El comité intercentros de SARGA (CCOO, CGT, CSIF, OSTA, UGT y SOA) recuerda que “de estos incendios, dos en concreto, los originados en Lledó y en Nonaspe han precisado de la ayuda de dispositivos de otros territorios, ya que el dispositivo de Aragón no está activado al 100%, lo que ha producido situaciones límite”.
“Este es el cuento de todos años. El Gobierno de Aragón no dispone de un dispositivo claro, recorta días de contratación a los puestos fijos de vigilancia y activa las cuadrillas para incendios forestales en función de criterios que no entendemos, lo que genera incertidumbre laboral, cambios de turnos y de horarios precipitados en el personal de extinción, etc., anulando cualquier principio de conciliación familiar, laboral, etc”, denuncian todos los sindicatos del comité.
Mientras en la mayoría del estado “las administraciones autonómicas tienen, o están desarrollando, un modelo de operativo de incendios y emergencias en el mundo rural, claro, estable, contratado todo el año y con reconocimiento de la categoría profesional (bomberas y bomberos forestales)”, en Aragón “el grueso de los y las profesionales que forman el INFOAR (Incendios Forestales de Aragón) y que han trabajado en la extinción de estos incendios, siguen contratados y contratadas como peones de la caza y la silvicultura, categoría que no les corresponde, sin saber si este año trabajaran 12 meses o si en septiembre, octubre o noviembre pasaran a las listas del paro en función de criterios técnicos injustificables a nuestro entender”.
Desde el comité intercentros de Sarga, denuncian esta situación y solicitan “a la Directora General de Gestión Forestal y al consejero de Medio Ambiente y Turismo que se reúnan con este comité y, entre todas las partes podamos definir que dispositivo de incendios requiere” nuestro país.
El colectivo de bomberas y bomberos forestales, junto al resto de personas que conforman el INFOAR y los servicios de emergencias, son fundamentales ante la desestacionalización de los incendios forestales y de otras situaciones de emergencias climáticas que afectan, de una manera u otra, a toda la sociedad aragonesa, y más intensamente a la población rural aragonesa.
El carácter esencial de estos trabajadores y trabajadoras: para salvar la vida de personas en situaciones de grave riesgo, cuidar nuestra naturaleza más preciada y proteger al conjunto de la ciudadanía aragonesa de la devastación producida por los incendios forestales, debe llevar al conjunto de la población aragonesa, por responsabilidad y empatía, a reclamar a la DGA unas condiciones laborales dignas para quienes velan por nuestra seguridad vital y ambiental.
