La crisis económica se profundiza más y más en el Estado español. Y con ella se está abriendo una crisis política de cada vez mayores dimensiones. El gobierno del PP se encuentra este otoño con tres frentes abiertos: la demanda de un rescate económico para el conjunto del Estado, unas elecciones en Catalunya marcadas por el auge del independentismo y una nueva huelga general el 14 de noviembre. Una presión en todos los flancos: económico, político y social.
A nivel económico cada vez hay menos dudas de que el Estado español está siguiendo el camino de Grecia. La Unión Europea está en camino de rescatar el sistema bancario con una inyección que puede llegar hasta los 100.000 millones de euros. Pero esto es insuficiente. La enorme burbuja especulativa está colapsando y arrastra a los bancos hacia abajo. El sistema bancario tiene 307.000 millones de euros invertidos en el sistema inmobiliario, de los cuales un mínimo de 180.000 son 'tóxicos'.
La intervención del Estado para rescatar al sector privado (especialmente bancos) desde el inicio de la crisis ha provocado un fuerte incremento de la deuda pública. En un círculo vicioso, el pago de la deuda supone un peso cada vez mayor para las finanzas públicas; la recesión provoca que sea inviable cumplir los objetivos de déficit. Todo esto presiona para nuevos recortes y estos nuevos recortes deprimen aún más la economía (el FMI ha reconocido recientemente que cada recorte por valor del 1% del PIB conlleva que éste se reduzca entre el 0,9% y el 1,7%). El hundimiento es cada vez más claro: se calcula que este año la economía caerá entre el 1, 5% y el 2%. Y para el 2013 el FMI pronostica una bajada del 1,3%, sólo mejor que Grecia de todos los 188 países miembros de este organismo.
Con menos de un año en el gobierno, el PP acusa un desgaste creciente. Cada vez más sectores están criticando su gestión. Los presupuestos de 2013 y las previsiones económicas del gobierno no son creíbles para nadie. Incluso el FMI lo ha desautorizado, diciendo que con estos presupuestos se incumplirán los compromisos de déficit que marca la UE. El presidente Mariano Rajoy está posponiendo todo lo posible la demanda de un rescate total de la economía española para intentar regatear un 'mejor acuerdo', pero también porque sabe que el rescate significaría acelerar la ofensiva de recortes y perder mayor soberanía económica. Pero desde la patronal llevan semanas reclamando al gobierno que no tarde más en pedirlo.
Crisis institucional y cuestión nacional
Una idea que empieza a resonar con fuerza dentro de la izquierda en el Estado español es que hay una "crisis de régimen". Aunque el concepto es ambiguo y no hay fisuras dentro del Estado, es indudable que hay una creciente crisis del marco institucional consensuado en la salida del franquismo hace 35 años y del sistema de partidos que ha habido desde entonces.
Como en Grecia, los dos principales partidos están bajo una gran presión. El PSOE se ha hundido electoralmente, pagando su compromiso con la austeridad, y el PP acusa el desgaste. Su mayoría absoluta está siendo papel mojado a la hora de ofrecer estabilidad económica y política. Varios de los principales periódicos están pidiendo responsabilidad al PP y el PSOE para que lleguen a acuerdos y busquen el consenso. La clase dirigente quiere conseguir tener un espacio político 'de centro' fuerte, sin fisuras, para crear un discurso hegemónico en la situación actual y evitar salidas políticas más radicales por los extremos, como está ocurriendo en Grecia. Pero otra cosa es si lo evitarán.
La ofensiva retrógrada del PP también se está mostrando en un aumento de las leyes represivas para penalizar las movilizaciones y la desobediencia civil y con la propuesta de prohibir la difusión de las cargas policiales de los antidisturbios, que en los últimos meses se han endurecido considerablemente. Esta ofensiva represiva es una muestra de la debilidad política del gobierno: los argumentos no sirven, hace falta recurrir a la fuerza física para controlar la oposición. También es una muestra del temor a una escalada de la movilización social.
En el Estado español, uno de los aspectos específicos de la traslación de la crisis económica al plano político son las tensiones centro-periferia. La dinámica de la crisis está suponiendo una recentralización y la imposición de la austeridad de abajo hacia arriba: de la UE hacia Madrid y desde Madrid hacia las comunidades autónomas. Ocho comunidades autónomas han tenido que pedir el rescate a Madrid (entre ellas Catalunya, Valencia y Andalucía) debido a que no podían hacer frente a sus pagos de deuda. El valor de los rescates suma ya 17.500 millones de euros, prácticamente todo el fondo que se había reservado.
Esta crisis de las comunidades autónomas debido al empeoramiento económico se cruza con la cuestión nacional. El Estado español es un estado basado en la discriminación y no reconocimiento de las naciones vasca, catalana y gallega. La recentralización y la mala situación económica están haciendo que, en las nacionalidades, haya cada vez más sectores de la sociedad que buscan una alternativa en una salida de ‘España’.
No deja de ser significativo que las tres autonomías donde se celebran elecciones anticipadas este otoño son tres nacionalidades históricas. En las elecciones del pasado 21 de octubre en Euskadi, EH-Bildu, una formación amplia de la izquierda abertzale, obtuvo unos resultados históricos, siendo el segundo partido con un 25% de los votos. Esto le dará centralidad política y pondrá sobre la mesa la cuestión de la independencia tras el fin de la actividad armada de ETA.
En Galiza, en elecciones el mismo día, el PP ganó de nuevo con mayoría absoluta, a pesar de perder votos, debido a la caída en picado del PSOE. Pero Alternativa Galega de Esquerda, una coalición de la izquierda y defensora de los derechos nacionales de Galiza inspirada en la Syriza griega, logró el 14% de los votos, lo que indica un reforzamiento del espacio a la izquierda del social liberalismo.
El caso más acusado de planteamiento de una ruptura nacional se encuentra, sin embargo, en Catalunya. Esta comunidad autónoma, que es una de las más desarrolladas económicamente del Estado, ha sufrido tradicionalmente una falta de inversiones por parte del Estado (lo que se ha llamado "déficit fiscal", que podría llegar al 8% del PIB catalán). Crecientes sectores empresariales están defendiendo la idea de la independencia por motivos económicos. Pero al mismo tiempo mucha gente cree –aunque sea ilusoriamente– que una Catalunya independiente tendría más recursos y no debería hacer recortes. Esto se vio en la manifestación más grande de la historia de Catalunya la pasada Diada Nacional del once de septiembre, cuando salieron a las calles de Barcelona entre 1,5 y 2 millones de personas.
CiU, el partido de la derecha nacionalista catalana en el gobierno, ha aprovechado la situación para convocar elecciones anticipadas para el 25 de noviembre. Con un discurso que ha girado ambiguamente hacia el independentismo, intenta desviar la atención de los enormes recortes que ha hecho durante dos años y sacar unos buenos resultados electorales. En todo caso, más allá de CiU, se ha generado una dinámica propia que puede ser difícil de controlar por este partido. Una mayoría de la población catalana está a favor de la independencia y está en marcha la expectativa de movilizarse para conseguirlo.
El PP, el partido heredero del franquismo sociológico, está reaccionando al "frente catalán" con un españolismo rancio y con frases como la del ministro de educación que había que "españolizar a los alumnos catalanes" (¡justamente lo que intentó hacer Franco!). La ofensiva españolista se une a las necesidades de centralización económica y es un intento también de desviar la atención de la situación social.
Sin embargo, esta ofensiva no conseguirá frenar el auge del independentismo, todo lo contrario, es arrojar más gasolina al fuego. Se está poniendo en la agenda la perspectiva de ir hacia una ruptura con la Constitución y la "unidad española", que ha sido una de las esencias ideológicas del Estado. Romper con el Estado sería un golpe para la clase dirigente que debería aprovecharse desde la izquierda para hacer un fuerte avance en la lucha social.
Respuesta social
Y el otoño llega con un crecimiento de la protesta social. La respuesta a los recortes y la creciente insatisfacción con los partidos mayoritarios y la orientación de los dos principales sindicatos estalló en mayo de 2011 con el movimiento 15M. El 15M no ha conseguido mantenerse en el tiempo como un actor influyente, pero sí ha contribuido a cambiar el clima de movilización, y en los últimos cuatro meses –después de la exitosa huelga general de marzo– ha habido al menos tres protestas de gran impacto.
La primera ha sido la huelga indefinida en la minería, que duró dos meses, de finales de junio a finales de agosto. No ha logrado ganar debido a su aislamiento político y geográfico, pero ha tenido una respuesta de solidaridad que hacía tiempo que no se veía. Una marcha negra procedente de las cuencas mineras fue recibida por 150.000 personas a su llegada a Madrid. Pocos días después, ante el anuncio de nuevos recortes a los empleados públicos de esta ciudad, se llevaron a cabo combativas y espontáneas concentraciones y cortes de calles –una muestra de que la lucha (minera) puede ser inspiradora y contagiosa.
La segunda han sido los "asaltos a supermercados" de este verano protagonizados por el combativo Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT). Se trataba de acciones simbólicas en las que decenas de sindicalistas se llevaban carritos de la compra llenos para luego repartirlos entre personas en situación de pobreza, especialmente acusada en Andalucía. No era un intento de solución real sino más bien un toque de atención de la creciente cantidad de familias que tienen problemas para poder comer. Tras estas acciones, marchas multitudinarias del SAT recorrían las carreteras de Andalucía.
Y la última ha sido la convocatoria de "Rodea el Congreso". Convocadas a través de internet, decenas de miles de personas rodearon el Congreso de los Diputados en Madrid el 25 de septiembre con la voluntad de destituir al gobierno y de iniciar un proceso constituyente. A pesar de las cargas policiales, la protesta se repitió dos días más. Este "25S" recogía el espíritu del movimiento de los indignados, pero con una maduración política importante, haciendo hincapié no sólo en los bancos sino presionando directamente para echar al poder político.
Poco se puede dudar sobre que estas protestas han ejercido una presión sobre las cúpulas sindicales. Desde el inicio de la ofensiva de recortes en 2010, los sindicatos han respondido buscando un pacto social de aceptación de unos recortes limitados. Pero la dureza y la repetición constante de recortes por el gobierno del PP y la indignación que está provocando han llevado a que las direcciones sindicales estén cambiando ligeramente de orientación. Conscientes de su poca legitimidad social, y buscando canalizar el rechazo, han creado la Cumbre Social, que agrupa a 150 entidades y que convocó una gran manifestación en Madrid a mediados de septiembre.
Ahora han dado un paso más, convocando huelga general para el 14 de noviembre, un hecho inédito en las últimas tres décadas porque será la segunda huelga general en el mismo año y, además, coincidirá con una jornada de movilización en toda Europa y con huelgas en Portugal, Grecia, Italia, Malta y Chipre. Los sindicatos llaman a que el 14N debe ser más que "un paro laboral"; llaman a la huelga de consumidores y están dotando a la convocatoria de contenido político dirigido contra el gobierno, por haber incumplido todas las promesas electorales. Los sindicatos también están reclamando al gobierno un referéndum sobre los recortes, una propuesta positiva pero que no debería servir como sustituta de la movilización.
Desde la izquierda anticapitalista está el reto de saber conjugar consignas como "no pagar la deuda", que dan una alternativa a la lógica económica dominante, y promover una movilización continuada aprovechando las convocatorias de las direcciones sindicales de días puntuales de movilización, positivos pero insuficientes para detener los recortes y para tumbar al gobierno del PP. Al mismo tiempo hay que dar respuesta al auge del independentismo con una defensa consecuente del derecho de autodeterminación en todo el Estado que permita su ejercicio y que evite que el PP pueda usar el españolismo para esconder los recortes. Por último, hay que acelerar la confluencia de la izquierda combativa para proporcionar una respuesta también en el terreno político. Los excelentes resultados en las últimas elecciones en Euskadi y Galiza de las coaliciones de la izquierda que defienden los derechos sociales y nacionales muestran el espacio creciente que hay.
Joel Sans | Publicado en La Hiedra (En Lluita) | Para AraInfo
