Libertad de expresión versus democracia de calidad

De nuevo la libertad de expresión se ha maltratado en este país, en esta ocasión con un rapero. Por mucho que organismos más o menos extraños, más o menos imparciales —amparados, muchas veces, por medios financiados por aquellos que frenan la democracia—, afirmen que España está en el puesto 23 de las democracias mejor consideradas. Sucesos repetidos como este, condenas por presuntas ofensas al sentimiento religioso (¿?), o la falta de conexión real entre lo que dice, de manera ambigua, la Constitución sobre el trabajo, la vivienda, la justicia… y la cruda realidad de los desahucios, del desempleo, de la …

Carlos Tundidor

De nuevo la libertad de expresión se ha maltratado en este país, en esta ocasión con un rapero. Por mucho que organismos más o menos extraños, más o menos imparciales —amparados, muchas veces, por medios financiados por aquellos que frenan la democracia—, afirmen que España está en el puesto 23 de las democracias mejor consideradas.

Sucesos repetidos como este, condenas por presuntas ofensas al sentimiento religioso (¿?), o la falta de conexión real entre lo que dice, de manera ambigua, la Constitución sobre el trabajo, la vivienda, la justicia… y la cruda realidad de los desahucios, del desempleo, de la marginalidad, de una justicia cara y parcial, por no decir de las prevaricaciones frecuentes, ponen muchos borrones a ese intento de las llamadas “personas de orden” —que no son otras, tantas veces, que las que desean mantener el estatus quo y los privilegios— de sacralizar la llamada democracia a la española.

Porque borrones los hay y muchos. Desde mantener una forma de Estado, incluido su Jefe, sin el apoyo popular, solo con la herencia franquista, pasando por la persistencia de un sistema electoral que prima a partidos que tienen sus “Gürtel” o sus “ERES” a disposición de las cajas “B”, “C” o “D”. Una democracia cuyo grado de corrupción entre la clase política, judicial y empresarial es de los mayores del mundo… y sigue y sigue. Democracia que persiste en una libertad vigilada al amparo de la llamada “Ley Mordaza” que intenta acallar la opinión de los ciudadanos. Democracia que mantiene la eufemísticamente llamada “Reforma Laboral” —en realidad, son dos. Una por los que se llaman socialistas y otra por los herederos de Alianza Popular— que permite despedir a personas enfermas y que, por ello, han faltado al trabajo.

Porque es muy difícil, sin ponerse rojo de vergüenza o tener la cara cementada, establecer que tenemos una democracia saneada cuando los escándalos por prevaricación —presunta, presunta y presunta— se saldan con… ¿cuántos jueces en la cárcel? Salvo error u omisión, tan solo el juez Estevill, en 2006, ha pasado por allí.

O cuando una Organización económico-religiosa como es la iglesia católica, está tan protegida por las propias leyes que causa risa la palabra laicismo de casi todas las democracias de responden más fielmente al significado de esta palabra.

Y es muy difícil afirmar esa hipótesis cuando los rechazos para que las gentes puedan emitir opinión en cuestiones trascendentales como reformas en la Constitución, referéndum sobre posibles autodeterminaciones, blindaje de derechos fundamentales (Sanidad Pública, Educación Pública, las pensiones como derecho), son continuados y, según cuentan los sagrados próceres de San Jerónimo, avaladas por esta Constitución inabordable; tanto que solo se modifica sin problemas cuando se prioriza la Deuda ante los bancos y fondos buitre (artículo 135) hecha de tapadillo, en una sola noche y por las cúspides del PSOE y del PP.

Y parece que continúa siendo complicado decir que nuestra democracia tiene buena nota cuando la justicia para un ciudadano normal es cara y lenta. Tan cara que, la mayoría de las veces, es inexistente. Un ciudadano normal no tiene el mismo acceso a esa justicia como las grandes fortunas, las grandes empresas o corporaciones que pueden acudir a los procesos judiciales en instancias superiores: segundas instancias, Superior de Justicia, Tribunal Superior Autonómico, Audiencia Nacional, Supremo, Constitucional…  Solo es cuestión de dinero y eso lo tienen, robado o no. El ciudadano normal queda impedido en la primera fase porque la justicia no es universal ni gratuita, de manera contraria a como nos lo han vendido falazmente. Ni siquiera la primera fase es gratuita. Es una justicia pensada para que el gran capital salga de rositas la mayoría de las veces. Bien por defectos de forma, prescripción temporal, porque los bufetes de abogados caros sean más hábiles, con más medios o por mil razones más. Esto no parece ser algo que enaltezca a la calidad de nuestra democracia ¿O sí?

Pero vayamos al principio, a la libertad de expresión. Algunas de las canciones del señor Hasel no las cantaré nunca, otras sí. Algunas de las frases no las compartiré nunca, otras sí, pero todos y todas tienen el derecho de expresarse. Sean de izquierda o de derecha, ateos o creyentes, ricos o pobres, de acá o de allá. Y eso es lo que una democracia sana debe de hacer: defender el derecho de expresión de todos y todas, el derecho a que se contrasten las distintas afirmaciones y que puedan ser negadas o confirmadas. Solo la justicia se puede entrometer si son falsedades por el afectado, si es que denuncia. Pero nunca, de oficio, una Fiscalía puede ejercer de inquisidor y censor de ninguna expresión. Máxime si son palabras que corresponden a personas públicas, máxime si son expresiones que se inscriben en el acervo cultural. Se podrá estar de acuerdo, o no, con el lenguaje, con las formas, pero todos los que se llaman, nos llamamos, demócratas y lo somos, debemos de defender, como lo más sagrado, la libertad de expresión de cualquier persona.

Ahora podríamos responder a la pregunta sobre si España es una democracia con nota alta. Si la comparamos con la dictadura marroquí, o saudí, o qatarí, salimos bien parados, pero ¿y si lo hiciéramos con las democracias francesa, inglesa, sueca, alemana, belga, canadiense, finlandesa…?

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