En fechas muy recientes, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado Español por permitir una ominosa inmatriculación de la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ICAR) en Palencia. En lectura aplicada de la sentencia internacional y en su fallo definitivo, el citado Tribunal pone en cuestión la legislación interna hipotecaria del Estado y la tacha de “arbitraria”, entre otros epítetos nada edificantes para la jurisprudencia de los tribunales españoles y de la falta de doctrina constitucional.
A juicio de la asociación Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL), "esta situación se volverá a reproducir a lo largo de los próximos meses con sentencias internacionales que volverán a dejar en evidencia a los poderes públicos del Estado por su dejación en el consentimiento de un privilegio entre legal y alegal, pero sin duda alguna inconstitucional, como han sido las vergonzantes inmatriculaciones de la Iglesia Católica española a tenor de la ya modificada en el año 2015, Ley Hipotecaria de 1946".
En el ámbito de Aragón, MHUEL "quiere agradecer al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza la ejecución plenaria de la moción sobre inmatriculaciones presentada por CHA el pasado 27 de mayo y aprobada con los votos a favor de CHA, ZEC, PSOE, más la abstención de Ciudadanos y la negativa del PP". “Una decisión que nos parece valiente en lo político y coherente con los compromisos adquiridos electoralmente”, afirman.
Para MHUEL, “debería servir de ejemplo la decisión tomada por el Gobierno de Zaragoza para que otras instituciones aragonesas se aplicaran en cumplir sus decisiones plenarias”. “Recordamos que en la Diputación de Zaragoza –continúan explicando-, a propuesta de CHA, existe una moción similar a la presentada en el Ayuntamiento de la capital aragonesa que fue aprobada de la que poco sabemos de su recorrido ejecutivo”.
Así mismo, “también recordamos que Podemos Aragón presentó una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón encaminada a recobrar la titularidad pública de la Catedral de Chaca y a elaborar un listado de bienes inmatriculados por las distintas diócesis aragonesas de la que tampoco tenemos noticias”.
“Por la información facilitada y a la que hemos tenido acceso, nos preocupa sobremanera el mutismo o silencio informativo del Gobierno de Aragón en esta cuestión”, señalan desde la asociación. “Es difícil de entender –por poner un ejemplo- que mociones presentadas por CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Diputación de Zaragoza y aprobadas en pleno, sufran de silencios administrativos por parte del Gobierno de Aragón, cuando CHA es socio con el PSOE en el mismo Gobierno que debería informar”, subrayan. Por ello, desde MHUEL solicitan “una reflexión profunda ante estos hechos”.
Además recuerdan que “el problema de las inmatriculaciones efectuadas por la ICAR es de alcance significativo y grave”, que podría ocasionar “alarma social” dada la posible magnitud del expolio ocasionado ante una más que probable “amnistía registral“, “consentida y amparada por el Estado para privilegiar a una corporación de derecho privado como es la Iglesia Católica”. Todo ello, “en flagrante incumplimiento del vigente marco constitucional y sin posible amparo ni asidero con los también ominosos acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español que restringen la soberanía nacional de la ciudadanía”.
La asociación MHUEL “agradece a todas las formaciones políticas” que están trabajando en revertir esta situación y se plantean en serio el alcance de este “trágico escándalo monumental“, pero también “recuerda –dicho con todo respeto y humildad-, que ha tenido que ser un movimiento social como el nuestro quien fuera a los registros de la propiedad para averiguar las primeras inmatriculaciones, denunciarlas y llevarlas a los medios de comunicación para que ahora nos encontremos en este punto político, institucional y social”.
