en la puesta en marcha de la llamada cuarta orden de inclusión, compromiso adquirido hace dos años y aún incumplido”.
De las 367 nuevas plazas, 94 se destinarán a C1 de infantil y primaria, 17 a centros de educación especial y 29 a aulas TEA. Según el sindicato, estas vacantes no se cubrirán este año, sino en el concurso del próximo curso, lo que deja sin solución inmediata algunas necesidades de los centros educativos.
El sindicato también ha criticado la escasa oferta de personal de orientación y la ausencia de nuevas plazas PSC (Profesorado de Servicios a la Comunidad), pese a la creciente demanda en centros escolares. “La plantilla sigue siendo insuficiente para atender a alumnado con necesidades educativas especiales y para garantizar la inclusión efectiva en todos los niveles”, denuncia CGT.
CCOO, STEA-i y UGT coinciden en que la propuesta “no responde a la realidad de los centros ni a las necesidades del alumnado”, especialmente en áreas sensibles como la educación especial, la atención a la diversidad y el apoyo a aulas TEA.
El debate sobre las plantillas jurídicas llega en un momento clave, ya que muchos centros están ajustando sus horarios y recursos para cumplir con la reducción lectiva acordada en legislaturas anteriores. Los sindicatos recuerdan que, sin un incremento adecuado de personal, esta medida puede sobrecargar al profesorado y dificultar la atención individualizada al alumnado.
La Mesa Sectorial también abordó la distribución de las plazas y la planificación de futuros concursos, aunque la administración no ha ofrecido detalles sobre posibles ajustes en las plantillas de orientación ni sobre la implantación de medidas de inclusión pendientes.
CGT recalca que la negociación actual demuestra la necesidad de un compromiso real con la escuela pública, “que garantice recursos suficientes, equidad y una atención de calidad para todo el alumnado, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales”.
El sindicato espera que, de cara a futuros cursos, la administración considere incrementar las plantillas y abordar de manera efectiva los compromisos adquiridos en negociaciones previas. Por su parte, la comunidad educativa mantiene la presión para que las decisiones sobre personal reflejen la realidad de los centros y no queden en meras formalidades burocráticas.
Las próximas semanas serán clave para conocer si la administración responde a estas demandas y si se ajustan las plantillas para cubrir necesidades esenciales de los centros públicos, especialmente en la atención a la diversidad, aulas TEA y educación especial.
CGT, CCOO, STEA-i y UGT han anunciado que continuarán vigilantes y exigirán que las futuras negociaciones incorporen propuestas que garanticen la cobertura de plazas y la inclusión efectiva del alumnado con necesidades especiales.
La Mesa Sectorial se convierte así en un punto de tensión entre la administración y el profesorado, que reclama no solo más plazas, sino también medidas concretas que aseguren la equidad y la calidad educativa en Aragón.
En este contexto, los sindicatos recuerdan que una plantilla adecuada es clave para que la reducción de horas lectivas no se traduzca en un incremento de la carga docente ni en pérdida de calidad en la enseñanza.
Por último, José Luis Ruiz ha reiterado que “sin recursos suficientes, las leyes y acuerdos sobre inclusión y atención educativa siguen siendo solo declaraciones de intenciones, y no cumplen su propósito real de mejorar la educación pública aragonesa”.
Por su parte, STEA-i ha remarcado que “no puede ni va a firmar un acuerdo que afecta de manera directa y negativa a la calidad de la educación pública en Aragón y que, a todas luces, merma las plantillas del profesorado aragonés y precariza sus condiciones laborales”.
Desde STEA-i remarcan que seguirán “trabajando y movilizándose en defensa de unas plantillas suficientes, justas y ajustadas a la realidad de los centros, convencido de que invertir en profesorado es invertir en una educación pública de calidad”.
