Los jueces ordenan a la Administración incluir en la convocatoria las plazas de los colegios privados concertados

La medida de tutela cautelar adoptada por los cinco magistrados queda supeditada a la resolución de los conciertos educativos por parte de la Consejera de Educación ya que la decisión del concierto no corresponde al Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación

Cabecera de la manifestación en favor de la escuela privada-concertada. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo, titulares de los juzgados número 1,2,3,4 y 5 de Zaragoza, han hecho públicos esta mañana sus respectivos autos referidos a la adopción de medidas cautelares solicitadas por ocho de los nueve colegios concertados, de carácter privado, pero subvencionados con dinero público.

Los centros privado-concertados han presentado recursos impugnando la resolución del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación que rectifica y varía la propuesta de plazas vacantes y su carga en la aplicación Gestión Integral en Red (GIR), en la que no aparecen, como unidades concertadas, algunas de las aulas de 1º de educación infantil que figuraban en el curso anterior.

Los magistrados ordenan a la Administración que incluya en la oferta de plazas las unidades excluidas de los ocho centros educativos y mantenga, durante el proceso de escolarización del curso 2017/2018, las mismas aulas y/o unidades de que se han dispuesto durante el curso anterior, dando la razón la desde los juzgados al Ministerio Fiscal y negándosela a la Administración que se oponía a la medida.

Esgrimen en sus autos que la adopción de estas medidas cautelares tiene vigencia hasta que se hayan resuelto, por parte de la Consejera de Educación, los conciertos educativos, y que esta decisión no corresponde al Servicio Provincial de Educación, sino a la Consejera del Departamento, quien todavía no ha adoptado resolución al respecto.

Los colegios privados sobre los que los magistrados han resuelto son Virgen de Guadalupe, La Salle Montemolín, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, Santa María del Pilar-Marianistas, Teresiano del Pilar, Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro y El Salvador-Jesuitas. Quedando pendiente de resolución el colegio San Gabriel de Zuera, cuyo recurso fue presentado el día 11 de abril.

El Departamento de Educación acata las medidas cautelares aunque no las comparte

El Departamento de Educación ha asegurado que acata las medidas cautelares que obligan a ofertar en el proceso de escolarización 8 aulas concertadas que habían sido modificadas en el proceso de renovación de conciertos, aunque no comparte la decisión judicial y mantiene que se ha actuado y actuará siguiendo el criterio de planificación.

“Los autos han aplicado una medida cautelar vinculada con la escolarización, no con la resolución de conciertos. Amparados en que hay una resolución provisional, señalan que hay que mantener las aulas que se venían ofertando. Son autos que vamos a cumplir. No estamos de acuerdo, aunque no nos sorprende por la rapidez inusual con la que se han producido”, ha explicado el secretario general técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci.

“Vamos a cumplir con esa medida cautelar, pero vamos a seguir aplicando el criterio de planificación en la resolución definitiva de renovación de conciertos porque consideramos que es el que garantiza una escolarización equilibrada y la igualdad de oportunidades y, además, hace sostenible el sistema educativo aragonés, que es la responsabilidad del Departamento y del Gobierno”, ha recordado.

Faci ha explicado que los centros podían haber presentado alegaciones a la resolución provisional de conciertos. “Y hemos recibido solo una alegación. Tienen de plazo hasta final de mes y revisaremos esas alegaciones. Es sorprendente que hayan ido por la vía de los juzgados antes de presentar alegaciones al Departamento”, ha señalado. Y ha reiterado que las decisiones se han tomado de acuerdo a la planificación educativa, que es el criterio más justo, más equilibrado y que garantiza la igualdad de oportunidades. “Seguiremos aplicando ese criterio”, ha aseverado. Y ha añadido: “Vamos a seguir por las vías en defensa de todos los ciudadanos de Aragón. Miramos al conjunto, no a una parte”.

El Departamento de Educación recuerda que el concierto educativo es un instrumento para financiar la educación y con ello garantizar su universalización y gratuidad, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo. Para ello, la planificación y programación de la enseñanza es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, la Administración educativa no puede garantizar la libertad de elección de centros a todas las familias aragonesas, porque de los 710 municipios de Aragón, solo en 20 de ellos existe oferta de pública y concertada. Por ello, la libertad de elección es un derecho limitado. No obstante, en aquellos municipios en los que sí exista oferta de centros públicos y concertados la libertad de elección requiere una planificación equilibrada de la oferta.

Faci ha recordado que la renovación de conciertos es un procedimiento administrativo, y como tal está sometido a la necesaria planificación porque tiene una repercusión presupuestaria. En este proceso hay que analizar si las circunstancias que motivaron el concierto hace 4 años se mantienen en la actualidad o si, por otra parte, han cambiado.

La supresión de un concierto es progresiva, de tal manera que no afecta a ningún alumno escolarizado en el centro. Es decir los alumnos matriculados en este curso escolar (2016/17) tienen garantizada su continuidad en el centro hasta la finalización de su escolarización en régimen de concierto,  quedando garantizada la gratuidad de su educación.

En aquellos municipios en los que haya oferta de plazas públicas y concertadas, las familias que vayan a pedir plaza en este próximo proceso de escolarización tienen garantizada la elección de centro (público o privado-concertado) porque hay una oferta equilibrada de plazas en centros públicos y concertados.

Por último ha recordado que el profesorado no se va a ver afectado por la no renovación de aulas concertadas, porque van a permanecer en el propio centro, para realizar desdobles, refuerzos, atención a los alumnos con necesidad de apoyo educativo, así como otras labores. Una medida que fue duramente criticada por el sindicato CGT que exigía el mismo trato con educadores de la escuela pública en interinidad.

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