Como en muchos otros sectores, la pandemia del COVID-19 “ha tenido un impacto muy negativo en la investigación, el cual ha sido especialmente grave en el caso de los y las investigadoras predoctorales, que tienen unos plazos muy estrictos para realizar sus investigaciones”, señalan desde el Personal Investigador en Formación de la Universidad de Zaragoza -PIF-.
Para compensar los retrasos sufridos, el gobierno del Estado español aprobó en marzo la posibilidad de que las distintas instituciones que convocan ayudas para este tipo de contratos aprobaran prórrogas de hasta 5 meses. “Tras la habilitación legal estatal, los Ministerios de Ciencia y Universidad publicaron prontamente sus normas de tramitación y las prórrogas de los contratos FPI y FPU llevan meses concediéndose. Sin embargo, los contratos financiados por los gobiernos autonómicos requerían de habilitación legal y del desarrollo normativo de los correspondientes procedimientos administrativos para su solicitud y concesión”, relatan las investigadoras.
En Aragón ha sido la Ley 5/2021, de 29 de junio, la que proporciona base jurídica para la prórroga de los contratos predoctorales financiados por la DGA, “pero aún no hay desarrollo administrativo, de modo que todavía no se están tramitando”.
“A pesar de que en junio los distintos centros de investigación, como la Universidad de Zaragoza o el CSIC, contactaron con estos investigadores, a instancias del Gobierno de Aragón, para estimar cuántas personas estarían interesadas en solicitar estas prórrogas, desde entonces no ha habido ninguna novedad al respecto”, por lo que, a juicio del Personal Investigador en Formación, “la situación es crítica para los 45 investigadores contratados en la convocatoria 2016-2020, especialmente maltratada desde el inicio pues fue publicada con más de un año de retraso. A menos de dos meses de que finalice su contrato y sin poder solicitar una prórroga a la que tienen derecho, se encuentran ante la tesitura de tener que elegir entre intentar acabar como puedan su tesis en el plazo que ahora mismo tienen vigente o replanificar su investigación contando con hasta 5 meses extra asumiendo el riesgo de que, si finalmente las prórrogas no llegan a tiempo, sean expulsados de su programa de doctorado sin haber podido completarla”.
“Apremia que el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón de una solución inmediata a esta situación insostenible para poder tramitar urgentemente las prórrogas de esta convocatoria. Un sistema que exige máxima eficiencia al personal investigador, deja de nuevo en la estacada a su eslabón más débil, perpetuando la precariedad hasta en situaciones extraordinarias. Los y las investigadoras predoctorales no son el futuro de la ciencia, son el presente y necesitan condiciones dignas”, concluyen.
