Matanza de Atocha: La Historia y la Verdad no prescriben

Hacía poco más de un año que el pequeño dictador se había marchado con el dios que le nombró caudillo. Los españoles caminábamos, aún inseguros, hacia las primeras elecciones legislativas a celebrar en junio de 1977. Franco murió, pero nos dejó a sus herederos, que continuaron ejecutando el terror fascista. Los Guerrilleros de Cristo Rey eran uno de ellos. Pistola en mano obligaban a quienes se les antojaba a cantar el cara al sol y a poner el brazo en alto. Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira, Luis Ramos, Alejandro Ruiz, Dolores González y Miguel Ángel Sarabia …

Monumento en Madrid dedicado a los abogados de Atoche. Fot: La Mancha Obrera
Monumento en Madrid dedicado a los abogados de Atoche. Fot: La Mancha Obrera
El asesinato de los abogados de Atocha, fue el colofón de una semana trágica que comenzó con la muerte, a manos de pistoleros fascistas, del estudiante Arturo Ruiz. Latente la legalización del PCE, los grupos de extrema derecha entraron en una espiral asesina. Monumento en Madrid dedicado a los abogados de Atocha. Foto: La Mancha Obrera

Hacía poco más de un año que el pequeño dictador se había marchado con el dios que le nombró caudillo. Los españoles caminábamos, aún inseguros, hacia las primeras elecciones legislativas a celebrar en junio de 1977.

Franco murió, pero nos dejó a sus herederos, que continuaron ejecutando el terror fascista. Los Guerrilleros de Cristo Rey eran uno de ellos. Pistola en mano obligaban a quienes se les antojaba a cantar el cara al sol y a poner el brazo en alto.

Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira, Luis Ramos, Alejandro Ruiz, Dolores González y Miguel Ángel Sarabia eran abogados. Ángel Rodríguez Leal era el administrativo del bufete laboralista del PCE, partido aún no legalizado, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.

El PCE promovió a partir de 1966, una serie de despachos de abogados laboralistas con la finalidad de asesorar y asistir jurídicamente a los trabajadores que lo necesitaran. Desempeñaban una función imprescindible de apoyo legal a la acción reivindicativa de los trabajadores. En principio actuaron así, y terminaron dando asistencia al movimiento ciudadano que acababa de nacer, por lo que los abogados se convirtieron además, en abogados de barrio que atendían de forma mayoritaria a asociaciones vecinales.

El trabajo que realizaban era colectivo. Todos los componentes del despacho, desde los abogados a los administrativos cobraban lo mismo y tomaban las decisiones de forma conjunta. Los únicos ingresos que percibían como fruto de su trabajo era el porcentaje sobre el resultado económico del juicio, si este era favorable al trabajador.

El 24 de enero de 1977, cuando faltaban quince minutos para las once de la noche, aún se encontraban trabajando en una reunión de coordinación de movimiento vecinal. De forma violenta irrumpió en el despacho un grupo de pistoleros fascistas componentes del “Comando Hugo Sosa” de la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A). Uno empuñaba una Browning 9 mm Parabellum, y el más joven una Star de 9 mm, modelo Super.

Pusieron contra la pared a los ocho abogados y al auxiliar y se desencadenó el terror de las balas a poco más de medio metro de distancia. Fueron tantos los disparos que al principio se creyó que utilizaban metralletas. José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá apretaron el gatillo, mientras Fernando Lerdo de Tejada vigilaba desde la puerta. Contaron con la complicidad de Leocadio Jiménez Caravaca que les facilitó las armas, y Gloria Herguedas, novia de Fernández Cerrá.

Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, y Ángel Rodríguez murieron en el acto. Francisco Javier Sauquillo y Serafín Holgado ingresaron con vida en el hospital, falleciendo al día siguiente. Luis Ramos, Alejandro Ruiz, Dolores González y Miguel Ángel Sarabia resultaron gravemente heridos, pero lograron sobrevivir. Dolores perdió a su marido, Javier Sauquillo, y al hijo que esperaba.

El objetivo inicial de los asesinos era el dirigente comunista Joaquín Navarro, sindicalista del sector del Transporte y principal promotor de la huelga de transporte que en aquellos días paralizaba Madrid enfrentándose a los intereses del sindicato vertical. Joaquín Navarro había estado toda la tarde en el despacho de Atocha organizando la huelga del transporte y se marchó hora y media antes de que llegaran los pistoleros.

La noticia de la matanza conmocionó a todo el país y la inseguridad sacudió a la clase política. Algunos de sus miembros llegaron a abandonar sus domicilios.

A pesar del temor de autoridades y grupos políticos, los abogados tuvieron un entierro multitudinario y sin incidentes. Decenas de miles de personas salieron a la calle para presenciar el paso de la comitiva fúnebre y protestar por el brutal asesinato de aquellos hombres que participaron en la lucha y la libertad.

Según la sentencia de febrero de 1980, la matanza de Atocha fue ordenada por el secretario provincial de Madrid del Sindicato vertical de Transportes, Francisco Albadalejo Corredera, como escarmiento a los “rojos” inspiradores de una huelga de transportes que perjudicaba al Sindicato. Fue condenado a 73 años de prisión. Siempre existió la sospecha de que la trama de criminales no se detenía en ese eslabón.

Fernández Cerrá fue condenado a 193 años de cárcel. Cumplió 15 años y consiguió la libertad condicional en 1992. Fernando Lerdo de Tejada no llegó a ser juzgado: antes de que comenzara el juicio, aprovechó un permiso de fin de semana para desaparecer. Se cree que se fugó a Brasil. El crimen prescribió en febrero de 1997.

Al igual que Cerrá, García Juliá (sobrino de una secretaria de Blas Piñar) fue condenado a 193 años de cárcel. Tras 14 años en prisión, consiguió la libertad condicional. Tuvo tiempo de fugarse a Bolivia antes de que se revocara el permiso que le concedió la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. Prófugo de la Justicia, aún le quedan por cumplir días de cárcel.

Cada 24 de enero, el número 55 de la calle Atocha se llena de flores en homenaje a los cinco abogados y militantes del PCE asesinados, para que el crimen no quede en el olvido. Una placa en la fachada recuerda a las víctimas de la matanza. Cerca de 30 pueblos de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, tienen un reconocimiento, a modo de un parque, una calle, una plaza, un monumento, dedicado a estas víctimas del terrorismo.

Por ellos, y por otros muchos, es hora de recordar. La historia y la Verdad no prescriben.

María Torres | Publicado en La Mancha Obrera

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