El acrónimo Masari se corresponde con los nombres de tres hermanos naturales de Uesca, aunque afincados en Madrid, Manuela, Santos (fallecido) y Ricardo Pérez Ballarín. Manuela es abogada y perito judicial inmobiliario, mientras Santos y Ricardo Pérez, notarios, compartieron despacho en el Paseo de Gracia barcelonés y en la calle Velázquez en Madrid, donde todavía ejerce como fedatario público Ricardo Isaías Pérez Ballarín, administrador único de Masari. La entidad societaria quedó constituida el 1 de abril de 1995 y cuenta con un capital social escriturado de 252.425,08 €.
La irrupción empresarial en Uesca de la constructora Masari Promociones y Obras SL no pudo ser más desafortunada, desafiante y premonitoria, adquirió a la Fundación Francisco Rin Martínez y escrituró en julio de 2000, el campo en el que se levanta la ermita de la Cofradía de Nuestra Señora de Jara, prácticamente reconstruida entonces con fondos aportados por la ciudadanía y ayudas institucionales. Masari valló el terreno, ubicado a 3,5 kilómetros de la ciudad, y pretendió impedir que se celebrara la tradicional romería que tiene lugar a principios de junio.
La reacción ciudadana fue clamorosa, el asunto llegó al juzgado en 2001 y a pesar de las quejas de la propiedad, Manuela Pérez era la consejera delegada entonces, más de mil personas con el alcalde Fernando Elboj a la cabeza y con la bendición judicial, concurrieron a la celebración popular en la ermita. Masari recurrió el derribo de la valla ordenado por el juzgado y reclamó la titularidad del edificio religioso que el Ayuntamiento llegó a declarar monumento de interés local, titularidad, huelga señalar, reivindicada a su vez por los cofrades. Se mantuvo vivo el litigio hasta llegar al Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Civil ratificó en enero de 2007 sentencias anteriores y confirmó la posesión de la ermita por parte de la cofradía. El vallado, aunque abierto, continúa cercando el terreno.
Luces de Bohemia, frenesí en los juzgados
Si el contencioso de Jara duró siete años el del edificio conocido como Luces de Bohemia, en el Coso Bajo 6, se prolongó hasta catorce. El inmueble, catalogado en el inventario municipal, fue adquirido por Hoteles Masari SL, en el año 2000, ya con escasos inquilinos, aunque con tres establecimientos comerciales abiertos al público en la planta calle. Hoteles Masari, empresa administrada por Ricardo Pérez Ballarín, es una filial de Masari Promociones, propietaria a su vez del edificio contiguo, el Coso Bajo 8, que forma parte de la misma y tortuosa operación inmobiliaria.
Hoteles solicitó ante el juzgado la declaración de ruina económica para el n°6, situación que se produce cuando el coste de las obras necesarias para su consolidación es superior al 50% del valor del mismo, y la obtuvo, pero el Ayuntamiento recurrió. Órdenes de desalojo, desahucios, decretos de alcaldía, contencioso administrativos, ejecuciones de sentencias, expedientes, requerimientos, peritajes, argucias judiciales sin límite… el monumental lío dio con la última inquilina en la calle, no sin antes denunciar a través de la prensa los métodos de la propiedad para acelerar la decrepitud del singular caserón: ventanas abiertas, cristales rotos, boquetes en la pared, tejas levantadas para que el agua de lluvia corriera a manta por la escalera… un sabotaje al edificio en toda regla.
En una de las numerosas sentencias el juez reprochó a Hoteles Masari el incumplimiento de las órdenes de conservación dictadas por el Ayuntamiento, pero también le afeó a este la conducta por no haber ejecutado las obras necesarias con carácter subsidiario. En agosto de 2007 se inició el derribo de los números 6 y 8 del Coso Bajo, tres años después se ordenó el inicio de una nueva edificación para eliminar el enorme agujero abierto en la principal arteria ciudadana, pero Hoteles Masari, enredada en recursos judiciales, desatendió los apremios municipales.
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentenció en marzo de 2011 que nunca debió dictaminarse la ruina de Luces de Bohemia, obtenida por "métodos arteros y fraudulentos" y por tanto el derribo, ya consumado, se revelaba de todo punto injustificable. Los inquilinos reclamaron indemnizaciones, y las obtuvieron solidariamente del Ayuntamiento y de Hoteles Masari, aunque fue el Concejo quien inicialmente se hizo cargo por incomparecencia de la empresa, y se inició un proceso de sustitución de la propiedad, saliendo a subasta el solar. Subasta que, tras proceloso discurrir administrativo, se sustanció en marzo de 2016.
La herencia del rentista Millaruelo
Amado Millaruelo Tolsa, fotógrafo, músico, coleccionista y por encima de todo rentista, falleció con 82 años en 1994 sin haber traído hijos al mundo, sin haber otorgado testamento y sin que su viuda y usufructuaria, Gloria Gari Larroy, conociera a ciencia cierta el alcance de las propiedades que debía administrar. No obstante, los hermanos Pérez Ballarín, que querían construir un gran hotel y un aparcamiento subterráneo en la plaza de San Pedro, a despecho de la protección patrimonial de la zona, sí tenían una idea precisa de las mismas y presionaron a la mujer, que vivía en el 2º piso de la travesía Cortés, edificio hoy ocupado, para que vendiera varias posesiones en el casco antiguo. Lo lograron en julio de 1998.
Seis sobrinos herederos legítimos de Millaruelo y Gari, se reunieron en la notaría de José Millaruelo Aparicio, pariente de Amado y presidente de Caja Rural del Duero, en su despacho de Medina del Campo (Valladolid), el 7 de julio de 1998 y allí firmaron la venta a favor de Masari Promociones y Obras SL de 5/6 partes de los inmuebles de travesía Cortés 1 y 3 (espacio donde se encuentra la artística verja obra del arquitecto Vicente Filló, 1888), calle San Salvador 1 (demolido en 2013), San Pedro 2 (en ruina y en el juzgado nº 5, con la posibilidad de conservación de la fachada), Las Mártires 4 (edificio ocupado) y plaza de los Fueros 3 (demolido en junio pasado), también varias hectáreas de suelo rústico en la partida Alguardia, en el entorno del municipio incorporado de Huerrios. La operación se rubricó con el pago de más de 2,2 millones de euros.
Gloria Gari, a través de una de sus sobrinas se reservó 1/6 de la propiedad como garantía de permanencia en su propia casa, una enorme estancia en el bloque en el que también vivió y pintó el artista Félix Lafuente (Uesca, 1865-1927), un inmueble para el que la asociación de vecinos Osce Biella ha solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural, frente al expediente de ruina que valora el Ayuntamiento.
Otro actor del negocio inmobiliario de la compra venta apareció poco más tarde interesado en la sexta parte a la que no había accedido Masari, se trató de la sociedad limitada Vieche, administrada por Carolina Coiduras y cuyo apoderado, y padre, Miguel Ángel Coiduras, había sido concejal del PP en el Ayuntamiento de Uesca. Vieche logro adquirir la codiciada participación que hubiera otorgado la propiedad única a Masari, quien ejerció su derecho de tanteo y retracto llevando el asunto a los tribunales, donde tras distintas y enmarañadas instancias hubo de pagar 360.000 € a Vieche, de acuerdo con el testimonio de Carolina Coiduras, haciéndose de este modo con el total de la propiedad que había sido escriturada en Valladolid.
Esta cantidad, que Masari se vio obligada a dejar inmovilizada en el juzgado como fianza, todavía aparece reflejada en el capítulo de activos financieros a título de depósito en las cuentas anuales de Promociones y Obras correspondientes a 2018, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, de acuerdo con su Boletín Oficial, BORME. En julio de 2007, cuando se dictó la última sentencia a favor de Vieche moría Gloria Gari en su casa de toda la vida, había cumplido 91 años.
Pero la vocación inversora de Masari en el casco antiguo no quedó saciada con las adquisiciones señaladas, en el año 2000 los hermanos Pérez Ballarín compraron el número 6 de la Costanilla de Sellán (expediente de ruina), los números 33 a 41 de Pedro IV (solares y ruina), calle Desengaño 31-33 (estado precario, abandono), Joaquín Costa 16 donde se ubica la oficina comercial de la firma, además de varias parcelas rurales en Loporzano, Arascués y Escarrilla.
Salvo la dirección comercial, los inmuebles urbanos propiedad de la firma constructora cuentan con expedientes municipales, numerosas sanciones, recursos sinnúmero, derribos por ruina… Masari solo se relaciona con el Ayuntamiento en los tribunales donde constan registrados al menos 23 asuntos abiertos entre procedimientos ordinarios, ejecutorias y apelaciones. Tampoco responde a los requerimientos de la prensa, de manera que no es posible obtener su punto de vista respecto a la tan insoportable como incomprensible situación.
Expedientes urbanísticos
Masari incumple reiteradamente las obligaciones contenidas en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón cuando señala que "los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística". De acuerdo con ello, "realizarán los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo".
Pero no solo la constructora sortea la ley, lo hace el propio Ayuntamiento, como se ha visto, "al que corresponde la tutela y policía de los edificios, vigilando su estado, evitando el deterioro y la ruina de los mismos para su mantenimiento en adecuadas condiciones de ornato y decoro". Entre 2007 y 2011 de gobierno municipal PSOE-PAR no hubo órdenes de ejecución. En 2014, cuando finalizaba el mandado del PP, Masari había acumulado 40 multas por desatender las órdenes de ejecución y tenía una deuda consolidada por esta causa de más de 100.000 €. En la actualidad, el PSOE tan exigente de transparencia en la oposición como opaco en el gobierno municipal, no ha querido facilitar el balance real de la empresa frente al Ayuntamiento.
Lo cierto es que el casco antiguo vive una incomprensible situación de abandono en materia urbanística, el propio Colegio de Arquitectos es propietario desde diciembre de 2004 de un solar en la calle Zarandia, donde tenía previsto construir su nueva sede colegial sin que hasta la fecha se haya realizado obra alguna, ni siquiera la protección de los restos arqueológicos medievales hallados en el mismo, que debían ser integrados y musealizados, y cuyo evidente deterioro producto de la intemperie y la dejadez hará inviable su conservación en un nuevo e incierto inmueble. Y con ser antiguo este problema el de Casa Vilas lo es más, otro solar que se remonta a 2004, consecuencia de la demolición de un edificio en la esquina de la Correría y el Coso Bajo. Así, más de una veintena de "rotos" salpican las calles de la zona histórica.
La Asociación de Vecinos Osce Biella exige al Ayuntamiento desde hace años, una acción decidida para frenar el deterioro ambiental y la degradación social y patrimonial del casco antiguo. La entidad asociativa recuerda el decreto estatal que otorga protección como conjunto histórico artístico a los barrios de la Catedral y San Pedro, pone de relieve el flagrante incumplimiento de leyes como la de Patrimonio aragonés, que señala cómo "en ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del bien de interés cultural", y esgrime el concepto de "conservación integrada" que protege las ciudades históricas y los barrios antiguos.
Una denominada Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Uesca ha unificado los esfuerzos conservacionistas de Osce Biella, la Federación de Barrios Osca XXI, la asociación cultural Colectivo Ciudadano y Apudepa. La Plataforma ha secundado la solicitud ante la Dirección General de Patrimonio de la declaración como BIC para el inmueble de travesía de Cortés 1, la conservación de la fachada en San Pedro 2, la preservación del conjunto del antiguo Seminario y se ha sumado a la legítima reclamación de una política municipal activa y efectiva para el mantenimiento de los edificios del casco cuyos propietarios objetan de sus obligaciones de decoro más elementales. La Plataforma no comprende la política municipal que se materializa en la expedición de certificados de ruina y se pregunta por qué el Ayuntamiento no utiliza las armas legales que le ofrece la legislación urbanística para proceder a la sustitución de la propiedad, como en el caso de Luces de Bohemia, o incluso a la expropiación forzosa.
Masari en concurso voluntario de acreedores
El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid dictó en abril de 2009 el procedimiento voluntario de acreedores nº 769, en virtud del cual no solo Masari Promociones y Obras SL pasaba a la situación concursal, sino también la empresa Sama Construcciones y Obras SL Sama, cuyo domicilio social en Madrid comparte con Masari, es una sociedad del mismo grupo dedicada a la adquisición, posesión, arriendo, etc., de bienes inmuebles, así como la construcción de los mismos por cuenta propia o de terceros, de acuerdo con el objeto social escriturado.
Se da la circunstancias de que el administrador único de Sama es Hoteles Masari, sociedad representada por Ricardo Pérez Ballarín, al igual que el mismo notario representa a efectos legales a Masari Promociones y Obras, aunque la totalidad del capital de esta sociedad esté en poder de su hermana, la abogada Manuela Pérez Ballarín.
Sama Construcciones y Obras SL levantó en 2000 dos bloques con un total de 48 viviendas de altas calidades en la confluencia de las calles Doña Sancha y Calatayud, de las cuales apenas una docena fueron vendidas, aunque los inquilinos, huyendo de los elevados gastos comunitarios y tras pasar por instancias judiciales, no llegaron a ocupar sus propiedades. Ambos inmuebles, los números 30 y 32 de Doña Sancha permanecen cerrados y las puertas clausuradas zafiamente con cadenas y candado. Solo en uno de los bloques las hipotecas suscritas por la constructora superaron los 2,2 millones de euros.
Muy cerca de estos fantasmales edificios, en la calle Cruz del Sur, se levantan otros dos grupos de 24 viviendas cada uno, los números 5 y 7, en este caso promovidos por Masari, de los cuales la mitad de las propiedades y los locales comerciales, permanecen vacíos e hipotecados desde el año 2000 por un importe de 3,4 millones de euros.
Todas la propiedades de Sama y de Masari, urbanas y rurales, están sujetas al concurso de acreedores, cuya junta fue convocada a través del Boletín Oficial del Estado de 26 de diciembre de 2012. El administrador concursal es el economista y abogado Pedro Bautista Martín Molina, un muy conocido profesional del ramo, cuyo despacho concursal fue investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional, en el caso de la trama Púnica, de acuerdo con distintas informaciones de prensa que también lo vinculan con polémicas adjudicaciones concursales.
"Es extraño –señala una economista y auditora de cuentas consultada a propósito de Masari y Sama–, estas empresas llevan muchos años en concurso de acreedores. El concurso tiene dos finalidades, liquidar la empresa en cuestión porque la continuidad es imposible, con ello consiguen quitas y aplazamientos para pagar a sus acreedores y sus deudas bancarias, o bien continuar con la actividad de la empresa y que se recupere de una mala época, para ello pactan con acreedores y bancos para facilitar el pago, pero siempre primando la continuidad de la actividad empresarial. El 90% de las veces el concurso sirve para liquidar la empresa en cuestión, en este caso es un poco raro que dure tanto tiempo porque además Masari tiene 6 millones en el balance en existencias, que serían los pisos que vende o alquila, pero el movimiento económico es inapreciable, es decir, la actividad de la empresa está prácticamente parada mientras las deudas son muy elevadas y a corto plazo".
"También hay que destacar –insiste la auditora– que están en concurso de acreedores voluntario. Una diferencia importante respecto al concurso de acreedores forzoso es que en el voluntario, los administradores de la empresa siguen teniendo el control sobre las decisiones de la sociedad, el administrador concursal solo supervisa las decisiones y vela porque sean correctas. En el concurso necesario o forzoso es el administrador concursal el que toma las decisiones; en este caso, al ser voluntario es Ricardo Pérez Ballarín, quien ejecuta y actúa como persona física con pleno dominio del grupo empresarial".
La actividad económica e inversora de los hermanos Pérez Ballarín en Uesca, su ciudad de nacimiento, constituye un arcano difícil de desentrañar, pero de lo que no cabe ninguna duda es de la irreversible pérdida patrimonial que sufre el casco histórico desde que el grupo Masari puso sus ojos y sus euros en la plaza de San Pedro y sus recoletas y maltratadas callejas del entorno. Un devastador misterio.
