El pasado domingo día 15 de octubre se celebraron elecciones regionales en Venezuela. En los comicios se elegía quién gobernaría las 23 entidades federales que conforman el país. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) se impuso en 17 de los estados venezolanos obteniendo el 51,72% de los votos mientras que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido opositor a Maduro, con el 45% de las papeletas, tuvo que conformarse con la victoria en 6 regiones. Para el bloque de derechas, además, las elecciones supusieron un duro revés al perder uno de los estados donde está más arraigado -el Estado Miranda donde hasta la fecha gobernaba el famoso líder antichavista, Henrique Capriles- y al no alcanzar la mayoría en otros en los que se daba por hecho que ganaría.
Con todo, las elecciones que registraron un aumento de la participación del 61,14% con respecto a los anteriores comicios regionales, supusieron un avance de los partidos opositores. En 2012, la MUD solo se impuso en 3 estados y no superó los 4 millones de votos. Los 6 estados que gobernará el partido de derechas han sido obtenidos tras un aumento de sus votantes en 1 millón.
Mientras todo esto sucedía, en los grandes medios de comunicación del estado español se impuso el silencio. A la situación en Catalunya hay que añadir una clara voluntad de invisibilizar unas elecciones que fueron controladas por organismos internacionales que dieron por buenos y limpios los resultados. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y una misión de medio centenar de observadores venidos de distintos países europeos y americanos certificó que “el proceso electoral de estas regionales ha cumplido todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles a unos comicios: libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos –incluidos los de la oposición, que ha participado plenamente en todos los procedimientos–; derecho de voto universal, libre, secreto y directo; control de todas esas garantías mediante 15 auditorías de todas las fases del proceso y escrutinio –avaladas por los representantes, testigos e interventores de la oposición, que han suscrito las actas--, y plenas facilidades a los electores para ejercer el voto, incluida la asistencia a los votantes que lo requiriesen”.
Entre las personalidades del estado español que acompañaron a estos grupos de control se encontraban Javier Couso, europarlamentario de Izquierda Unida, Sara Vilà, senadora por En Comú Podem, Eva Solla, vicepresidenta segunda del Parlamento de Galicia por En Marea, y Carlos Enrique Bayo, periodista de Público.
Ni el aumento de la MUD -signo obvio de que las elecciones ofrecen posibilidades en la derecha- ni la monitorización internacional han servido para evitar las duras críticas a la legalidad de los comicios de los organismos internacionales y de los propios antichavistas que radican en Venezuela.
Según denuncia Javier Couso, ya antes de que se celebraran los comicios, la Unión Europea había sentenciado los resultados del 15 de octubre con un documento que circulaba entre los miembros del Parlamento Europeo. También, antes de las elecciones, se debatió en la Eurocámara sobre la posibilidad de imponer sanciones económicas a Venezuela. El presidente de este organismo sigue presionando aún después de las regionales para que los 28 países de la Unión impongan esas sanciones y afirma que las elecciones “no cambiarán la línea de acción de la UE”. Estados Unidos por su parte emitió un comunicado en el que afirmaba que las elecciones no habían sido libre ni justas.
De un modo menos ostentoso, la oposición al chavismo ha considerado que los resultados no están del todo claros y desconfía -aunque parezca extraño- de su propio aumento de votos en las urnas.
Según el Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN, detrás de la maniobra para desprestigiar unos resultados que el organismo considera netamente legales hay una clara intención: “Todo este proceso se inscribe en la estrategia ya dictada desde el Comando Sur de los EEUU para justificar su intervención directa en los asuntos de Venezuela. Vista la incapacidad de la oposición “del interior” para desalojar del poder a Maduro y acabar con el Chavismo, se confirma el cambio de fase a una intervención armada desde el exterior: el siguiente paso, para el que ya se están divulgando las matrices correspondientes, será la denuncia de una “crisis de refugiados” venezolanos, obviando que es precisamente Venezuela la que ha acogido a cinco millones de colombianos que huían de la violencia en su país.”
