Izquierda Unida no apoya al Gobierno de Aragón en la convalidación del Decreto que establece un incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) y de la cuantía máxima de determinadas prestaciones que hoy se vota en las Cortes de Aragón. Optamos por la abstención porque no podemos estar en contra de lo propuesto pero tampoco a favor cuando lo planteado tiene una incidencia tan mínima y la política que se está llevando en la garantía de ingresos en nuestra Comunidad es tan decepcionante.
Este Decreto viene un año después de la aprobación de la Ley de la PACIMV y no contempla ni recoge las modificaciones y ajustes que necesita para mejorar la cobertura de nuestra renta mínima y que requería el espíritu de la ley que aprobamos en Aragón.
La realidad nos muestra que en la PACIMV no entra casi nadie, 53 en toda la Comunidad. Un ejemplo de la estrechez de miras con la que se planteó. Además, el Gobierno de Aragón no la ha adecuado a la aprobación definitiva del IMV que se hizo en enero. Ha habido tiempo para ello, pero las herramientas que planteamos para hacerlo no se han puesto en marcha, lo que demuestra que no hay voluntad política para ello.
Este Decreto solo incluye tres cuestiones. En primer lugar, la subida del 15% de la PACIMV durante tres meses para adecuarse al IMV. Un suelo que nos ha superado, indicando que la renta mínima de nuestra competencia es irrisoria y miserable. Esta subida afectará a 53 unidades de convivencia.
En segundo lugar, un incremento de hasta el 10% del importe anual de la renta garantizada por el IMV para el complemento de vivienda para tres meses, que ahora es de un 5%. Estamos hablando de cuantías con ese 10% que suponen una subida que oscila entre 24 euros para una persona que viva sola a 54 euros la más alta. Y, además, según los últimos datos, este complemento lo estaban recibiendo menos de 600 unidades familiares. Así que tampoco tendrá una alta incidencia. Poco dinero y pocos beneficiarios.
Por último, el Decreto incluye permitir que la ayuda de pobreza energética llegue a 300 euros al año. Algo que tampoco nos posibilitará ajustarla a los requisitos que permitirían el acceso de las familias a lo recogido en el artículo 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, Consumidor en riesgo de exclusión social como se aprobó en las Cortes a iniciativa de Izquierda Unida. Algo insuficiente cuando el precio de la luz casi se triplicó en marzo y ahora se mantiene casi duplicada en comparación con otros años, sin visos de que se reduzca. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, las familias de Aragón gastan casi 1.500 euros al año (750 € para electricidad, 300 € para gas, 285 € para combustibles líquidos y 124 €para agua).
Con todas estas cuestiones, permítanme que no aplauda ante lo que propone el cuatripartito aragonés. Porque no hay nada que celebrar y porque es todavía peor. Podían haber aprovechado este Decreto para mejorar y ajustar la cobertura de la Ayuda de Integración Familiar ya que, al hacerla incompatible con el complemento por hijo vinculado al IMV y que ha sustituido a la prestación por hijo a cargo, ha generado que las familias hayan disminuido en 140 euros su cobertura como media.
Deberíamos haber mejorado con el suelo del IMV la garantía de ingresos en nuestra Comunidad. Las familias ven que se reduce su cobertura y que se complica el acceso, para desespero de los servicios sociales que les atienden.
Hoy en nuestra Comunidad hay más maltrato institucional que nunca, complementos miserables que se gestionan de forma diferenciada aumentando la burocracia y convirtiendo en jungla lo que debiera haber sido un paraguas protector y ajustado a la realidad de la exclusión.
El tiempo pasa y nada les importa corregir y ajustar, nada se ha hecho para facilitar y acoger a más población que lo está pasando mal. Dice la consejera Broto que tiene a las personas vulnerables en su corazón pero más le valdría tenerlas en la cabeza y hacer lo que dice la ley que se haga, lo que hemos aprobado en estas Cortes para que se mejore y cumplir el papel que le corresponde para garantizar unos derechos sociales que, en esta cuestión, brillan por su ausencia.
