El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este viernes, 13 de noviembre, a dos años de prisión a cuatro estudiantes saharauis por participar en una concentración de solidaridad con los presos políticos del grupo de Gdeim Izik. La sentencia llega un mes después de la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes contra una protesta de familiares de los presos saharauis en la capital marroquí.
Según informa Équipe Média, los condenados son Ibrahim Babait, Salah Eddine Sabbar, Hussein Chaihab y Mohamed Lamrabet, detenidos el pasado 12 de octubre durante la movilización celebrada frente a la sede de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR), en Rabat.
Las familias reclamaban una mejora de las condiciones de reclusión, atención médica adecuada y el respeto de los derechos fundamentales de sus allegados encarcelados. La protesta fue reprimida por las fuerzas de seguridad marroquíes, en una intervención que, según informó entonces Équipe Média, dejó varias personas heridas y seis detenidas.
Marruecos impide la entrada de dos observadoras internacionales al juicio
La jornada judicial estuvo marcada también por la prohibición de acceso al tribunal de Lola Travieso y Ruiz Sebastián, dos observadoras internacionales procedentes del Estado español, vinculadas a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) y a la abogacía española.
Ambas se habían desplazado hasta Rabat para asistir a la vista y supervisar el desarrollo del procedimiento. Sin embargo, las autoridades marroquíes les impidieron acceder al tribunal.
La decisión plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y el respeto de las garantías judiciales, especialmente en lo relativo al derecho a un juicio justo y a la observación internacional independiente de los procedimientos contra activistas saharauis.
Una nueva condena contra el activismo estudiantil saharaui
Entre los cuatro condenados se encuentran Ibrahim Babait y Salah Eddine Sabbar, dos estudiantes saharauis que ya habían sufrido anteriormente la represión judicial marroquí por su activismo.
Ambos recuperaron la libertad el pasado 5 de junio tras permanecer encarcelados en Agadir. Durante su reclusión en la prisión de Aït Melloul 1 iniciaron una huelga de hambre indefinida para denunciar las condiciones de encarcelamiento y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.
Posteriormente, en julio, el Tribunal de Apelación de Agadir ratificó otras condenas contra ambos y otros dos estudiantes saharauis en una sesión celebrada sin la presencia de sus abogados. La Liga para la Protección de los Presos Saharauis denunció entonces una vulneración del derecho a la defensa y acusó a las autoridades marroquíes de instrumentalizar los tribunales para perseguir el activismo estudiantil saharaui.
La nueva sentencia se suma a los procedimientos judiciales contra estudiantes y activistas que participan en movilizaciones de solidaridad con los presos políticos y en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Gdeim Izik, símbolo de la represión marroquí
La condena vuelve a situar el foco sobre los presos políticos de Gdeim Izik, encarcelados tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui levantado en 2010 a las afueras de El Aaiún ocupado.
En mayo de 2026, el Comité de la ONU contra la Tortura volvió a concluir que Marruecos había vulnerado los derechos de presos políticos saharauis vinculados a este campamento, documentando un “patrón constante de arrestos arbitrarios, confinamiento solitario y actos de tortura durante interrogatorios” y la utilización de confesiones obtenidas bajo coacción en procedimientos judiciales.
El organismo internacional advirtió de que estas vulneraciones no constituían hechos aislados, sino que apuntaban a un problema estructural en la gestión de los casos relacionados con Gdeim Izik por parte de Marruecos.
La condena de los cuatro estudiantes y la prohibición de acceso a las observadoras internacionales se producen en este contexto de denuncias sobre la represión política y la falta de garantías judiciales para la población saharaui, mientras el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización.
