Multan con 1.500 euros a Pablo Hijar, activista de Stop Desahucios Zaragoza, por "defender el derecho a la vivienda"

Tras conocerse la noticia las Plataformas aragonesas de la PAH / Stop Desahucios han hecho público un comunicado donde explican lo sucedido y rechazan la sanción contra su compañero y la criminalización de las plataformas de personas afectadas. Además, las redes sociales se han llenado de muestras solidarias con la etiqueta #X1500NoMeCallo.

Pablo Hijar, -activista de Stop Desahucios Zaragoza y candidato por Ganemos en la capital aragonesa.
Pablo Hijar, -activista de Stop Desahucios Zaragoza y candidato por Ganemos en la capital aragonesa.

Los hechos se remontan al 9 de abril, cuando activistas anti desahucios se desplazaron para realizar una protesta pacífica en las inmediaciones del domicilio del diputado del PP Eloy Suárez y frente a la sede del partido en Zaragoza. Las y los activistas fueron retenidos e identificados previamente en el Paseo de la Constitución por las unidades de la UIP.

Como consecuencia de aquella acción pacífica, la Delegación del Gobierno propone sanciones para 51 personas, de 200 euros para 50 de ellas y una de 1.500 euros dirigida a Pablo Hijar que sumaban en conjunto más de 10.000 euros. En paralelo, la fiscalía promovió la imputación también de Hijar por un delito de coacciones.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza decretó el sobreseimiento de las diligencias. Finalmente y en medio de una activa compaña de apoyo denominada #Los51deZaragoza, la Delegación del Gobierno dirigida por Gustavo Alcalde decide archivar los expedientes sancionadores de 50 personas, manteniendo una propuesta de multa de 1.500 euros a Pablo Hijar por "alteración del orden público" e “instigar” la convocatoria.

En este sentido, y tras conocerse la noticia de la multa impuesta a Hijar, las Plataformas aragonesas de la PAH / Stop Desahucios han hecho público un comunicado donde explican lo sucedido y rechazan la sanción contra su compañero y la criminalización de las plataformas de personas afectadas. Además, las redes sociales se han llenado de muestras solidarias con la etiqueta .

Comunicado de las Plataformas Aragonesas PAH / Stop Desahucios (Stop Desahucios Bajo Aragón; Stop Desahucios Cinco Villas; Stop Desahucios Huecha; Vivienda 15M Huesca; Stop Desahucios Jacetania; Stop Desahucios Ribera del Ebro; Stop Desahucios Tarazona; PAH Teruel; Stop Desahucios Zaragoza).- Rechazamos rotundamente la sanción contra Pablo Hijar y la criminalización de las plataformas de afectados

Era la primavera de 2013, la ILP -Iniciativa Legislativa Popular- por la moratoria de desahucios, la dación en pago y el alquiler social había llegado al parlamento con casi 1.500.000 de firmas de apoyo. Con anterioridad vivimos grandes manifestaciones el 16 de febrero en apoyo a las tres medidas de urgencia propuestas en la ILP, se mandaron también cartas a todos los diputados aragoneses del Partido Popular solicitando que escuchasen a las plataformas de afectados y apoyasen su propuesta. En Zaragoza se acudió incluso al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para interpelar mediante una carta abierta al concejal y diputado del Partido Popular Eloy Suárez. Nunca se obtuvo respuesta, nunca hubo ningún encuentro.

Fueron los días de la intervención de Ada Colau en el Parlamento y semanas trágicas que acumularon -justo antes del debate de la ILP- cinco suicidios de afectados por desalojos forzosos. Sin respuestas, con un Partido Popular que en solitario pretendía dar carpetazo a todas nuestras esperanzas, la PAH lanzó la campaña de escraches. Una movilización que pretendió trasladar la voz de las familias afectadas por la hipoteca directamente a los diputados mediante acciones pacíficas y directas de encuentro y señalamiento público. Ni las manifestaciones, ni las cartas, ni las comparecencias en plenos nacionales, autonómicos o locales parecieron tener efecto y se decidió apelar a la responsabilidad personal de cada diputado y diputada. #HayVidasEnJuego les explicábamos.

El 9 de abril, tras varios escraches en otras ciudades, en Zaragoza un grupo de unas 50 personas se unen para realizar un escrache al diputado Eloy Suárez. Lo hacen de forma pacífica acudiendo a las inmediaciones del céntrico domicilio del diputado. Previamente en Paseo Constitución son retenidos por unidades de la UIP de la Policía Nacional que proceden a la identificación una a una de todas las personas que participan en la acción. Finalmente el pequeño grupo logra llegar hasta su objetivo, y desde la acera de enfrente al portal del domicilio del diputado, distintas afectadas y afectados de Stop Desahucios Zaragoza, trasladaron sus mensajes y petición de apoyo ayudados por un megáfono. Eloy Suárez no apareció, de nuevo la callada por respuesta ante las demandas desesperadas de quienes esperaban una próxima fecha de desahucio. No respondió a la carta, no respondió en el pleno, no salió al encuentro de los afectados. Después del escrache, junto a cientos de ciudadanos, realizamos una concentración frente a la sede del Partido Popular en Gran Vía continuando con la exigencia de diálogo y apoyo a la ILP. El silencio continuó hasta que el Partido Popular rechaza definitivamente nuestras medidas y opta por una reforma parche que como la dura realidad demuestra no ha conseguido ni siquiera mitigar el fracaso colectivo que suponen los desalojos forzosos.

Como consecuencia de aquella acción pacífica, la Delegación del Gobierno decide proponer sanciones para 51 personas. De 200 euros para 50 de ellas y una de 1.500 euros dirigida a Pablo Hijar que sumaban en conjunto más de 10.000 euros. En paralelo, la fiscalía promovió la imputación también de Pablo Hijar por un delito de coacciones. Pese a las presiones del Gobierno -que trata de criminalizar nuestras acciones tildando a las plataformas de “nazis” o “etarras”- el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza decretó el sobreseimiento de las diligencias. Finalmente y en medio de una activa compaña de apoyo denominada #Los51deZaragoza, la Delegación del Gobierno que dirige Gustavo Alcalde decide archivar los expedientes sancionadores de 50 personas, manteniendo una propuesta de multa de 1.500 euros a Pablo Hijar por alteración del orden público e “instigar” la convocatoria.

La plataforma recurrió la sanción con un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, después de agotar la capacidad de oposición frente a la Delegación del Gobierno en Aragón. Ahora, después de casi dos años desde la realización del escrache, el Ministerio del Interior ratifica y hace firme la sanción que deberá pagarse antes del 20 de abril. El partido que sustenta al Gobierno continúa teniendo oídos únicamente para escuchar al sector financiero y continúa con su política de “palo y tente tieso”, cuando después de años de crisis ya se han superado las 500.000 ejecuciones hipotecarias a las que hay que sumar otros cientos de miles de desahucios por impago de rentas de alquiler o de viviendas ocupadas. Nuestra ciudad ha sido testigo en los últimos meses de la desesperación que causa la inacción del gobierno. Dos personas que esperaban el desahucio de sus viviendas de alquiler se suicidaron en nuestra ciudad en febrero y este mismo mes de marzo. Y no son las únicas, en ‎Antsoain‬ (Navarra), una mujer se quitaba la vida cuando Caja Laboral Kutxa le comunicó “que no era posible reestructurar su deuda”.

La campaña #Los51deZaragoza logró fondos suficientes para hacer frente a la multa en una muestra de solidaridad que le dio la vuelta a la situación. Stop Desahucios Zaragoza decidió con anterioridad ir al contencioso administrativo y ya se está trabajando en el mismo, así como en una campaña para apoyarlo.

Las plataformas aragonesas PAH / Stop Desahucios queremos transmitir todo nuestro apoyo a Pablo Hijar y a Stop Desahucios Zaragoza frente a la actitud hostil del partido de gobierno con respecto a las plataformas de afectados. Hoy como en 2013 seguimos denunciando el genocidio social al que asistimos, seguimos atónitos de ver como el problema lejos de solucionarse profundiza en su alcance a cada vez más sectores de la sociedad. El Partido Popular tiene la solución a los desalojos forzosos encima de la mesa. Dicha solución continúa estando en los tres puntos de mínimos contenidos en la ILP (moratoria, dación en pago y alquiler social), así como en nuestra propuesta de Decreto Aragonés de la Vivienda que apuesta por una normativa aragonesa que mediante la moratoria, el realojo y alquiler social evite los desahucios forzosos de vivienda habitual en Aragón. Hay vidas en juego, los derechos humanos no son negociables. Detengan la criminalización de las plataformas y legislen de una vez.

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