Un tribunal puede condenar a pagar, pero no puede condenar a tener dinero. Localizar el botín de los corruptos depende de otras instancias de la Administración”, explica un veterano magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Pese a esas limitaciones, el trabajo de ese tribunal, que cierra el previamente desarrollado por la Policía, la Fiscalía y la Agencia Tributaria, va a posibilitar que una parte al menos del botín amasado por los principales implicados en las tramas que saquearon la plataforma logística Plaza y que convirtieron a la localidad de la estepa zaragoza en la capital estatal de la corrupción rural vuelva a convertirse en dinero público.
Eso ocurrirá mediante la ejecución de los decomisos practicados sobre la parte del patrimonio de varios de los condenados cuyo origen delictivo han logrado probar las investigaciones, aunque su aplicación está suponiendo uno más de esos episodios de lentitud del aparato judicial en la persecución y la represión de la corrupción que exasperan a la ciudadanía.
En la práctica, la Audiencia de Zaragoza lleva camino de hacerse, además de con 1,568 millones en efectivo cuyo destino natural es el Tesoro Público y con casi cuatro kilos de oro en lingotes, con una curiosa cartera inmobiliaria que incluye un chalet en Cádiz, otro en la República Dominicana, ocho pisos y un local en Zaragoza y, también, con dos viviendas, cinco garajes y tres trasteros en la Costa Dorada de Tarragona.
La Oficina de Recuperación de Activos
En cualquier caso, el trámite para ejecutar esos decomisos será largo, ya que el Supremo acaba de comunicar a las partes la presentación del recurso por parte de Anticorrupción, lo que, conociendo los ritmos de tramitación del Supremo, abre un horizonte de entre uno y dos años hasta que la Sala Segunda se pronuncie sobre ambos casos de corruoción.
La ejecución de esos comisos, como la del resto de inmuebles intervenidos y que serán utilizados para pagar las responsabilidades civiles, que son las indemnizaciones que los condenados deben pagar a las víctimas (instituciones en la mayoría de los casos), amenazaba con atascar el funcionamiento de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza.
Esta, sin embargo, tiene ya decidido recurrir a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un organismo del Ministerio de Justicia que se dedica a “realizar” (enajenar para transformarlos en dinero) los activos decomisados por orden judicial en el marco de investigaciones contra la delincuencia, principalmente en los casos de corrupción y de narcotráfico a gran escala, explicaron fuentes judiciales.
Este organismo logró en 2017, último año del que hay datos disponibles, unos ingresos de 6,2 millones de euros, casi dos tercios de ellos (3,9) en dinero en efectivo depositado en cuentas controladas por delincuentes de cuello blanco.
En cualquier caso, todos esos bienes decomisados e intervenidos tienen inscritas, en algunos casos desde el inicio de las pesquisas, en sus fichas registrales las prohibiciones de enajenación que impiden su venta. No obstante, explicaron las mismas fuentes, antes de poner en marcha la fase de “realización” es necesario comprobar si existen terceras personas, físicas o jurídicas, con derechos sobre esas propiedades, como puede ocurrir en el caso de que pesen sobre ellos hipotecas que han dejado de pagarse, de que figurasen como avales de créditos que se encuentran en ejecución o de que hubieran sido objeto de pignoración en algún negocio fallido.
En esos casos, sería necesario un nuevo pleito para aclarar si los acreedores, entidades financieras en la mayoría de los casos, son los nuevos dueños o si los tribunales tienen vía libre para activar la maquinaria que los convertiría de nuevo en dinero público.
Un botín confesado
En cualquier caso, y pese a las confesiones de algunos de los coruptos, como el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, o de Francisco Hernández, el dueño de la pequeña empresa de construcción que reformó el ático de su familia en Salou con cargo al erario público, la Audiencia tiene que esperar el visto bueno del Supremo a su sentencia, recurrida en este caso por la Fiscalía Anticorrupción por su disconformidad en la absolución los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría y del exviceconsejero de Obras Públicas y exconsejero delegado de la plataforma logística, Carlos Escó.
La resolución que los absuelve asegura que, aunque la Policía sostiene que una parte del patrimonio de Escó tiene “origen desconocido”, en ningún momento quedó probado que la fuente de ese dinero fuera su vinculación con la plataforma logística, que la facturación de Floría no tiene nada que ver con manejos oscuros y, en el caso de Iglesias, que la factura emitida en febrero de 2006 por la guardería de las hijas de García Becerril que lo incriminaba, de 58.000 euros por un informe sobre logística, fue considerada “correcta” y real por Hacienda tras regularizarla una década después. La absolución de Iglesias dio lugar a una situación chocante, como fue la absolución de Carolina García, una de las hijas de García Becerril, del delito de falsedad que ella misma había confesado previamente en su acuerdo con Anticorrupción por la emisión de esa factura.
Anticorrupción mantiene que esos tres acusados incurrieron, según el caso, en delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y/o prevaricación, por lo que la ejecución de los decomisos, que no afectan a ninguno de ellos y sí a algunos de los 22 acusados que confesaron sus fechorías a cambio de una reducción de las penas con la que solo dos deberán ingresar en prisión, deberá esperar a que el tribunal se pronuncia.
La situación es distinta en el caso de La Muela, donde el recurso ante el Supremo ha sido anunciado, aunque todavía no formalizado, por, entre otros, una de las principales afectadas por los decomisos, la exalcaldesa Mariví Pinilla, con lo que una eventual segunda absolución sí podría condicionar la ejecución de esas medidas pese a que el propio tribunal las ratificó en su primera sentencia, la que obligó a repetir el juicio para los nueve acusados que ni habían pactado sus condenas tras confesar ni habían sido absueltos.
Los lingotes de La Muela
¿Y de qué cifras hablamos dinero hablamos cuando hablamos de los mayores comisos de bienes “por provenir de los actos delictivos perpetrados” que se hayan decretado en Aragón? Su equivalencia en dinero es difícil de calcular; imposible, más bien, en estos momentos. Aunque sí se conoce, negro sobre blanco, de qué bienes se trata.
En el caso de La Muela, además del dinero en efectivo, fueron decomisados cuatro lingotes de oro de 995 gramos cada uno valorados inicialmente en 45.046 euros aunque el precio de ese metal (de 18 kilates de pureza) cotiza hoy a 43.750 el kilo, lo que significa que el precio se habría disparado de manera notable.
En la caja de seguridad en la que fueron intervenidos, abierta a nombre de Aranade, la sociedad que gestionó en urbanismo en esa localidad en los años de la burbuja, había también 500.800 euros en efectivo. El presidente de esa sociedad, Julián de Miguel, nunca dio una explicación convincente sobre su origen.
La cartera de decomisos inmobiliarios de la operación Molinos, vinculada a la exalcaldesa y su familia, incluye un chalet en la urbanización Sotogrande, en Cádiz; la finca conocida como Los Naranjos, en la República Dominicana, así como un local y ocho pisos adquiridos entre 2006 y 2008 en una serie de operaciones que la Agencia Tributaria cifra en más de 660.000 euros.
Pisos y garajes en Plaza
En el caso de Plaza, la lista de los afectados por los decomisos es más amplia. La encabeza García Becerril, a quien se le interviene el ático de Salou (54 metros cuadrados, 31 de terraza y casi 15 de trastero), comprado en 2005 por 103.340 euros, una nave de 1.762 en Plaza y algo más de 50.000 euros (13.146 de ellos de un viaje a Brasil).
Sin embargo, en el caso del exgerente de la empresa pública saqueada, la figura del comiso no se aplica a los 415.180 euros en metálico que la Policía intervino en su apartamento ni sus planes de pensiones ni sus fondos de inversión ni sus acciones de Bantierra, que se destinarán a pagar la responsabilidad civil, con prioridad para resarcir a Hacienda del fraude tributario que confesó a cambio de una reducción de la condena y por el que tiene pendiente una indemnización de 242.483.
El empresario Miguel Ángel Cantero también engrosará la cartera inmobiliaria de la Audiencia de Zaragoza con una vivienda, cinco plazas de garaje y dos trasteros ubicados en la localidad tarraconense de Montgroig del Camp, mientras que otros siete delincuentes confesos, entre ellos Nicolas Groeneveld, ejecutivo de la consultora que debía supervisar los trabajos de urbanización y construcción de la plataforma, o el autor de la reforma del ático de Salou, ven decomisados 1,068 millones de euros depositados en sus cuentas o intervenidos en sus domicilios y empresas.
Las excepciones y las ayudas
Tanto las sentencias de La Muela como la de Plaza dedican un amplio pasaje a explicar en qué consiste un decomiso y por qué se aplica en esos casos. Se trata, básicamente, de la intervención de los bienes y objetos (o de su valor) utilizados cometer un delito o fruto de este; es decir, de los instrumentos con los que opera el delincuente y del botín que obtiene con sus fechorías, una medida que el Código Penal extiende expresamente a “las dádivas, presentes o regalos” en “todos los casos” de cohecho y de tráfico de influencias.
Esa ‘pérdida’ hace que no puedan ser aplicados a pagar las multas e indemnizaciones a las que hayan sido condenados, cuya cobertura es imprescindible para poder acceder a beneficios penitenciarios.
No obstante, las sentencias también hacen diferenciaciones en el caso de Pinilla: consideran, siguiendo el relato de la Fiscalía, que adquirió las viviendas con “ilícitas ganancias o con fondos ilegalmente obtenidos” por “los favores prestados y prebendas conferidas”, y por eso se decomisan, mientras rechaza aplicar esa figura a “las joyas y lingotes de oro hallados en los registros”, ya que, aunque pudiera llegar a suponerse su procedencia ilícita, es lo cierto que tal extremo no ha podido ser acreditado, lo que hace que dichos bienes deban ser excluidos del comiso quedando sujetos a resultas de la causa”.
Es decir, que esas joyas y lingotes se destinarán a pagar las indemnizaciones, algo para lo que García Becerril ha tenido ayuda. Los 14,84 millones con los que, junto con Groeneveld, el exgerente de la UTE Acciona-MLN José María Jordán y Miguel Ángel P. C., debe indemnizar a Plaza los puso Acciona. Y otros 422.356 con el mismo beneficiario los aportó Urban Incentives, una sociedad de Manuel Colonques, uno de los dueños de Porcelanosa, que pagó un total de 636.380.
