La Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón STEA-Intersindical señala que en las últimas semanas han vuelto a aparecer informaciones en diferentes medios de comunicación sobre el pago de cuotas en los colegios privados subvencionados con fondos públicos de Aragón.
Esta información ha sido recogida en el VII Estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).
Desde STEA denuncian que el pago de estas cuotas contradicen el artículo 88 de la LOMLOE, que dice: “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir la enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos (..) Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.
Cuando Mayte Pérez ejerció la responsabilidad política como Consejera de Educación, en noviembre de 2017, envió una carta a las familias aragonesas de la enseñanza concertada en la que les explicaba “que no deben pagar al colegio ningún gasto adicional, puesto que el funcionamiento del centro está subvencionado por el Gobierno de Aragón”. Asimismo, se adjunto un documento en el que se especificaba la inversión pública concreta en el centro privado concertado, al que acudían sus hijos, durante el curso anterior.
Al mismo tiempo, en el momento actual, están llegando quejas de familias a los Servicios Provinciales, las cuales se niegan a pagar las cuotas que les quieren cobrar en estos centros, indicando que no pueden hacer frente a las mismas por problemas socioeconómicos, entre otros.
Es por todo ello, que desde STEA han solicitado a la Inspección Educativa de lo Servicios Provinciales que se informe del número de quejas que se han realizado por parte de las familias sobre el pago de cuotas, así como de las medidas adoptadas en cada caso.
También solicitan la apertura de una investigación por parte de la Inspección Educativa Aragonesa, que permita valorar si dichas informaciones son veraces y, en caso de que lo sean, se tomen las medidas sancionadoras que correspondan en esos centros, incluyendo, entre otras, la eliminación del concierto educativo.
Finalmente, en caso de inacción de Inspección Educativa, desde STEA señalan que llevaran el asunto a los tribunales ante el incumplimiento de la legalidad vigente.
