El nuevo Estatuto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social conocido como el Estatuto del Becario incluye medidas que tienden hacia la laboralización de las prácticas porque garantiza al estudiantado derechos similares al personal de empresa, como vacaciones y zona de descanso. Se establece también que las empresas deben dar de alta en la Seguridad Social a cada estudiante y este tiempo además cotizaría.
La Universidad han considerado que la naturaleza de las prácticas debe ser “puramente académica”, dicen los Consejos de Estudiantes del G-9. En contraposición, el estudiantado considera “imperativo” poner encima de la mesa la situación real que padecen en el mercado laboral, donde, además, “funcionamos como mano de obra barata o gratuita”.
Abogan por la laboralización de las prácticas, cuestión que de por sí está insuficientemente desarrollada en el estatuto y que deja cuestiones sin resolver.
Desde los Consejos de Estudiantes lamentan que el Ministerio no haya tenido en cuenta “nuestra perspectiva para resolver los problemas que afrontamos”. Reivindican la necesidad de una reforma integral de las prácticas, especialmente en el ámbito académico, que garantice su carácter formativo, remuneración, cotización y calidad.
Consideran que la supresión de las prácticas extracurriculares “no conlleva la eliminación del fraude”, pues opinan que la principal política para suprimirlo es la remuneración de las prácticas académicas, así como “dignificar la actividad formativa del estudiantado y permitir la permanencia de aquellas personas con menor capacidad económica”. Además consideran “totalmente necesario” mantener la existencia de las prácticas extracurriculares, dotándolas de las mismas garantías mencionadas.
Desde los Consejos de Estudiantes del G-9 exigen al Ministerio de Trabajo una propuesta negociada con toda la comunidad universitaria, que atienda a la necesidad de un cambio del modelo formativo y que nos sitúe al estudiantado en el centro de la reforma.
