Este verano, el Gobierno de Aragón pretende cerrar 32 camas de las 240 disponibles en el Hospital Polanco de Teruel “y una planta completa —de las dos con las que cuenta— en el Hospital San José, bajo la excusa de que se trata de ‘una medida asumible’. Estos cierres afectarán a especialidades como Urología y Traumatología, que serán desplazadas a la planta de Ginecología, dificultando la atención y el trabajo de los equipos”, denuncian desde CGT, y añaden que “mientras tanto, las urgencias rurales, como las de Utrillas, continúan sin una cobertura adecuada, y las listas de espera quirúrgica se han duplicado respecto al año anterior”.
Desde CGT Teruel recuerdan que “en el propio Hospital Obispo Polanco, especialidades como Dermatología registran esperas superiores a 500 días, y la demora quirúrgica para cientos de pacientes supera los seis meses. Esta es la verdadera cara de las decisiones ‘asumibles’. “¿Es esto lo que el Gobierno de Aragón llama ‘defender lo rural’?”, se pregunta Belén Fabre, secretaria de organización de CGT Teruel. “Nos hablan de equidad territorial mientras cierran camas, precarizan plantillas y derivan fondos públicos a empresas privadas”, enfatiza.
Asimismo, Fabre recuerda que “el colapso sanitario no es consecuencia de la falta de recursos, sino de una gestión política que favorece la privatización. El caso más grave es el del transporte sanitario urgente, en manos de la empresa Tenorio Grupo Empresarial, cuyos trabajadores llevan más de 800 días en huelga indefinida. Mientras el personal denuncia ambulancias en mal estado, material obsoleto y salarios de miseria, el Gobierno sigue renovando contratos millonarios con esta empresa, ignorando las demandas de pacientes y profesionales”.
Los hospitales del sur del país han ofertado recientemente “51 plazas de especialistas, pero sólo se han cubierto 31. En especialidades como Otorrinolaringología, hay cinco vacantes sin cubrir. En el Hospital Obispo Polanco, el 40% de las plazas siguen vacantes. A ello se suma la falta de 35 médicos de familia en atención primaria y la ausencia de servicios clave, como Radiología presencial las 24 horas”, detallan desde el sindicato.
“El personal sanitario se ve obligado a doblar turnos, asumir hasta 15 guardias al mes y trabajar en condiciones que conducen al agotamiento profesional. Mientras tanto, el 40% de las plantillas está próximo a la jubilación y miles de jóvenes sanitarios emigran por falta de estabilidad”, relatan desde CGT, y añaden que “desde el Gobierno de Aragón se contradice directamente la Ley 13/2023 de Dinamización del Medio Rural de Aragón, que obliga a los poderes públicos a garantizar infraestructuras y servicios básicos en el medio rural, promoviendo el desarrollo y progreso en condiciones de igualdad y evitando cualquier tipo de exclusión”.
“¿Defender lo rural cerrando camas, mientras se dedican 7,8 millones para la sanidad privada?”
Por todo ello, desde CGT Teruel llaman a reflexionar “sobre el trato que se está dando a lo público: cierres, precariedad, externalización y abandono. ¿Defender lo rural cerrando camas? ¿Reducir desigualdades dejando pueblos sin urgencias, sin ambulancias y sin médicos? Lo que vivimos en Teruel no es un problema estacional, es una condena estructural planificada y asumida desde las instituciones. La misma administración que anuncia medidas para reducir las listas de espera concierta servicios por 7,8 millones con la sanidad privada, sin reforzar los quirófanos ni el personal de los hospitales públicos de Teruel y Alcañiz.”
Además, recuerdan que durante los meses de verano la población de muchos pueblos del sur del país “puede multiplicarse hasta por siete. A esto se suma que la media de edad supera los 47 años, con un 24% de la población por encima de los 65 años, lo que implica una demanda sanitaria creciente y constante”, recalcan.
Finalmente, CGT Teruel hace un llamamiento a la ciudadanía “para que se sumen a las concentraciones convocadas por el personal sanitario, todos los días a las 12:00 horas, en la puerta del Hospital Obispo Polanco. Esto no va (solo) de derechos laborales. es la vida de toda la ciudadanía la que está en juego”, concluyen.
