En el auto del Juzgado de Uesca se comunica que “estimo la petición de medida cautelar formulada por la parte actora y acuerdo, en tanto recaiga sentencia firme en este proceso, la suspensión de actuaciones sobre los inmuebles cuya protección se solicita”, señala literalmente la parte dispositiva del auto dictado este pasado 6 de agosto por el magistrado-juez David Sampedro Ibáñez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Uesca, y recuerda que, como siempre, contra este acuerdo cabe la interposición de recurso de apelación.
El procedimiento contencioso administrativo instado por la entidad de utilidad pública Apudepa, amparada por la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, obedece a la denegación del Ayuntamiento por silencio administrativo, corregida en pleno fuera de plazo el pasado 3 de agosto, de la declaración como Monumentos de interés local para los inmuebles que conforman los dos patios históricos del conjunto monumental, inmuebles de los siglos XVI y XIX. La negativa municipal -del equipo de gobierno encabezado por Luis Felipe Serrate del PSOE- a la protección demandada, determinó a las entidades patrimonialistas la solicitud de intervención y protección judicial.
El auto, comunicado ya a las partes, recoge los argumentos de las demandantes en el sentido de que “debería adoptarse la medida cautelar de suspensión de cualquier actuación sobre el Seminario Conciliar de Uesca puesto que en caso contrario devendría en imposible el cumplimiento de una sentencia que reconociera la protección del mismo”. Además, señala el juez, “sumado a lo anterior, la propia medida en concreto no implicará un menoscabo en la política urbanística municipal inmediata dado que el propio Ayuntamiento expone que no tiene prevista actuación alguna a corto plazo”.
Por otra parte, el magistrado señala que “en atención a que ni solicitante ni oponente han propuesto qué cantidad concreta pueda constituir la garantía de los perjuicios que pueda irrogar la medida cautelar, no se acordará nada en este sentido”.
“Afortunadamente –señalan fuentes de la Plataforma–, no es preciso depositar cantidad ninguna para proseguir la demanda, lo que nos pondría en situación de clara desventaja con el Ayuntamiento que, con los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los que nos oponemos a su política urbanística, ya se ha gastado 10.000 € en una campaña propagandística construida con argumentos falaces que todos los estudios históricos, arqueológicos y arquitectónicos han desmontado desde hace mucho tiempo sin que Urbanismo los haya llegado a considerar en ningún momento”.
Para Apudepa y la Plataforma, la decisión judicial viene a “aliviar temporalmente la preocupación ante los planes de derribo de estancias fundamentales en el inmueble, como el patio del siglo XVI, en buena medida elemento central en la configuración del conjunto monumental”.
“Confiamos -prosigue la Plataforma- en que prevalecerá el Derecho y que las vigentes leyes de patrimonio servirán para proteger un conjunto histórico inexplicablemente amenazado por un equipo de gobierno municipal contumaz en el error y empecinado en no escuchar la voz de las asociaciones y entidades culturales”, concluyen.
