Los encausados vascos denuncian ante la AN el "anacronismo" de los macrojuicios

NAIZ.INFO | Alberto Pradilla | Los 36 ciudadanos vascos encausados en el macrojuicio contra la dirección de HB, EH y Batasuna han denunciado a las puertas de la Audiencia Nacional el "anacronismo" de este proceso. "Lo único razonable es la absolución", han remarcado junto a los jóvenes independentistas que también están siendo juzgados en el tribunal especial. Madrid.- En una misma semana casi 80 ciudadanos vascos son juzgados en la Audiencia Nacional española. El lunes eran 40 jóvenes independentistas los que se sentaban en el banquillo de los acusados y se enfrentaban a un proceso en el que se solicitan …

Karmelo Landa hace declaraciones a las puertas de la Audiencia Nacional. Foto: Marta Jara
Karmelo Landa hace declaraciones a las puertas de la Audiencia Nacional. Foto: Marta Jara
Karmelo Landa hace declaraciones a las puertas de la Audiencia Nacional. Foto: Marta Jara

NAIZ.INFO | Alberto Pradilla | Los 36 ciudadanos vascos encausados en el macrojuicio contra la dirección de HB, EH y Batasuna han denunciado a las puertas de la Audiencia Nacional el "anacronismo" de este proceso. "Lo único razonable es la absolución", han remarcado junto a los jóvenes independentistas que también están siendo juzgados en el tribunal especial.

Madrid.- En una misma semana casi 80 ciudadanos vascos son juzgados en la Audiencia Nacional española. El lunes eran 40 jóvenes independentistas los que se sentaban en el banquillo de los acusados y se enfrentaban a un proceso en el que se solicitan seis años de prisión contra ellos. La mayoría defendió su militancia política y denunció los malos tratos sufridos en comisaría durante la incomunicación.

En la jornada de hoy otros 36 ciudadanos vascos han viajado a Madrid para ser juzgados en este tribunal de excepción. La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a los encausados en el sumario 35/02, instruido por el juez Baltasar Garzón a partir de 2002 contra la dirección de HB, EH y Batasuna junto al embargo de 75 "herriko tabernas".

Entre los 36 imputados se encuentran Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para los que la Fiscalía pide doce años de cárcel. El fiscal Vicente González Mota solicita diez años de prisión para otros veinte imputados por un delito de "integración en ETA"; Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi. Y 8 años para José Luis Franco, Maite Amezaga, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Rubén Andrés, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.

La vista arranca hoy en la Audiencia Nacional española con la presencia obligada también, junto a los 36 imputados, de más de un centenar de representantes de herriko tabernak.

La única sentencia de justicia es la absolución

"La única sentencia de justicia es la absolución". Esta es la idea principal lanzada por Karmelo Landa en nombre de los 36 imputados en la causa contra la dirección de HB, EH y Batasuna a las puertas de la Audiencia Nacional española, que se encuentran ya en la sede del tribunal de excepción en San Fernando de Henares (Madrid). Junto a ellos, los administradores de 110 herriko tabernas, que tienen que comparecer también en calidad de responsables civiles.

A las puertas del tribunal especial, los enjuiciados, junto con los jóvenes independentistas que también son juzgados en la Audiencia Nacional, han realizados declaraciones conjuntas donde han denunciado el "anacronismo" de ambos procesos.

"Alguien tendrá que explicar la inusitada intensidad de este tipo de juicios esta semana", ha reclamado Landa, en recuerdo también del macroproceso contra el movimiento juvenil vasco, que esta semana ha celebrado tres sesiones.

"En 2009 la ONU dijo que estos casos en los que hay actividad política legítima, no hay reproche penal", ha argumentado, para recordar que ayer mismo, la plataforma Sumario 35/02 compareció ante el parlamento de Gasteiz para explicar el informe elaborado por un grupo de expertos que revela la "naturaleza política" del juicio.

Antes de abordar las cuestiones jurídicas, el portavoz de los imputados ha tenido un recuerdo para Jon Idigoras, histórico militante abertzale que también estuvo encausado por Baltasar Garzón en este mismo procedimiento hasta su fallecimiento en 2005.

"Hay un elemento tramposo, se intenta infiltrar la ley de partidos en el ámbito penal", ha denunciado Landa. Cabe recordar que esta normativa, aprobada en 2002 tras el "pacto por las libertades y contra el terrorismo" firmado por PP y PSOE, constituye una ley "ad hoc" utilizada para ilegalizar Batasuna pero no se inserta dentro del código penal.

"El único elemento de prueba son las declaraciones de policías que, por arte de magia, se convierten en peritos científicos", ha remarcado Landa, que ha calificado el proceso de "anacronismo", destacando que 18 de los 36 acusados ostentaron cargos públicos. "Da la impresión de que el Gobierno del PP no ha asimilado que la izquierda abertzale es legal. Queremos volver a Euskal Herria para seguir trabajando por el proceso de paz", ha sentenciado. Landa y el resto de los acusados han sido acompañados en los exteriores de la Audiencia por Xabier Mikel Errekondo, Maite Ariztegi y Jon Iñarritu, diputados de Amaiur.

Sumario abierto en 2002

El macrosumario 35/02 se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 herriko tabernas y su administración judicial. El 20 de agosto de 2002, el juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna argumentando "la integración aparente de ésta en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin".

Días más tarde, el 26 de agosto, el mismo juez emite un auto en el que decretaba la suspensión de todas las actividades de Batasuna.

El 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo español dictó sentencia declarando ilegales los tres partidos políticos independentistas. Asimismo, ordenó la cancelación de sus respectivas inscripciones cursadas en el Registro de Partidos Políticos, decretó el cese inmediato de todas las actividades que realizaran esas formaciones y requirió proceder a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de las mismas.

Tras casi seis años de instrucción, Garzón concluyó el sumario en abril de 2008, procesando a un total de 41 militantes de la izquierda abertzale.

A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA.

"Si de algo podemos estar orgullosos los españoles es de la justicia", dice Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estuvo ayer en Iruñea, donde negó la existencia de "juicios políticos" en el Estado español al afirmar que las decisiones judiciales "corresponden directamente a los jueces y lo que tenemos que hacer el poder Ejecutivo es respetarlas y acatarlas".

El ministro se mostró convencido de que "si de algo podemos estar orgullosos los españoles es del funcionamiento de nuestra justicia. Si de algo podemos estar seguros todos los españoles es que en España la justicia lo único que hace es aplicar la ley que democráticamente aprobamos a través de nuestros representantes".

Gallardón se refirió así a las cuestiones planteadas por los periodistas respecto a los macrojuicios contra la izquierda abertzale y la juventud independentista antes de inaugurar en Iruñea la III Conferencia de Presidentes de Tribunales Regionales de Justicia de Europa. "El Poder Judicial es independiente en este país", sentenció el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner.

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