"¡No aceptaremos que las y los trabajadores paguemos la crisis una vez más!"

El sindicalismo alternativo de los pueblos ante la crisis del coronavirus ha difundido un comunicado conjunto en el que denuncian la precaria situación de los servicios públicos, "tras años de recortes de los gobiernos PP y PSOE", en el que califican las medidas del Gobierno de Sánchez como "insuficientes", y en el que proponen una serie de medidas sociales, laborales y sanitarias.

Los sindicatos alternativos de Euskal Herria, Galiza, Canarias, Catalunya, País Valencià, Illes Balears (Països Catalans), Andalucia, Asturies y Aragón ante las dimensiones que está adquiriendo la crisis por la pandemia del Covid-19 en el Estado español y en el mundo, han público un comunicado en el que denuncian la situación que se está viviendo en los servicios públicos, especialmente en los hospitales y las residencias de personas mayores.

Sostienen que esta situación de debe "a años de recortes de los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular que han tratado la atención médica y la prevención no como un derecho global sino como una mercancía generando enormes ganancias para las industrias farmacéuticas y de salud". En su opinión, esto demuestra que "el modelo económico imperante ha fracasado y se hace imprescindible avanzar hacia un modelo altenativo en el que la vida de las personas y su entorno se coloque en primer plano".

Los sindicatos firmantes se muestran muy críticos con las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, de PSOE y Unidas Podemos, que "sólo podemos calificar como insuficientes". "Por un lado han firmado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO que facilitará la flexibilidad laboral y los expedientes de regulación o ERTEs", y "por otro lado con la aplicación encubierto del artículo 155 de la constitución se han cargado de un plumazo el auto-gobierno profundizando, aun mas si cabe, en la recentralización del estado", denuncian.

Las organizaciones sindicales firmantes de este documento demandan al Gobierno español, "hoy mas que nunca", que los gastos militares y destinados a la monarquía "tienen que ir a la partida de gastos sociales" y que "lo que necesitamos son menos militares y mas personal profesional que cuiden la vida".

"Como sindicatos internacionalistas, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes confinadas en los campos de concentración de Lesbos, Libia, Turquía, Balcanes... y por supuesto la situación que se pudiese generar en pueblos ocupados como Palestina o el Sáhara Occidental", añaden en el manifiesto. Una vez confirmado que el coronavirus ha llegado a lugares como Lesbos y "viendo la situación de falta de atención médica e insalubridad, estos campos de concentración pueden convertirse en auténticos campos de exterminio", advierten.

Asismismo, subrayan que "las y los trabajadores no debemos pagar los efectos del brote de coronavirus en la economía global, con medidas como despidos en sectores como el turismo, el trabajo desde casa e incluso horarios de trabajo aún más flexibles". Por esto, instan a los gobiernos a que "tomen de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la salud de las y los trabajadores, así como la protección de sus derechos laborales".

Por todo ello reivindican que el Gobierno español declare "dejar al Estado en servicios mínimos mientras dure el confinamiento", porque, en su opinión, "no tiene sentido que tengamos que estar sin salir de nuestras casas pero que sin embargo las y los trabajadores nos expongamos yendo a trabajar".

También exigen que se garantice el 100% del salario para las y los trabajadores. "Una licencia que garantice el 100% del salario de las las retribuciones a los mismos que no pueden realizar teletrabajo. Esta licencia no puede quedar a expensas de la voluntad de las empresas ya que supondría dejar sin protección a los sectores mas precarizados". Esta medida, "de carácter general, la tiene que tomar la administración púbica y tiene que ser financiada por la patronal directamente o mediante impuestos".

En el manifiesto, piden que los servicios de prevención públicos de la salud publiquen "la lista exacta de las medidas de prevención que tienen que tomar las empresas y hacerlas cumplir". En caso de aplicación de ERTEs por parte de las empresas, demandan que se garantice el 100% del salario para las y los trabajadores, "tanto a plantilla directa como a personal subcontratado". Apuntan, que "se debe de garantizar ingresos económicos a trabajadoras o trabajadores autónomos que hayan visto suspendido su actividad laboral y reconocerles el derecho a recibir la prestación por desempleo".

Asimismo, sostienen que "se deben enviar a casa a trabajadores y trabajadoras de los grupos de riesgo que hayan enfermado o que según el protocolo haya que aislar, garantizando el sueldo hasta el 100%".

"No permitiremos ataques contra los derechos de la clase trabajadora con la excusa de la pandemia. Se deben de prohibir por ley los EREs y los despidos y se deben de blindar las pensiones. Cualquier ayuda pública a empresarios ha de conllevar la garantía del mantenimiento del empleo. Haremos frente a vacaciones o jornadas de trabajo impuestas, cambios en el horario laboral y similares fraudes que pudiese intentar la patronal", continúan.

Entre las medidas sanitarias, proponen la contratación de personal médico y de enfermería permanente, así como la creación de nuevas estructuras de salud públicas. "Dotación al 100% del material y los equipos necesarios de desinfección y protección, proporcionado por el estado gratuitamente a la población", añaden.

Entre las medidas sociales, reclaman la excepción de pagar hipotecas, alquileres, impuestos, agua, gas y luz para las personas que estén en situación de vulnerabilidad económica mientras dure la situación de excepción; así como moratorias sobre los procesos de desahucio. "Poner en marcha con las medidas de seguridad adecuadas servicios de obtención de comida, comedores y cobijo para las personas que no pueden tengan casa ni posibilidad de obtener alimentos. Garantizar lugares de protegidos para las mujeres que han padecido violencia machista. Garantizar documentación en regla a las personas sin papeles. Todos los derechos para todas las personas".

Por último, exigen que se legisle y se ponga en marcha, "de forma inmediata", la renta básica de ciudadanía.

El comunicado está firmado por la Coordinadora Obrera Sindical (COS) Països Catalans, Corriente Sindical d’Asturies (CSI), CUT Aragón CUT Galiza, ESK Euskal Herria, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical Canaria, Intersindical Valenciana, LAB sindikatua Euskal Herria, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), STEI Balears y STEILAS Euskal Herria,

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