Los países de la OCDE acuerdan una reforma fiscal internacional lejos de ser histórica

La reforma fiscal está basada en dos pilares: redistribución de una parte de los derechos tributarios donde opera la empresa y el impuesto mínimo global

Imagen: Josh Appel (Unsplash).

Este jueves 1 de julio, 130 de los 139 estados que forman parte del Marco Inclusivo de la OCDE acordaron las grandes líneas de reforma encaminadas a cambiar el modelo tributación de las grandes multinacionales. Aunque este acuerdo pondrá una mayor presión sobre los paraísos fiscales más agresivos será a costa de los estados empobrecidos, porque los beneficios generados básicamente irán a los estados más ricos. Además, son muchas las fisuras que permitirían a algunas de las grandes multinacionales seguir utilizando los paraísos fiscales para eludir y evadir sus compromisos tributarios.

El primer pilar de la reforma consiste en redistribuir una pequeña parte de los beneficios globales de no más de 100 mega multinacionales entre los estados donde estas realizan sus ventas. El segundo pilar tiene como objetivo acordar un impuesto mínimo global para combatir los paraísos fiscales y la competencia fiscal.

Para Íñigo Macías responsable de fiscalidad de Oxfam “tal y como está diseñado, este acuerdo no corregirá las desigualdades entre los países ricos y pobres. Un acuerdo más justo habría permitido recuperar miles de millones en impuestos no pagados por las grandes corporaciones en todos los países. Sin embargo, tres cuartas partes de los recursos generados con el tipo mínimo al 15% acabarán en manos de los países del G7 y la Unión Europea. Por el contrario, los países en desarrollo, que representan más de un tercio de la población mundial, recibirán apenas el 3% de estos nuevos ingresos".

Para Oxfam Intermón, este acuerdo no supondrá el final de la competencia fiscal desleal ni de los paraísos fiscales. El tipo mínimo del 15%, inicialmente propuesto por los países del G7, “es muy poco ambicioso, y puede incluso ser el punto de partida para que otros países justifiquen recortar el tipo nominal en el Impuesto de Sociedades”, como ya empieza a plantarse en países como Dinamarca y Australia.

De acuerdo con las recientes estimaciones del Observatorio Europeo de Políticas Fiscales, con el impuesto mínimo el 15%, Estado español recaudaría 4.700 millones de euros menos que si el tipo mínimo estuviese en el 21%. Son muchos los estados empobrecidos que han pedido un tipo mínimo de, al menos, el 20%. El Panel de la ONU sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales (FACTI) incluso plantea que el nivel óptimo debería situarse entre el 20% y el 30%.

“Más allá de la escasa ambición y un injusto diseño en el tipo mínimo, el acuerdo abre el camino a múltiples excepciones que podrían beneficiar a sectores concretos como el de los servicios financieros regulados que quedarían fuera del acuerdo. Estas excepciones hacen que este acuerdo termine siendo tan útil como recoger agua con un balde lleno de agujeros”, añade Íñigo Macías.

En cuanto a la generación y redistribución de nuevos beneficios globales, el acuerdo también es también “muy insuficiente y limitado”, según apunta la entidad de Oxfam Intermón. “Apenas afectará a una pequeña proporción de los beneficios de las 100 empresas mayores corporaciones”, con márgenes de beneficios por encima del 10%. Con estos criterios, y salvo excepcionalidades, incluso empresas como Amazon podrían quedarse fuera.

Son muchos los estados que, como el español, se encuentran ahora mismo considerando diferentes alternativas sobre cómo hacer frente a la factura económica de la crisis provocada por la COVID-19. Sin embargo, este acuerdo “apenas da respuesta”, según Oxfam Intermón. “Aún queda lejos de la ambición necesaria para acabar con la era de los paraísos fiscales, la competencia fiscal desleal y de permitir una redistribución más equitativa de los derechos tributarios entre países”, señalan.

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