El pasado 28 de Abril de 2017 tuvo lugar un tenso pleno municipal en el Consistorio de Zaragoza a raíz de una moción presentada por el Grupo Popular encaminada para hacer desistir al Gobierno de la ciudad a emprender las pertinentes acciones judiciales que ya venían respaldadas y avaladas por una moción plenaria aprobada por mayoría que presentó el Grupo de Chunta Aragonesista el 27 de mayo de 2016.
En dicho pleno se presenció una lamentable intervención en lo político del portavoz del Partido Popular Sebastián Contín plagada de palabras gruesas y arrogancia, tanto contra el ponente de Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) como hacia el resto de concejales que habían apoyado la moción, y el propio alcalde.
En un desliz Contín aseveró que daba por hechas y tenía conocimiento de las inmatriculaciones de la Archidiócesis Cesaraugustana de la Iglesia de San Pablo y de la Basílica del Pilar en 1987. “La mala fe queda en evidencia por la elección de los templos a expropiar ¿Por qué no han elegido la iglesia de San Pablo o la Catedral del Pilar? La Catedral del Pilar se inmatriculó el mismo día que se hizo con la Catedral de La Seo”, afirmaba Contín en el pleno.
Casi tres semanas después, el Ayuntamiento de Zaragoza recibía el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, en el que aparece la Iglesia de San Pablo, inscrita como propiedad eclesial por parte del ex Arzobispo de Zaragoza, Monseñor Elías Yañes, mediante inscripción registral en mayo de 1987, haciendo uso de la normativa hipotecaria franquista, ahora ya derogada, concerniente al artículo 206 de la Ley Hipotecaria y artículo 304 de su Reglamento.
Lo curioso no es solo que el concejal popular tuviera razón en cuanto a la propiedad de la Iglesia de San Pablo o la Basílica del Pilar, sino que poseyera la información de estas inmatriculaciones cuando desde el Registro de la Propiedad habían sido negadas a MHUEL, y el consistorio todavía no había recibido este listado. En el caso de la Iglesia de San Pablo, la asociación laica acudió al Registro de la Propiedad nº2 de Zaragoza en junio de 2015 para conocer su situación registral, obteniendo de esta institución un certificado negativo de inmatriculación.
La Iglesia de San Pablo es un bien inmueble evidente y de fácil identificación, y MHUEL aportó para recibir esa información, fichas catastrales, descripción gráfica, planos, fotografías, documentación histórica de la DGA, lindes y ubicación, sin embargo, el Registro de la Propiedad aseguró, en certificado registral, que no estaba inmatriculada.
El mismo ente reconoce ahora la certeza de la inmatriculación de la misma cuando el requerimiento ha sido solicitado por una Corporación de Derecho Público como es el Ayuntamiento de Zaragoza, en el informe entregado la pasada semana al consistorio.
Sin embargo, Contín estaba en posesión de esa información privilegiada semanas antes de que se informara al Ayuntamiento de Zaragoza del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. “Efectivamente le tenemos que dar la razón al Concejal Contín, lo que dijo era cierto. No sabemos muy bien si por conexión directa o divina con el Arzobispado de Zaragoza o bien por conexión informática con los servicios telemáticos de los Registradores de la Propiedad de Zaragoza”, advierte con humor MHUEL en un comunicado.
Pero regresa a la seriedad la asociación laica advirtiendo de que, aparte del propio Fraude de Ley que se supone a muchas de estas inmatriculaciones, existen “actores activos o pasivos que en el pasado no muy lejano han podido prestar una inestimable colaboración para favorecer ciertos privilegios haciendo la vista gorda o incluso dejación de funciones”, de cara a que la Iglesia se apropiara de determinados bienes.
Decenas de inmuebles inmatriculados en Zaragoza
En el listado dado a conocer la semana pasada, entre los años 1981 y 2000, la Iglesia Católica inmatriculó en Zaragoza y sus barrios rurales, un total de 43 propiedades entre las que se encuentran una decena de iglesias, ocho parroquias, solares, pisos, viviendas parroquiales, terrenos de cultivo e incluso un frontón.
Esta lista podría ser solo el inicio. En el Requerimiento del Ayuntamiento de Zaragoza a los Registradores de la Propiedad no se preguntó respecto al Cabildo Metropolitano introduciendo solo las figuras jurídicas de Arzobispado de Zaragoza y Obispado de Zaragoza; por lo que se podría que hay más bienes inmatriculados en la ciudad.
En relación a los bienes de culto, todos fueron inmatriculados por el Arzobispo Elías Yanes en la década de los 80, en más que probable fraude de ley. Hasta la reforma de Aznar de 1998 quedaba expresamente prohibido inmatricular bienes dedicados a culto. Desde MHUEL advierten que puede haber una relación directa con el mandato jerárquico, ya que Elías Yanes fue presidente de la Conferencia Episcopal Española de 1987 a 1993.
En el listado aparecen otro tipo de bienes de carácter público. Desde MHUEL advierten que harán “comprobaciones catastrales con las registrales para verificar que con los inmuebles inmatriculados vayan también los espacios”, entre los que se podrían encontrar plazas y solares adyacentes.
MHUEL recuerda al Gobierno de Aragón su compromiso con la transparencia de los registros
MHUEL ha advertido en el mismo comunicado que toma la palabra y compromiso íntegro del diputado en Cortes de Aragón por el PSOE, Darío Villagrasa, que en la intervención de esta asociación laica para hablar sobre inmatriculaciones en la Comisión de Peticiones Ciudadanas, manifestó su defensa a ultranza del carácter público y transparente de los Registros de la Propiedad, advirtiéndoles “que sí teníamos problemas con los mismos, lo pusiéramos en conocimiento del Parlamento aragonés para tomar medidas”.
Por todo ello, ponen en conocimiento del Gobierno de Aragón estas actuaciones y esperan de él “su compromiso y no su inacción política”. MHUEL opina que todo este proceso inmatriculador por parte de la Iglesia Católica se basa en la “oscuridad informativa”, y advierten que en el mismo han tenido lugar “dejación de los poderes públicos, compadreo político, jurídico y eclesial, utilización de leyes ‘ad hoc’ provenientes del franquismo, falta de pronunciamiento constitucional, el consentimiento tácito para mantener privilegios cuasi feudales , el ansia de crear una contra desamortización involutiva en el siglo XX y XXI para conseguir una patrimonialización que otorgue beneficios comerciales y económicos a costa de expoliar el Patrimonio Común”.
