La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G considera que los planes de estímulo europeos Next Generation EU, “lejos de contribuir a la transición a modelos energéticos y climáticamente sostenibles basados en la sobriedad y en las tecnologías biocompatibles”, condicionan su acceso a un proceso de digitalización total de la economía y la sociedad.
Con motivo del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, que se celebra el jueves 24 de junio, las organizaciones que conforman la Coordinadora, entre ellas Ecologistas en Acción, exponen que dicho proceso se maquilla de 'verde y digital' pero “agrava la crisis ecosocial por estar en las antípodas de ser sostenible e inmaterial, no atendiendo a la salud de los seres vivos y el planeta”.
Según las organizaciones, en los últimos encuentros científicos sobre el 5G del Panel STOA, órgano oficial del Parlamento Europeo de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas, se cuestionaron los límites internacionales de exposición a radiofrecuencias de la autodenominada Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante (ICNIRP), al no atender a los efectos no térmicos ni a largo plazo. Por ello, en dichos encuentros se solicitó aplicar el principio de precaución, especialmente en el caso de las ondas milimétricas del 5G, por la falta de investigación en situaciones reales y en confluencia con el resto de radiofrecuencias.
La coordinadora se solidariza también con el reciente llamamiento de académicas y académicos de todo el estado Español a favor de una moratoria sobre el uso del reconocimiento facial (que se desarrollará exponencialmente con el 5G y la inteligencia artificial), por afectar no solo al ámbito de la privacidad sino fundamentalmente de la justicia social.
La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G celebra la actuación de diferentes ayuntamientos de varias comunidades autónomas que han aprobado solicitar una moratoria del despliegue del 5G para atender al principio de precaución y a criterios ecosociales.
En esta petición, entienden que los motivos para pedir la moratoria pasan por considerar que el despliegue de las redes del 5G no contempla el principio de precaución ni la evaluación ambiental, así como que exacerba el consumo energético y el cambio climático. También afirman las entidades firmantes "que la obsolescencia tecnológica introducida por el 5G multiplica el extractivismo minero de la industria digital y la basura electrónica y también que se crearán nuevas necesidades de esta misma tecnología, ahondando en la brecha social y digital".
También consideran que es una herramienta contaminante e insostenible y, por supuesto, uno de sus problemas es por los usos de vigilancia y control social de la tecnología 5G.
Las organizaciones implicadas recuerdan nuevamente el incumplimiento de la legalidad vigente en el despliegue del 5G señalado en 2019 por el Defensor del Pueblo, y solicitan una vez más a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que cumpla los requerimientos señalados por el propio Defensor: evaluación de impacto ambiental, aplicación del principio de precaución y creación de la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud.
