Desde el Gobierno de Aragón señalan que el objetivo del acuerdo es “impulsar acciones que contribuyan a la reparación, dignificación y el reconocimiento de aquellas personas que fueron víctimas de la represión franquista a raíz del golpe militar de 1936”. El documento recoge un protocolo general de actuación entre los departamentos de ambos gobiernos “para desarrollar acciones que tengan por finalidad documentar, preservar, señalizar y contextualizar con rigor histórico las fosas que contienen los cuerpos de aquellos que perdieron la vida en el contexto señalado”.
El protocolo servirá también “para dar cobertura a las acciones que se impulsen para divulgar entre la ciudadanía el conocimiento de aquellos hechos históricos y de los análisis historiográficos que se han desarrollado, así como para colaborar en la transformación de los lugares donde se encuentran aquellas personas en espacios de memoria y reflexión crítica”.
Otra de las actuaciones incluidas es la relativa al establecimiento de las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para facilitar el acceso a los datos que tengan en su poder, que permitan identificar a víctimas de la Guerra de 1936 y la Dictadura franquista.
Asimismo, ambas consejeras anuncian que se trabajará para organizar exposiciones conjuntas, eventos, coloquios, o seminarios, relacionados con la Segunda República, la Guerra de 1936, la Dictadura franquista o la Transición, así como programas educativos y proyectos de investigación para el desarrollo de políticas de transmisión intergeneracional de la memoria.
Todas estas actuaciones se enmarcan en las respectivas políticas públicas de memoria democrática que desarrollan los gobiernos de Aragón y Nafarroa “en aplicación de la legislación aprobada por cada uno de sus parlamentos, de acuerdo con las disposiciones de derecho internacional sobre derechos humanos y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“La elevada coincidencia que existe entre ambas administraciones hace factible establecer un sistema de coordinación y colaboración entre ambos gobiernos, a través de un protocolo general de actuación, con el fin de, optimizando los recursos públicos, avanzar de manera conjunta en las políticas de localización, recuperación e identificación de restos de personas desaparecidas” durante la Guerra de 1936 y la Dictadura franquista “y demás actividades de difusión y promoción del patrimonio memorialista democrático”, aseguran desde la DGA.
