Los sindicatos CGT, UGT y CCOO cargan contra una nueva decisión del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que consideran “un ataque directo a la Educación Social y a la calidad del sistema público de protección de menores”. Los tres sindicatos han expresado su rechazo “rotundo y unánime” a la orden promovida por el dirigente de Vox, mediante la cual “se abre la puerta a que las entidades concertadas” que gestionan la atención de personas menores de edad migrantes no acompañadas “puedan contratar personal sin la titulación específica de Educador o Educadora Social”.
La medida, que supone una interpretación unilateral de la cláusula relativa a los elementos personales de los acuerdos de acción concertada para la atención de estos menores bajo protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), permite, con carácter “excepcional y transitorio”, que las empresas adjudicatarias incorporen profesionales con otras titulaciones universitarias para cubrir puestos que hasta ahora exigían específicamente la de Educación Social.
En concreto, la orden admite titulaciones de Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía y Magisterio, tanto de Educación Infantil como de Primaria, siempre que las personas aspirantes acrediten una experiencia que se considere equivalente y que el puesto sea declarado de “difícil cobertura” después de un proceso en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
Una decisión que CGT, UGT y CCOO consideran “injustificable” y que, lejos de resolver las dificultades de contratación que puedan existir en el sector, “abre la puerta de par en par al intrusismo profesional”. Los sindicatos advierten de que esta interpretación “degrada la calidad de la atención socioeducativa” dirigida a menores especialmente vulnerables y antepone los intereses económicos de las empresas adjudicatarias a la profesionalización de los equipos y a la seguridad de los jóvenes tutelados.
La decisión del españolista Nolasco vuelve a situar en el centro del debate la política de gestión de los recursos de protección de menores migrantes del Gobierno de Aragón. En lugar de abordar los problemas estructurales que denuncian las plantillas, el ejecutivo trumpista PP y Vox, liderado por Jorge Azcón, opta por flexibilizar los requisitos profesionales, una fórmula que las organizaciones sindicales interpretan como “una vía para abaratar costes laborales a costa de la calidad del servicio”.
“Un insulto a la profesión de Educador Social y un regalo a las empresas”
Héctor García, de CGT, denuncia que la orden supone “un insulto a la profesión de Educador Social y un regalo a las empresas”. A su juicio, el Gobierno de Aragón está respondiendo a los problemas de cobertura de los puestos de trabajo por la vía más perjudicial para quienes desempeñan estas funciones y para los propios menores.
“En lugar de exigir ratios dignas y salarios, legaliza que se sustituya a Educadores Sociales por otros perfiles. Así se abarata la plantilla a costa de la calidad del servicio y de la seguridad de los menores”, advierte García.
El representante de CGT recuerda que llevan años denunciando el intrusismo profesional y la precariedad laboral en el sector y considera “especialmente grave” que ahora sea el propio Gobierno de Aragón quien institucionalice estas prácticas mediante una orden.
“Llevamos años denunciando el intrusismo y la precariedad, ahora el propio Gobierno lo institucionaliza”, señala. Por ello, exige “la retirada inmediata de esta interpretación” y que se respete la categoría profesional de Educación Social en los puestos que le corresponden.
Plantillas insuficientes, turnos con el mínimo personal y salarios de miseria
Desde UGT, Angélica Mazo también denuncia la gravedad de una medida que, en su opinión, “pretende presentar como excepcional una fórmula que puede terminar normalizando el intrusismo” y profundizando en la precariedad de un sector que ya trabaja en condiciones muy difíciles.
“Es una vergüenza. Mientras los Educadores Sociales trabajan con ratios insostenibles, turnos de noche y de día con el mínimo personal y salarios de miseria, el consejero permite que las empresas cubran nuestros puestos con otras titulaciones”, critica Mazo.
La representante sindical rechaza que la declaración de “difícil cobertura” pueda utilizarse como argumento para rebajar las exigencias profesionales y laborales. “Esto no es una solución excepcional: es la normalización del intrusismo profesional. No vamos a tolerar que se utilice la ‘difícil cobertura’ como excusa para precarizar aún más un sector ya al límite”, subraya.
UGT reclama plantillas suficientes de Educadoras y Educadores Sociales y un Convenio Aragonés digno, y señala directamente a las empresas adjudicatarias como las principales beneficiarias de esta modificación: “Esta medida solo beneficia a las empresas que buscan abaratar costes”.
Por su parte, Jesús Esteban, de CCOO, califica la orden como “un retroceso histórico en el reconocimiento de los profesionales de la Educación Social”. El sindicato considera que permitir que otras categorías profesionales accedan a funciones propias de Educadoras y Educadores Sociales supone abrir la puerta a la desprofesionalización de los recursos de atención y a una merma de la calidad del servicio.
“Los menores merecen profesionales formados específicamente en Educación Social”, reivindica Esteban, que exige también la retirada inmediata de la orden, el refuerzo real de las plantillas con más Educadores y Educadoras Sociales y el cumplimiento de la normativa que protege tanto a la profesión como a la infancia.
La crítica sindical pone el foco en una cuestión fundamental: la atención a menores bajo tutela pública requiere equipos profesionales suficientes y específicamente cualificados. La falta de personal, las condiciones laborales precarias o las dificultades para cubrir determinados puestos no pueden convertirse, advierten, “en una justificación para desdibujar las categorías profesionales ni para rebajar los requisitos de quienes trabajan directamente en el acompañamiento socioeducativo”.
Los sindicatos estudiarán acciones legales contra la orden de Nolasco
Ante esta situación, CGT, UGT y CCOO anuncian que estudiarán las vías legales disponibles “para combatir la orden impulsada por Alejandro Nolasco”. Las tres organizaciones reclaman al Gobierno de Aragón que rectifique “de inmediato” y retire “la interpretación unilateral” que permite a las entidades concertadas sustituir la titulación específica de Educación Social por otras titulaciones universitarias.
Asimismo, exigen que se garantice la exclusividad de la categoría de Educador o Educadora Social en los puestos de atención educativa directa y que se ponga fin a lo que consideran “una política de precarización y desprofesionalización” que lleva años deteriorando el sistema de protección de menores.
La posición de los tres sindicatos es inequívoca: los problemas de cobertura de las plantillas no se solucionan debilitando las garantías profesionales, sino mejorando las condiciones laborales, garantizando salarios dignos, estableciendo ratios adecuadas y reforzando los equipos con profesionales específicamente formados para desarrollar estas funciones.
Una exigencia que interpela directamente a Nolasco y a un Gobierno de Aragón que, mientras tiene bajo su responsabilidad la protección de menores especialmente vulnerables, pretende convertir la falta de personal en una puerta de entrada para la sustitución de profesionales cualificados por otros perfiles. Para CGT, UGT y CCOO, “no es una solución excepcional: es un paso más hacia la precarización de un servicio esencial y un beneficio para las empresas que lo gestionan”, concluyen.
