El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón ha presentado un análisis comparativo de los programas electorales de las principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones de Aragón del 8 de febrero de 2026. El informe concluye que existe "una clara polarización en torno al marco jurídico, institucional y social de los derechos LGTBI+", reflejando concepciones "profundamente divergentes" sobre el papel de las instituciones públicas en la protección de la diversidad sexual, familiar y de género.
El estudio identifica tres grandes bloques políticos. Por un lado, un bloque progresista —Podemos, CHA, PSOE e IU— que apuesta por "blindar y ampliar el marco legal existente", reforzando recursos públicos y estructuras institucionales específicas. En el extremo opuesto se sitúa Vox, que propone la derogación completa de la legislación LGTBIQA+ y de género vigente, calificándola de ideológica y divisiva. Entre ambos polos, PAR y PP mantienen una "postura de continuidad" del marco actual bajo principios generales de no discriminación, sin desarrollar políticas sectoriales específicas. El informe también destaca la "ausencia total de propuestas concretas" en el programa de SALF y la "ambigüedad" de Aragón Existe, cuyas menciones al colectivo "carecen de desarrollo operativo".
En materia sanitaria, el informe sostiene que las formaciones progresistas coinciden en ampliar derechos reproductivos, reforzar la atención específica y desarrollar políticas de salud sexual avanzadas, incluyendo la PrEP y la reducción de riesgos en contextos de chemsex. En educación, Podemos, CHA e IU defienden la incorporación obligatoria de contenidos de diversidad en todas las etapas educativas y protocolos contra la LGTBIfobia, mientras que Vox plantea retirar de las aulas cualquier actividad vinculada a lo que denomina “ideología de género”.
El informe subraya como elemento diferencial el reconocimiento del sexilio rural: la emigración forzada por discriminación sexual y de género. "Podemos y CHA son las únicas fuerzas que proponen políticas específicas para combatirlo mediante redes de apoyo en las 33 comarcas aragonesas", destaca el Observatorio. También se recogen propuestas en el ámbito laboral, deportivo y cultural, incluyendo cláusulas de diversidad en contratación pública, apoyo a clubes deportivos LGTBI y recuperación de la memoria histórica queer.
“La neutralidad institucional no existe cuando se cuestiona la protección de derechos fundamentales”
La portavoz del Observatorio, Marina Rodríguez, ha señalado que "la propuesta de crear una Dirección General LGTBI+ con autonomía política y presupuesto propio sitúa las políticas LGTBI+ en el mismo nivel que otros territorios y que la propia Administración General del Estado, lo que fortalece la arquitectura institucional que ya ha demostrado ser eficaz allí donde se ha implantado".
Rodríguez ha añadido que "cuando existen estructuras administrativas específicas, las políticas dejan de depender de la voluntad coyuntural de cada legislatura y se convierten en políticas públicas estables. Esa es la diferencia entre la retórica y la garantía real de derechos".
Por su parte, el presidente del Observatorio, Loren González, ha afirmado que "el informe evidencia que Aragón se enfrenta a una elección clara: avanzar en la consolidación de políticas públicas inclusivas o retroceder en derechos ya conquistados".
González ha subrayado que "la neutralidad institucional no existe cuando se cuestiona la protección de derechos fundamentales. La igualdad efectiva requiere voluntad política, recursos y estructuras administrativas estables. Sin eso, las leyes se convierten en papel mojado".
El Observatorio recuerda que la evaluación de programas electorales es "una herramienta de transparencia democrática" que permite a la ciudadanía conocer el impacto potencial de cada proyecto político sobre la igualdad real y la protección de los derechos humanos.
