Menos derechos y más machismo: ¿quién pagará el colapso de la justicia tras el confinamiento?

El Consejo General del Poder Judicial presentó el pasado 7 de abril el Plan de Choque para “evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma”, sin embargo, ya son varias las críticas recibidas de asociaciones, colegios, y otros organismos como el Consejo General de la Abogacía

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Foto: Pixabay.

Las medidas más cuestionadas son las relativas a la merma de las garantías y derechos procesales de quienes acudan a la justicia, algunas de ellas como denuncia la Asociación de Mujeres Juristas Themis, podrían poner en peligro la vida y la seguridad de menores y de mujeres víctimas de violencia machista.

Estas medidas podrían, para esta asociación, restar precisión a las resoluciones, suprimir vistas orales o el endurecimiento de los requisitos para recurrir lo que vetaría la posibilidad de corrección de resoluciones judiciales.

Una de las críticas que podemos encontrar tanto en asociaciones como esta o, incluso, en el Consejo de Colegios de la Abogacía de Aragón, es que pese a tratar de resolver un conflicto temporal, son modificaciones permanentes.

El mismo consejo asegura que “nada dice el Consejo General del Poder Judicial que vaya encaminado a reactivar el funcionamiento de la administración de justicia. Por el contrario, propone un extensísimo paquete de medidas, muchas de las cuales necesitan de reformas legislativas de calado, que no es momento de acometer”.

Para estas entidades el plan de choque no es “realista” con los problemas que aparecerán tras la reactivación de la justicia y lo que es más peligroso, las soluciones pasan por perjudicar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables.

“Es ilusorio pretender, en las actuales circunstancias y como por ensalmo, solucionar todos los problemas que la justicia arrastra desde años; y no es admisible pretender hacerlo con limitación de derechos y garantías”, asegura el Consejo de Colegios de la Abogacía de Aragón.

La asociación Themis ahonda en esta línea y denuncia que este plan además de no facilitar el trabajo en los tribunales carece de informe sobre el impacto de género que supondría pese a ser obligatorio según la Ley de igualdad 3/2007. Son muchas las cuestiones que afectan negativamente a las mujeres, tanto a las juristas como a las usuarias, como por ejemplo las relativas a la protección y reparto de estancias de menores, los procesos de separación o las medidas de conciliación laboral.

¿Dónde están las medidas de apoyo a las familias monomarentales?

El Consejo del Poder Judicial ha aprovechado la ocasión para introducir nuevos artículos para agilizar las peticiones de modificación de medidas económicas para reducir pensiones o compensaciones por visitas que no se han podido realizar por la crisis sanitaria. Una medida que como apunta Themis, ahondaría en el colapso de la administración de justicia “exhortando a litigar para disminuir la contribución económica de los progenitores, los padres en mayor medida, a las necesidades de sus hijos e hijas cualquiera que sea la afectación económica y su posibilidad de cobertura con las previsiones de ahorro que hay en cualquier familia, también aquella en la que los progenitores no conviven”.

Mientras que el plan de choque facilita a los padres para que interpongan demandas para rebajar las prestaciones económicas, ignora a las familias monomarentales afectadas por la crisis sanitaria. Ninguna de las medidas planteadas prioriza la tramitación de ejecuciones dinerarias por incumplimiento de prestaciones económicas en el ámbito de familia. En otras palabras, los padres tendrán más facilidades para no pagar y las madres más complicaciones para mantener a sus hijos e hijas.

Obligar a las mujeres a mediar con sus agresores

La “fe inquebrantable” del Plan de Choque en la solución de los conflictos a través de la mediación “choca” frontalmente con la realidad de la violencia machista. Así lo explica la asociación de mujeres juristas Themis que recuerda que muchas mujeres recurren a la separación o el divorcio como estrategia para alejarse de su agresor sin tener que denunciarle por violencia machista.

“La exigencia incondicionada de certificación de asistencia a proceso de mediación, puede afectar negativamente tanto al derecho a tutela judicial efectiva, como a otros derechos fundamentales vinculados”, señalan desde Themis que recuerdan que en la última macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de 2015, un 65 % de las mujeres que sufren violencia no denuncian por distintas causas (miedo al agresor y a que no la crean, vergüenza, necesidad económica, minimización del acto de violencia sufrido, rechazo a ocasionar algún mal a su pareja), por lo que si salen de la violencia es por vías distintas al proceso penal para el reconocimiento de esta violencia.

Los informes realizados por el Consejo General del Poder Judicial sobre muertes por violencia machista, afirman que el anuncio de la decisión de ruptura es el principal factor de riesgo detectado, en casos en que la violencia previa no había sido física, sino consistente en amenazas, más o menos veladas, y trato vejatorio.

Este factor ha sido detectado en un 25 % de las mujeres víctimas mortales: “Prolongar el proceso de adopción de acuerdos en diversas sesiones de mediación a lo largo del tiempo, con las tensiones inherentes a ello, sin posibilidad de interponer demanda o solicitud de medidas previas, va a incrementar este riesgo”, advierten desde Themis.

Asimismo, en el caso, no excepcional, de abandono económico, tal exigencia demorará la interposición de demanda, no devengándose esta obligación de abonar alimentos sino desde la fecha de interposición de tal demanda.

Medidas para procesos que no se han detenido

Para la asociación no tiene justificación la reforma del artículo relativo a las medidas de protección, custodia o reparto de estancias de menores dado que ya son una excepción en el Real Decreto del estado de alarma y no se han visto afectadas por la inactividad judicial. Las únicas visitas e intercambios que se han visto suspendidos, de acuerdo a los consejos del Ministerio de Igualdad, han sido los que se efectuaban a través de los puntos de encuentro familiar.

Más burocracia que no facilita el trabajo

Asimismo, el plan de choque propone la incorporación de una declaración responsable sobre la capacidad económica de quienes litigan y el documento sobre el ejercicio de las responsabilidades parentales en pleitos de familia como requisito de admisibilidad de las demandas de separación y divorcio.

Desde Themis recuerdan que la legislación de algunos territorios ya contemplan la obligación de aportar estos documentos y “se ha convertido en algo burocrático, ignorado por todos los intervinientes durante el procedimiento, causando retrasos por requerimientos en caso de omisión”. Para la asociación estos documentos solo sobrecargarían aún más el Juzgado: “Sabemos no se perseguirá de oficio que se incurra en falsedad en este declaración, en todo caso una declaración interesada de parte, y en el peor de los casos, tendrá que digerir como pueda la sentencia basada en esa declaración responsable, dudamos de la utilidad de esta exigencia que además puede dar lugar a indefensiones”.

Trabajar en agosto aunque hayas trabajado durante la cuarentena

Por último, estas asociaciones, colegios y organismos coinciden en señalar que declarar hábil el mes de agosto atenta a las necesidades de conciliación familiar y descanso de la abogacía y procuraduría, sobre todo porque precisamente son el sector de la justicia que ha continuado trabajando durante el confinamiento atendiendo asuntos y clientes. Cómo explican desde Themis, según la encuesta del Icam de 2018, un 27,5 % de las abogadas manifestaron que trabajan por cuenta propia por ser la única forma de conciliar obligaciones familiares y profesionales, frente al 12,1 % de los abogados en la misma situación.

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