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Llarena procesa a trece políticos independentistas catalanes por «rebelión» y a otros doce por «desobediencia»

Llarena envía a prisión a cinco personalidades independentistas dentro de un proceso que afecta a trece políticos catalanes por "rebelión" y a otros doce por "desobediencia". De estas veinticinco personas, catorce son acusadas también de "malversación de fondos públicos". La ANC y los CDR convocan este viernes varias concentraciones. JxCat, ERC, CUP y los comuns firman una declaración contra la "represión" del Estado español. La ONU insta al Estado español a respetar los derechos políticos de Jordi Sànchez.
| 23 marzo, 2018 12.03
Llarena procesa a trece políticos independentistas catalanes por «rebelión» y a otros doce por «desobediencia»
Foto: @oscarperis

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado este viernes a trece políticos y líderes independentistas catalanes por el delito de «rebelión» -castigado con entre 15 y 30 años de prisión- por su participación en el procés soberanista. En el caso de Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, actual candidato a la presidencia de la Generalitat, el juez ha determinado a las 18.15 horas prisión incondicional. Las mujeres ingresarán en el centro penitenciario de Alcalá Meco y los hombres en el de Estremera.

Las personas procesadas eran el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras, el candidato Jordi Turull, la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, la número 2 de ERC Marta Rovira -que se ha marchado al exilio-, el expresident de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el president de Ómnium Cultural Jordi Cuixart y otros seis exconsellers: Joaquim Forn, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bossa, Clara Ponsatí y Raül Romeva.

Otras doce personas serán procesadas por un delito de «desobediencia»: los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación y que estuvo en prisión provisional desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2017; el exconseller de Justicia Carles Mundó, que renunció al acta de diputado y abandonó la política; Santiago Vila, exconseller de Empresa y Conocimiento; Clara Ponsatí y Lluís Puig, exconsellers exiliados en Bélgica; la exportavoz de la CUP en el Parlament, actualmente exiliada en Suiza, Anna Gabriel; y la también exdiputada de la CUP, Mireia Boya.

Los autos de procesamiento incluyen además otros delitos, así, el juez procesa por malversación de caudales públicos a los catorce miembros del Govern: Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Borràs, Ponsatí, Comín, Forn, Rull, Puig, Mundó, Bassa, Vila y Serret. El magistrado fija para ellos una fianza colectiva de responsabilidad civil de 2.135.948,6 euros.

No son procesados por ningún delito el expresident Artur Mas, la coordinadora del PDECAT Marta Pascal y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras.

Tras la notificación del procesamiento, sobre las 12.30 horas, comenzaron las “vistillas” en las que las partes han expuesto sus peticiones al juez sobre la situación del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

La Fiscalía pedía prisión provisional para las cinco personas que ingresarán en prisión al considerar que existe «riesgo de fuga y de reiteración delictiva». El magisterio también ha pedido orden internacional de detención para las personas procesadas que se encuentran fuera del Estado español.

En el auto, Llarena se expresa en términos muy duros y acusa a las personas implicadas de provocar un «estallido social», de «fanatismo violento», de utilizar «el poderío de la masa» y de «diseño criminal».

Según publica El Salto, el magistrado relata los hechos del día 20 de septiembre de 2017, cuando se produjo una manifestación ante la sede de la Consellería de Economía y Hacienda en protesta por las detenciones que estaban teniendo lugar, como «una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza» y añade una valoración controvertida «tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire».

Arropadas en el Supremo

A su llegada al Supremo, las y los investigados fueron recibidos con aplausos y vítores por parte de diputados y otros compañeros de partido, entre ellos el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. También les ha acompañado el que fuera portavoz de la Generalitat Fransesc Homs, entre otros.

Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa han llegado progresivamente. Primero han hecho su aparición Forcadell, Romeva y Bassa, unos quince minutos antes de las 10.00 horas. Turull, que este jueves no consiguió los votos suficientes en el Parlament para ser investido president de la Generalitat, y Rull han aparecido diez minutos después.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, no ha acudido a la citación y ha anunciado, en una carta dirigida a la militancia de su partido, que se va al exilio. Rovira, que al igual que Forcadell y Bassa, anunció este jueves tras finalizar el pleno, que renunciaba a su escaño para «plantar cara al chantaje judicial del Estado».

Llarena, que investiga la causa del procés en Catalunya, había citado para este viernes, para comunicarles el auto de procesamiento, a todas las partes personadas: la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y las defensas de 22 de las y los investigados. Han sido citadas todas las defensas menos las de las seis personas que permanecen en el exilio: Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig (en Bruselas) y Anna Gabriel (en Ginebra).

JxCat, ERC, CUP y Catalunya en Comú firman una declaración contra la «represión» del Estado español

La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado una declaración, apoyada por JxCat, ERC, la CUP y Catalunya en Comú, en la que rechazan la «represión» del Estado español contra las instituciones catalanas y muestra su apoyo a las personas encausadas por el procés soberanista.

«La involución democrática sólo la podemos combatir desde la unidad», ha afirmado Elisenda Alamany (CatECP) en la comparecencia junto a Josep Maria Forné (JxCat), Anna Caula, Gerard Gómez del Moral (ERC), y Maria Sirvent (CUP). La declaración ha sido rechazada por Cs, el PSC y el PP.

ANC y los CDR convocan movilizaciones

Con motivo de las citaciones del Supremo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado este viernes a las 20.00 horas concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno español en Tarragona, Lleida y Girona y una manifestación en Barcelona con el lema «Sí a la República y al Govern legítimo». También ha activado la «Caixa de Solidaritat».

Por su parte, los CDR han convocado una concentración unitaria para este viernes, a las 19.00 horas, en Barcelona para «protestar colectivamente contra los últimos actos represivos del Estado español».

La ONU insta al Estado español a respetar los derechos políticos de Jordi Sànchez

Y mientras todo esto sucede, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado español a respetar los derechos políticos de Jordi Sànchez. «Se le ha pedido al estado miembro [España] que tome todas las medidas necesarias para que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos de acuerdo con el artículo 25 del Convenio», señala en un comunicado.

En el mismo texto también indica que esta petición no implica ninguna decisión por parte del comité sobre el caso de Sànchez. Se trata de una petición cautelar, puesto que la ONU está examinando la posible vulneración de derechos del Estado español, que llega después de que Sànchez haya decidido de reunciar a su acta de diputado.

23 marzo, 2018

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