Marlaska sigue sin reconocer haciendo caso omiso a las denuncias, y no querer reconocer no es sano en una democracia

Este jueves, volvieron a trasladar al ministro de Interior las medidas que distintas asociaciones y colectivos exigen para que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta la fecha no se están aplicando las recomendaciones de la OMS ni las medidas que el Consejo de Europa publicó con motivo de la pandemia.

Teruel
Fernando Grande-Marlaska. Foto: Congreso

Este jueves, 23 de abril, Marlaska como ministro de Interior compareció ante los portavoces de los grupos parlamentarios. A través de algunos de ellos, se ha trasladado al Ministro las medidas que distintas asociaciones y colectivos exigimos a Interior sobre el Covid-19 para que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad, ya que hasta la fecha no se están aplicando las recomendaciones de la OMS ni las medidas que el CPT del Consejo de Europa publicó con motivo de la pandemia.

También se han trasladado las denuncias sobre la inseguridad que está generando la interpretación restrictiva y aplicación arbitraria de la Ley Mordaza, así como la preocupación por la violencia con la que están actuando en algunos casos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones, pese a que no sea, y por fortuna, práctica extendida.

Marlaska sigue sin reconocer haciendo caso omiso a las denuncias que se le han trasladado, y no querer reconocer no es sano en una democracia. Aceptar la realidad que se ha denunciado hubiera sido asumir la voluntad de querer velar por la real seguridad de la ciudadanía y por los derechos de las personas privadas de libertad. Sólo así, reconociendo, se transforma, y sólo así se puede garantizar el respeto en igualdad de los Derechos Humanos.

Parece que desde el Gobierno se premia, se alardea, sobre que haya personas que están “empezando a cumplir condena” por poner en riesgo la salud pública… ¿qué mensaje se pretende enviar diciendo eso?

Mientras, en la realidad, en los últimos días se han publicado tres cifras distintas sobre el total de denuncias interpuestas en Aragón: 100.000, 82.000 y finalmente 15.000. Denuncias interpuestas por haberse “saltado el confinamiento”, haber puesto con ellos en peligro la salud pública y por tanto haber infringido el art. 7 del RD de Estado de Alarma. Articulado a través de la Ley Mordaza, art. 36.6, que sanciona la desobediencia a la autoridad o a sus agentes, lo que está generando inseguridad jurídica aunque tampoco se haya querido reconocer.

Este descuadre en las cifras sólo se entiende como consecuencia de la falta de transparencia y de control, porque de nuevo: “¿quién vigila al vigilante?”. Cuando el Gobierno delega en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la garantía de la Salud Pública, amparado bajo un escenario militar innecesario e inoportuno, se debe como mínimo vigilar y controlar con un plus extra a esos agentes de autoridad a los que se les está delegando semejante poder.

Sin embargo, y lejos de esa realidad, parece aceptable por parte del Gobierno que sean ellos mismos, los agentes de autoridad, quienes interpreten la Ley a su arbitrio, con la excusa de ser ellos quienes velan por nuestra Salud Pública. Esto sólo puede ocurrir en un estado policial y bajo una práctica punitiva de control social.

Y una vez más, en todo este contexto, se pervierte la palabra seguridad aunque acompañando en esa ocasión la salud pública como protagonista principal.

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