Los partidos políticos acuerdan un “insuficiente” Pacto de Estado contra las violencias machistas

A pesar del acuerdo logrado, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís y Ciudadanos, ya anunciaron que presentarán votos particulares que incluyan más medidas que sirvan para ratificar este “acuerdo de mínimos” durante la Comisión de Igualdad este viernes 28 de julio

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Protesta en Zaragoza contra la violencia machista y en recuerdo de las mujeres asesinadas. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

Este pasado lunes, todos los grupos parlamentarios del Congreso español aprobaron por unanimidad un Pacto de Estado contra las violencias machistas y que incluye 200 medidas y una dotación económica de 1.000 millones de euros en cinco años. En paralelo, el Senado español consensuó un paquete de 266 medidas (algunas, coincidentes con las del Congreso español) que también se someterán a estudio. Cabe recordar, que según el Observatorio Feminicidio.net, en lo que llevamos de año 62 mujeres han sido asesinadas por hombres.

Las líneas fundamentales que integran dicho pacto, tratan tanto la prevención como la sensibilización a través de la educación; la formación de la judicatura, profesionales de la sanidad, profesorado, policías, medios de comunicación; campañas de sensibilización y concienciación; asistencia y apoyo a las víctimas en todos los aspectos de sus vidas; búsqueda de una respuesta institucional coordinada en la que se interconecten los protocolos y las herramientas; cambios legislativos y judiciales "necesarios", como la modificación de la Ley 1/2004, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o del Código Civil.

Medidas concretas más importantes

Entre las medidas más destacadas se encuentran: no habrá custodia compartida para los padres maltratadores. Se prohibirán las visitas de los hijos e hijas a la cárcel en la que su progenitor cumpla condena y también se suprimirá el régimen de visitas.

Al mismo tiempo, las mujeres que todavía no hayan denunciado también serán consideradas víctimas y podrán recurrir a los recursos previstos para su caso. El texto obliga a que exista un refuerzo policial y asistencial, y las unidades especializadas en violencia machista prestarán atención 24 horas y 365 días al año, incluyendo a los hijos e hijas en las valoraciones del riesgo en cada caso.

Desaparecen los atenuantes, lo que significa que la admisión de haber maltratado a su pareja, reconocer el delito ante el tribunal o acceder a reparar el daño causado, dejarán de ser considerados atenuantes en los procesos judiciales.

Los centros médicos de urgencias y atención primaria contarán con protocolos de detección y una clave de seguimiento en las historias médicas. Para de esta forma poner énfasis en la detección. Los centros educativos, por otra parte, pondrán en marcha programas para la detección precoz de la violencia.

“Un acuerdo de mínimos” que resulta “insuficiente”

No obstante, y a pesar del acuerdo logrado, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís y Ciudadanos, ya anunciaron que presentarán votos particulares que incluyan más medidas que sirvan para ratificar este “acuerdo de mínimos” durante la Comisión de Igualdad este viernes 28 de julio.

La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, señaló que presentarán “una batería de votos particulares” ya que “no todas las demandas han quedado satisfechas en este pacto”.

Del mismo modo, su homónima en el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ángela Rodríguez, aseguró que el pacto es “insuficiente” porque carece de “cuestiones fundamentales” y adolece de un “enfoque feminista”.

"Este pacto es descafeinado en algunas cuestiones no solo por la capacidad que tiene de exigirle al Ejecutivo el cumplimiento de las medidas, no solo por la calendarización de estas medidas, no solo por la posible ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, sino por el enfoque", subrayó la portavoz de Igualdad del grupo confederal.

Para Rodríguez, también existen otros desacuerdos de carácter económico. “Para lograr la recuperación integral de las víctimas hay que garantizar su independencia económica. Algunas medidas como la garantía habitacional que han sido debatidas, pero no hemos conseguido que sean aprobadas de manera unánime”, aseguró.

Por su parte, Compromís presentará una serie de votos particulares para modificar el acuerdo. La formación reclama la creación de una ley marco que abarque todas las violencias machistas y que se garantice la contratación de personal especializado en este terreno en las administraciones locales. Asimismo, buscará que las indemnizaciones de las víctimas por violencia machista se equiparen a las que reciben las víctimas del terrorismo, una medida que ya ha sido incluida en el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista.

Patricia Reyes, responsable de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso español, destacó que su partido siempre ha tenido claro que la lucha contra la violencia machista debía acometerse de manera conjunta. Además, celebró que todos los grupos hayan llegado este lunes a "200 medidas de consenso" y con un compromiso económico de 1.000 millones de euros. "Nos parece que hoy es un día importante porque se ha conseguido que todos los grupos lleguen a un acuerdo", subrayó la responsable de Igualdad de la formación naranja.

Por otro lado, el Partido Feminista ha expresado mediante un comunicado su “absoluto rechazo” al Pacto de Estado. “Realmente resulta patético y ridículo que se tengan que reunir, durante siete meses, las diputadas de los partidos y 67 expertos para establecer unas medidas que corresponden más a un reglamento de aplicación de la ley, sin que hayan abordado siquiera la retirada de la custodia, la patria potestad y el régimen de visitas de los padres maltratadores" denuncia el Partido Feminista.

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