Finalmente, los 8 de Yesa recurrirán la sentencia que les condena a penas de prisión inferiores a dos años, a un período de inhabilitación y al pago de una multa de 16.000 euros y 13.000 euros por las costas públicas del proceso. “No ha sido una decisión fácil. Por un lado ha sido un proceso muy duro en la vertiente personal y humana”, destacan lo 8 de Yesa en un comunicado. “La formidable campaña de apoyo social e institucional que precedió al juicio nos supuso a nosotros y a muchas personas solidarias una gran cantidad de trabajo”, reconocen.
Además, para todos ellos, “la exposición pública antes y durante el juicio también ha sido motivo de estrés y nos ha exigido un gran esfuerzo”. Y afirman, “ha sido y está siendo muy duro. Hemos robado mucho tiempo a nuestros seres queridos y hemos desviado mucha energía de nuestra vida diaria solo para defender nuestra dignidad”. Por todo ello, la decisión de recurrir la sentencia del juicio se les antojaba un tanto compleja por todo lo que implicaba.
“Lo cierto es que no teníamos ganas de recurrir. El juicio había sido muy esperanzador: buena parte de las presuntas lesiones sufridas por los agentes se esfumaron. Quedó demostrado que la carga fue absolutamente innecesaria e injustificada puesto que las expropiaciones de tierras seguirían adelante en cualquier caso. Y se visionaron los vídeos donde en ningún momento se observa que ninguno de los acusados golpee a ningún guardia civil”, subrayan. Aunque si bien es cierto, los 8 de Yesa muestran su disconformidad con la sentencia porque es “muy insatisfactoria”.
Cabe recordar que dicha sentencia rebaja las indemnizaciones de 22.000 euros, “que ya hemos pagado, a 6.000 euros”. No obstante, “se nos impone una multa de 16.000 euros y costas de 13.000 euros. Y se condena por agresión a los 8 cuando en los vídeos no se observa a ningún acusado cometiendo ninguna agresión”, y añaden, ”se nos condena a penas de prisión inferiores a 2 años y se nos condena a inhabilitación”. Algo que sin duda puede parecer contradictorio.
“En parte nos hubiera gustado dejarlo estar. Nos hubiera gustado que acabara todo. La absolución ya nos la han dado decenas de miles de personas dentro y fuera de Aragón”, aseveran los 8 de Yesa. “Nuestra inocencia se ratifica cada vez que el frutero nos da ánimos, cada vez que nos para un ama de casa por la calle y nos dice que a quien deberían indemnizarnos es a nosotros, cada vez que la concejala o el alcalde de tal o cual pueblo te pregunta con gesto emocionado que cómo va, que cómo lo llevan en casa”, explican. Pero aún así se ven obligados a recurrir la sentencia para “agradecer el inmenso apoyo recibido”. “Sin la solidaridad de la gente y de los representantes políticos de infinidad de instituciones aragonesas no habríamos llegado hasta aquí”, matizan en el comunicado. “Gracias, habéis hecho fácil lo difícil”, agradecen los 8 de Yesa.
De hecho, todavía existe una razón más por la cual recurrir la sentencia. “No nos resignamos a aceptar que el sistema judicial español pueda tratar de criminales a un grupo de personas que protestaba pacíficamente ante lo que entendía como una injusticia”, aseguran. “No nos merecíamos ser golpeados y humillados. No nos merecíamos la cárcel. No nos merecemos las multas. No aceptamos, no vemos normal, el ser tratados como criminales por ejercer nuestro derecho a la libre expresión y el derecho de reunión. Ni podemos aceptar que esto nos pase personalmente, ni vamos a aceptar que esto ocurra en nuestra sociedad”, concluyen en su comunicado los 8 de Yesa.
Durante el proceso, celebrado el pasado 1 de junio, las declaraciones del médico forense y del perito de la defensa provocaron un cambio sustancial en el devenir del juicio. Hasta 8 de los 11 partes de lesiones que había presentado como prueba la fiscalía y la acusación particular, fueron desmontados uno por uno. La falta de información con la que contó el médico forense a la hora de hacer sus valoraciones en relación a las lesiones sufridas por los agentes, sirvieron para echar abajo 8 de las 11 peticiones de indemnización que los agentes solicitaban.
Los hechos por los que fueron juzgados se remontan al 10 de octubre de 2012, cuando los agentes intervinieron contra unas 150 personas, entre ellas los ocho acusados, que cortaban en el municipio de Artieda la carretera A-1601 para protestar por las expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para acometer las obras del recrecimiento del pantano de Yesa.
