Beatriz Larred y Joaquín Egea, senador y senadora de Teruel Existe, han presentado varias enmiendas en el Senado a la Moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya y que se debatirá en el pleno de esta semana, relativa al “peligro medioambiental del proyecto de línea eléctrica aérea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Valmuel (Teruel) y Begues (Barcelona)” instando al Gobierno al “bloqueo de la financiación de proyectos no comprometidos con la emergencia climática”.
Argumentan desde ERC que “el proyecto, impulsado por el Grupo empresarial de Forestalia, propone una MAT de titularidad privada y de uso exclusivo de su promotor”, un “modelo de transporte de energía inexistente hasta la fecha y que abre la puerta a un escenario de competencia entre grupos privados”, amparado en un modelo “oligopólico”, que causa ”un gran impacto paisajístico” y que está diseñado “a espaldas del territorio”.
Las enmiendas de la Agrupación de electores se fundamentan en el trabajo realizado por el grupo sectorial de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe, que ya presentó alegaciones hace dos semanas a esta nueva línea eléctrica que cruza completamente la zona norte de Aragón para llevar la energía hasta Barcelona, así como al macroproyecto del Clúster Begues. Están trabajando en las alegaciones al siguiente clúster de esta línea, el PEOL de Cuencas Mineras.
La Agrupación de Electores propone, en primer lugar, la ampliación del primer punto de la moción para incluir también los trazados en Aragón, donde el texto solicita detener el proyecto de ésta y otras líneas de muy alta tensión del proyecto Sputnik en Catalunya.
Además, plantean en este punto que se incluya la necesidad de mejorar la regulación actual de las líneas eléctricas de transporte, para “evitar que puedan ser tramitadas administrativamente como líneas de evacuación de las centrales de generación de energía”, así como que en el desarrollo de los proyectos de renovables, se establezca como principio que “la generación de la energía debe estar cerca de los lugares de consumo”.
El segundo punto de la moción original propone la elaboración de una estrategia de renovables basada en el “acuerdo entre territorios y agentes afectados, y que proteja las zonas de alto valor agrícola y forestal dando voz y capacidad de decisión al territorio, especialmente en los grandes proyectos”.
Desde Teruel Existe se solicita la ampliación de este texto para que incluya también la protección del “valor patrimonial y cultural y paisajístico de los territorios afectados y que proteja las actividades económicas ya consolidadas en esos territorios”, y además que “la asignación de plazos para el estudio de los proyectos sea “razonable”, ya que consideran que con solo 30 días para alegar estos macroproyectos “dejan indefensa a la sociedad”.
Solicitan, además, la inclusión de un nuevo punto que inste al Gobierno a “desarrollar una ordenación pormenorizada del territorio, que regule la implantación de las centrales eólicas y fotovoltaicas. Con exclusiones claras y amplias, que preserve la protección del patrimonio natural, cultural, económico y paisajístico de los territorios”, además de “promover el aumento de la distancia desde las centrales de generación a los núcleos de población”.
En el punto tercero, la formación turolense en sus enmiendas plantea “primar la actividad agrícola en régimen de arrendamiento frente al uso del suelo no urbanizable como superficie para energías renovables”. Sería un nuevo punto que se añadiría al presentado en la moción de ERC, relativo a la priorización del uso de los espacios antropizados para proteger los espacios agrícolas y forestales y minimizar el impacto paisajístico.
Y por último, la moción presentada insta a “restringir el acceso a los programas de financiación derivados de los fondos Next Generation a aquellos proyectos energéticos que no respeten los compromisos y principios sobre la emergencia climática que promueve la Agenda 2030”. Teruel Existe plantea que en la financiación de estos fondos prevalezca, además, “el impulso a la generación distribuida y de autoconsumo colectivo en las comarcas rurales con problemas de despoblación, para incentivar a las comunidades locales a impulsar el desarrollo y la creación de empleo”.
Por otra parte, desde Teruel Existe critican que las administraciones aragonesas, tanto comarcales como territoriales, parecen estar más “alineadas” con las grandes empresas que presentan estos proyectos que con el territorio y sus habitantes, puesto que todavía se desconoce si han presentado alegaciones a los mismos o se han realizado informes jurídicos, tales como los que presentaba en rueda de prensa hace unas semanas la Diputación de Tarragona, en colaboración con comarcas y ayuntamientos catalanes.
Para Teruel Existe la falta de una planificación y ordenación territorial para el despliegue de estas instalaciones, con criterios claros de sostenibilidad ambiental y de preservación del paisaje y de los recursos del territorio, que facilite la participación efectiva de ayuntamientos y comunidades locales, tal y como desde un primer momento han solicitado tanto desde el Movimiento ciudadano como por parte de la Agrupación de electores, está generando una importante conflictividad social en un buen número de lugares.
La mayor parte de estas instalaciones se plantean en territorios de la ‘España Vaciada’, con escasos recursos públicos y humanos para la gestión administrativa de estos grandes proyectos, lo que genera una gran indefensión e inseguridad en la población. Por estos motivos, Teruel Existe desde hace tiempo exige que desde la Administración, tanto territorial como estatal, se establezca un plan completo de ordenación que refleje claramente las zonas “adecuadas o menos desaconsejables” para su implantación, que debería ser previa a la implantación de estos megaproyectos.
