MHUEL: "Hemos asistido a un 'alarde' visual de autoritarismo por parte de la Delegación del Gobierno"

21 enero, 2014. 14:36
Zaragoza, 18 de enero de 2014. Foto: Diego Diaz
Zaragoza, 18 de enero de 2014. Foto: Diego Diaz

La asociación MHUEL afirma que ha seguido "muy de cerca las informaciones sobre los incidentes producidos este fin de semana en Zaragoza a raíz de la convocatoria del viernes día 17 de enero en apoyo a Gamonal". Esta asociación "adquirió en su día un compromiso ante la ciudadanía de velar por los derechos individuales y colectivos de todas las personas que quieren ejercer libremente sus derechos de libre expresión, concentración o manifestación que dimanan de la propia libertad de conciencia de cada individuo y que están adscritos en los marcos jurídicos internacionales", añade en un comunicado.

"Una vez más -continúa- hemos asistido a un 'alarde' visual de autoritarismo por parte de la Delegación del Gobierno 'alfombrando' de luces azules, sirenas y cascos el centro de la ciudad de Zaragoza en una demostración a la que habría que retrotraerse a los años 70 para encontrar similitudes parecidas. Observar cómo miembros de la Policía Nacional 'peinaban' el Paseo de la Independencia y aledaños en actitud intimidatoria identificando a las personas que por allí transitaban, no obedece a ningún parámetro de normalidad democrática".

MHUEL asegura saber "a ciencia cierta" que detrás de las protestas sobre Gamonal, "subyace la legítima reclamación de dignidad ante políticas y actitudes del todo inaceptables para una ciudadanía cada día más harta y cansada de ser el chivo expiatorio de los recortes de todo tipo y de la bajada a niveles de pobreza y desigualdad desconocidos desde hace décadas".

"Nos asombramos sin duda de los comentarios de ciertos cargos públicos del Partido Popular, que en su imaginario más rancio y retrógrado, siguen manifestando que las expresiones en la calle son cosas de gentes de la órbita proetarra, comunistas radicales o peligrosos antisistema; más valdría utilizar la inteligencia para tapar las propias miserias internas o para explorar realidades que parece que en nada les interesan", asevera la nota.

En este sentido, la asociación vuelve a pedir la dimisión o el cese de Gustavo Alcalde, "patética figura" de un delegado del Gobierno "muy cuestionado y que en su haber desde su nombramiento, sólo hay un cúmulo de despropósitos, actuaciones arbitrarias, identificaciones, sanciones administrativas y posiblemente ganas de hacer méritos ante no sabemos quién y por qué".

"Es nuestra obligación recordar a la sociedad aragonesa, que contra este actual delegado, recaen hasta cuatro sentencias en firme del TSJA por vulneración de derechos fundamentales constitucionales; pero ante los hechos, todo indica qué en vez de 'templar' su actitud y admitir errores, su apuesta definitiva, clara y contundente; es mostrar su autoridad hasta límites que observamos que cruzan ciertas líneas de no retorno aptos para una democracia activa y parcitipativa", subraya MHUEL.

"No sabemos muy bien si el actual delegado está haciendo una competición con su homóloga de Madrid en cuantía de identificados, multados o detenidos, o simplemente obedece a criterios temperamentales a la hora de enfocar los posibles problemas de seguridad ciudadana", apostilla el comunicado.

MHUEL "en todo momento y circunstancia" se ha expresado con "claridad y contundencia", y "jamás ha dudado en realizar las acciones pertinentes que a su juicio defendían los intereses de la mayoría haciéndolos propios y recíprocos, puesto que somos parte de la sociedad que escucha a amplias capas de la ciudadanía sin ninguna distinción".

Por todo lo expuesto, "seguimos animando a toda la ciudadanía para que se exprese pacíficamente y libremente con la consciencia absoluta que los derechos de este ejercicio, no pueden ser vulnerados por un poder que a estas alturas parece omnímodo; y recordamos cómo así lo hizo el Consejo de Europa a través de su Comisario de Derechos Humanos Nils Muiezkiens en su informe desfavorable sobre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español en el tratamiento a las personas que se manifiestan", concluyen.

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