Para la Federación de Enseñanza de CCOO la pandemia del COVID 19 ha evidenciado las carencias del modelo de gestión de los comedores escolares en Aragón. Un servicio que está privatizado y en cuya gestión participan la Administración Educativa, que licita un concurso para cubrir el servicio, empresas que presentas sus ofertas, las trabajadoras que efectivamente prestan el servicio y los equipos directivos de los colegios, que se ven obligados a invertir tiempo y esfuerzo en tareas que según CCOO “no les corresponden”, como la determinación del número de comensales diarios, o el cobro del servicio a las familias y el pago a la empresa.
La declaración del estado de alarma, y el consiguiente cierre de los centros escolares supuso que el servicio dejara de prestarse. Cuatro semanas después la realidad es que las trabajadoras de dicho servicio se encuentran en, al menos, tres situaciones.
Hay empresas que han presentado un ERTE por causas de fuerza mayor y ha sido admitido por la Administración acogiéndose al artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020.
Hay empresas a las que la Administración les ha denegado el mismo ERTE, acogiéndose al artículo 34 del mismo Real Decreto Ley, y, por tanto, deben abonar a sus empleadas la nómina completa de marzo, y la del tiempo que dure el estado de alarma, y después solicitar a la administración licitadora la indemnización de ese importe.
Y hay otra empresa, “La Productora” que ni ha presentado ERTE, ni ha pagado las nóminas, ni siquiera de la primera quincena de marzo, que se trabajó con normalidad, denuncian desde CCOO.
La sección sindical de CCOO en dichas empresas lleva un mes en constante comunicación y negociación con las empresas y la Administración para exigir una solución única para el colectivo, para el sindicato, “debe ser lo que la Dirección General de Trabajo a nivel estatal ha establecido, que el ERTE no tiene cabida, y que hay que acogerse al artículo 34 de la citada norma”.
