Una de las noticias agradables del verano es que el Tribunal Constitucional ha restituido casi en su totalidad la Ley de Actualización de Derechos Históricos, una rara avis de la anterior legislatura, ya que dota al pueblo aragonés de herramientas simbólicas y prácticas para salvaguardar su soberanía, autogobierno e historia propia. Esta información es muy probable que no la leas o no se le de apenas importancia en los mass media dominantes.
Y escribimos rara avis, ya que la bendición de Lambán, excelso defensor del españolismo banal, hace que esta ley sea un oasis en medio del desierto actual de la política aragonesa. Una norma aprobada con un alto consenso parlamentario (PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU) y que generó reacciones cavernarias en el españolismo ultramontano, en el país y en el Estado. De hecho, el bienpensante Pedro Sánchez recurrió la ley vía Consejo de Ministros, ya que interpretaban una vulneración de la soberanía española.
Se trata de un texto que reivindica Aragón como sujeto político (nacionalidad histórica), en base a la naturaleza foral de la identidad aragonesa. De la misma forma prescribe un concepto de soberanía territorial ligado al pueblo aragonés, con una actualización de los derechos históricos al siglo XXI (derechos civiles y sociales en la línea de preservar los servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad). También aparecen cuestiones simbólicas que empoderan lo aragonés: la bandera, la denominación “Aragón, nacionalidad histórica” en toda la documentación de las administraciones públicas aragonesas o la petición de que el gobierno central suprima los Decretos de Nueva Planta. Un pastel muy federalizante, que nos situaría -si hay voluntad política- en el mismo grado de autogobierno que el resto de naciones del Estado español.
Desde el Sindicato Obrero Aragonés valoramos como un acierto este blindaje desde lo autonómico, a pesar de que somos conscientes de que el Estado de las Autonomías actual limita la soberanía de Aragón. De hecho, queda en suspenso el artículo 7.1.c, que hace referencia a la vecindad civil de los aragoneses que residen fuera del territorio autonómico, y que permitía que pudieran conservar su condición política como tales. Las líneas rojas, no sea que el asunto se desmadre, ya sabemos que autonomía no es exactamente soberanía. Faltará una ley de consultas, el desarrollo de una Carta Social para la clase trabajadora aragonesa, el Marco Aragonés de Relaciones Laborales, o recuperar competencias para mejorar las condiciones materiales de todas las personas que vivan en este pequeño país.
