Menores en protección del COA vuelven a sufrir situaciones de grave riesgo durante dos días seguidos

Según informa Educadores en Lucha, este martes fue necesario llamar a dotaciones policiales, bomberos y ambulancia de 061, mientras este miércoles ha sido de nuevo alertada la policía

La plantilla del COA mantiene la huelga desde el 1 de noviembre. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

En la noche del martes y en la mañana de este miércoles varios menores han sufrido situaciones de riesgo, llegando en algún momento a peligrar su integridad física. Así lo denuncia en un comunicado Educadores en Lucha explicando que en la jornada de ayer fue necesaria la presencia de numerosas patrullas policiales, bomberos y ambulancias del 061. Esta mañana se ha repetido una situación similar de nuevo con un menor solicitando la presencia de policía, que finalmente no ha intervenido.

Desde el colectivo, que lleva cerca de dos años en huelga, vienen denunciando públicamente la desprotección que vive el Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza. "A nuestro juicio, esta situación es responsabilidad del caos organizativo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la entidad catalana, Intress, que gestiona el centro desde octubre de 2015. El objetivo ha sido acabar con un colectivo de educadores sin tener en cuenta la repercusión en los menores. Compañeros veteranos de dilatada experiencia se han quedado en la calle, otros han abandonado sus puestos y otros tantos han estado temporalmente de baja por ansiedad y estrés. Pero las principales víctimas son los menores en protección cuya atención es precaria hasta el punto de peligrar su integridad física. Por otra parte, existen también numerosos menores que no protagonizan estas situaciones de riesgo pero tienen que convivir con ellas día a día en un centro a donde llegan para que la Administración en teoría les proteja", recalcan.

Las y los educadores del COA permanecen en huelga desde octubre de 2014 al comprobar que el nuevo concurso conllevaba un peligroso recorte económico que provocaba un grave perjuicio a la atención a los menores y una precarización en las condiciones laborales de las y los educadores. Durante todo este período sus reivindicaciones han sido muy simples, mantener las mismas condiciones de atención a las y los menores del anterior concurso (idéntico número de educadores por turno, no traspasar gastos básicos de los menores como salud, vestimenta o material escolar a la empresa privada...) e idénticas condiciones laborales para todo el equipo educativo (mismo sueldo y horas de trabajo). La única novedad era solicitar un maestro para todos aquellos niños y niñas escolarizadas que están en el centro y que por distintos motivos no pueden acudir a sus colegios. "Asimismo, tras las represalias de Intress, también hemos solicitado la reincorporación de los educadores veteranos que se han quedado en la calle", subrayan.

A este respecto, expresan: "Nuestras reivindicaciones son mínimas porque pedimos mantener la ya precarias condiciones que tenían menores y educadores. Pero es que estos menores lo que deberían tener en el centro es un aula de informática, un gimnasio, una sala de psicomotricidad, un psicólogo, una enfermera y otros profesionales necesarios. Resulta que los menores del Centro de Reforma de Juslibol sí disponen de este tipo de instalaciones y profesionales, ciertamente porque también los merecen. Lo que no sabemos es por qué no los tienen los menores en protección. ¿No interesan? ¿No dan votos? ¿Es normal que en nuestro centro tengamos dos ordenadores muy viejos sin conexión a internet para todos los menores y en las Cortes se pueda pagar el internet particular a los diputados".

Para Educadores en Lucha, "la principal responsabilidad de esta situación es de la consejera Broto y del director del IASS, Joaquín Santos, quienes han permitido que Intress gestione el centro con una desorganización, que se ha acentuado en los últimos meses cuando se ha desautorizado a los coordinadores veteranos del centro". En este sentido indican: "Es un descontrol, la entidad no presenta ningún proyecto educativo, pero sí que desea implantar turnos fijos para represaliar a educadores díscolos, suponemos que con el visto bueno del IASS. Al centro acuden numerosos profesionales nuevos sin ninguna experiencia en este tipo de recurso, ni ninguna formación por parte de Intress. Es un caos general que están pagando los menores y que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo sin que se le ponga freno de inmediato".

Tras sus últimas denuncias públicas, "el Gobierno de Aragón ha tratado de desacreditarlas culpando a los profesionales del COA, amparándose en la privacidad de los menores, tratando de normalizar las situaciones agresivas, incluso mintiendo, como el director del IASS quien llegó a manifestar públicamente a los medios que en Aragón todos los menores en protección disponían de plazas en centros adaptados a sus necesidades especiales", critican. De este modo aseguran que la pasada semana "fuentes del Gobierno de Lambán manifestaron que se había normalizado la situación en el COA al haber reforzado el personal de seguridad".

"Es vergonzoso que digan que todo está controlado porque hay dos compañeros de seguridad, a las pruebas nos remitimos de que esto no ha sido así. Esto es un problema estructural, ha sido la demolición de un proyecto y equipo educativo a conciencia por parte del IASS e Intress. No se cubren las necesidades de los menores con más personal de seguridad, sino con más educadores, profesionales especializados o herramientas educativas como las salas de informática y psicomotricidad. Esto los saben todos los profesionales que trabajan en el servicio de menores. Sin embargo, la excusa del IASS es que están muy preocupados porque tiene una comisión evaluativa de expertos desde mayo. Es vergonzoso que la consejera esté informada por nuestros escritos por registro desde que comenzó el año y digan que en mayo están evaluando unos expertos, que no se han puesto en contacto con ningún miembro del colectivo conformado por educadores de base que trabajan día a día en el centro", concluyen.

Cabe recordar que el pasado viernes, 29 de julio, los representantes laborales del equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) presentaron una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por “las irregularidades de Intress”, que gestiona el centro desde octubre de 2015.

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