Miguel Milián e Ismael Nachit, los dos jóvenes que fueron detenidos tras las Marchas de la Dignidad, el pasado 22 de marzo, fueron puestos en libertad este viernes poco antes de las 21.00 horas después de más de dos meses en prisión. Miguel, de 21 años, fue detenido el mismo 22 de marzo, mientras que a Ismael le arrestaron el 4 de abril. Un nutrido grupo de personas acudió a acompañarles en su salida de la cárcel de Alcalá Meco.
Según fuentes jurídicas cercanas a los dos jóvenes, el juez habría aceptado el recurso de la defensa. En ambos casos se ha demostrado que hay un arriago familiar que hace injustificable el riesgo de fuga.
Los abogados recurrieron la prisión provisional con dos recursos. El caso fue elevado a la Audiencia de Madrid, que decretó una vista en la que los letrados argumentaron lo confuso del atestado, pues el propio juez instructor así lo reconocía también. El abogado de Ismael, Erlantz Ibarrondo, asegura que el ingreso en prisión se adoptó "por unas lesiones graves que luego se ha demostrado que no cometió". "Se le acusó de provocar unas lesiones graves a unos agentes, que no han quedado probadas", añade Ibarrondo.
En el caso de Miguel, tal y como recoge Público, Jesús Calpe, su letrado, explica que ha habido una desconexión entre el atestado y las declaraciones de la Policía, lo que hace presumir que se hacen acusaciones infundadas. El auto de la Audiencia que anula el ingreso en prisión habla de "unas fuentes de pruebas necesariamente subjetivas en cuanto a la autoría y las circunstancias confusas que rodean los hechos y la participación del acusado no dejan de ser un alivio de la prisión que pesa sobre el acusado". Las pruebas testificales de la policía no coinciden con la versión del atestado. Tal y como dice el auto, "el gravísimo hecho sucintamente expuesto en el atestado, y antes de producido, no se concreta en los testimonios ni en los vídeos" aportados a la causa, "ni consta el parte de sanidad del agente".
En un comunicado publicado esta semana, la plataforma denunciaba que las acusaciones son “como mínimo infundadas” y que no había “ningún motivo” para que los jóvenes continuaran en prisión.
