Por cierto ¿he dicho casualidad o causalidad? Llevamos días platicando, como en el cuento famoso de si galgos o podencos, sobre la existencia de “lawfare”, horrible galicismo que intenta explicar la persecución judicial de todo un estamento, o de jueces amparados por aquel, basado en intereses espurios.
Claro que, también, se podría haber intercambiado ese término por el de prevaricación, un hermoso vocablo que proviene del latín. Quizá, más propio, amplio y acorde con el castellano. Palabra que denuncia un delito consistente en que una autoridad, juez, por ejemplo y sin ir más lejos, dicta resoluciones arbitrarias a sabiendas de que estas son injustas.
Ahora bien, en este gran país −tan grande que, en vez de uno, casi siempre son dos los que rompen el corazón de cualquiera− llamado a conseguir el “imperio hacia dios” por ilustres y “aznarísimos” próceres que en el país han sido, mentar la existencia prevaricadora, o “lawfare”, da risa de puro esperpento. ¿A quién se le ocurre pensarlo tan siquiera?
Además, ¿hay motivos? ¿Qué, como dice Rufián, García Castellón salvara a Cospedal de la Kitchen, a la ranita de Esperanza Aguirre, Ignacito, de la cárcel, a la propia Esperancita del caso Púnica, qué archivara la causa del rey, qué jurara y perjurara que no sabía quién era M. Rajoy, qué fuera el mismo que abriera veinte causas contra Podemos, todas con resultado falso, por cierto? ¿Qué imputara a Marta Rovira por terrorismo o quiera hacer lo mismo, casualmente ahora, a Puigdemont? Nada, esas cositas no presuponen nada. Todo es pura y dura casualidad ¿He dicho casualidad o causalidad? No querría equivocarme con eso de la homofonía…
¿Qué Carlos Lesmes haya usurpado el sillón de presidente del CGPJ durante más de cuatro años violando el apartado tres del artículo 122 de la Constitución al no querer dimitir? Bueno, ¿y qué? ¿Qué muchos otros jueces del propio CGPJ llevan cinco años sin querer dimitir y, por lo tanto, violando, también, el mismo artículo? ¿Qué son jueces y, por eso mismo, deberían ser exquisitos con las normas y leyes? Vaya, eso no presupone nada. Si no han dimitido será porque no habrán podido. Habrán tenido jaqueca, parálisis manual, les habrán dado calambres, se habrán levantado con el pie izquierdo −es verdad que más de 1.800 veces es mala suerte, pero todo es posible− o, sencillamente, se les habrá olvidado. Pero eso, no conjetura nada de eso tan feo, ninguna prevaricación como dicen los chismes y comadreos.
Y, aparte de estas minucias, ¿qué más hay para alumbrar esa palabrota que reconoce algo tan imposible, la práctica continuada del poder judicial al servicio de ciertos políticos. Nada, bueno, para ser justos, casi nada, poca cosa.
¿Qué quién controla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) controla las salas del Tribunal Supremo (órgano capaz de juzgar a los inviolables), sobre todo a la Penal? Bueno, ¿Y qué? ¿Qué son jueces, en la práctica, vitalicios porque lo son hasta jubilarse (72 años) o hasta que la muerte los alcance en su recto proceder? ¿Y qué?, insidias, murmuraciones. ¿Qué en la sala de lo Penal (la única capaz de procesar a diputados, senadores, ministros, reyes, tramas importantes de corrupción) hay, ahora mismo y desde hace muchos años, once jueces conservadores y, tan solo, cuatro progresistas? Pues nada, será efecto de la casualidad. ¿He dicho casualidad o causalidad? ¡Cuidadín!
¿Qué uno de ellos, Melgar, fue el instigador de la doctrina Parot, doctrina que Bruselas anuló por ser ilegal? ¡Vaya mala suerte que tuvo el pobre!
¿Qué Juan Ramón Berdugo −sí, sí, no me he equivocado, Berdugo con “b” de…− fue el causante de la condena al rapero Strawberry, luego anulada por el Constitucional? Si es que con ese nombre…, el del cantante, me refiero.
¿Qué Antonio Del Moral archivara una investigación penal contra la alcaldesa de Jerez, García Pelayo, casualmente del PP y en la trama Gürtel, en contra del criterio de la Fiscalía con el argumento de que “la alcaldesa no sabía lo que firmaba”? ¡Qué le vamos a hacer! Bastante tiene esa pobre mujer que, por cierto, sigue siendo diputada del PP, con ser así de ignorante.
¿Qué Pablo Llarena fuera el instructor del “proces” defendiendo “a capa y espada” que había un delito de rebelión, algo que sirvió para que la competencia cayera en el Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Nada de nada. Hasta qué punto son hablillas sobre este juez, que la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia denunció irregularidades por su nombramiento por el CGPJ (casualidad, de mayoría conservadora) que fueron archivados por la Sala Contenciosa del Supremo (jolín, qué casualidad, también de mayoría conservadora). No sé si he dicho casualidad o causalidad. Tengo que tener cuidado y no equivocarme.
¡Qué más dará que Vicente Magro, juez de lo Penal del supremo, fuera el que admitiera a trámite la denuncia contra Dani Mateo y Gran Wyoming por un chiste sobre el Valle de los Caídos! Por cierto, no le toca jubilarse hasta el 2032. Pues eso, ¡qué más dará! Charlatanerías.
¡Y si hablamos de Andrés Martínez! Uno de los jueces que controla la actividad del CNI y que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas a los cabecillas de la Gürtel. Lo dicho, pura y dura casualidad. ¡Otra vez!, ¿he dicho casualidad o causalidad
Como irán viendo los y las lectoras, esa acusación de “lawfare” −¡qué palabrota!− se va demostrando que carece de fundamento. ¿O no? Aunque añadamos el caso de Eduardo de Porres que liderara el expediente sancionador contra el mismísimo presidente del país, Pedro Sánchez, por decir que hacía campaña en una entrevista en La Moncloa o el de Carmen Lamela que encarceló a los “Jordis” acusados de sedición o que investigó, sin corresponderle, el caso Altsasua bajo el paraguas de terrorismo, cosa que, casualidad, la propia sentencia negó. O la propia prisión preventiva de dos años a Sandro Rosell declarado inocente dos años después. Bueno, pero ¿y si hubiera sido declarado culpable? Dos años que llevaría ya cumplidos. A pesar de estos añadidos ¿cómo puede alguien atreverse a eso del “lawfare”?
Ni siquiera añadiendo el nombre de Manuel Marchena, protagonista de ese famosísimo wasap del senador Ignacio Cosidó, director general de la Policía en los años de la cloaca policial, en el que pronosticaba que él, Marchena, ayudaría al PP a “controlar la Sala Segunda de lo Penal desde detrás”. Porque ¿qué es eso de detrás? ¿Acaso la Sala Segunda tiene espalda y culo? ¿O una puerta posterior? ¿Es posible que unas tan inocentes palabras puedan sugerir algo tan feo?
Ni añadiendo lo que las monsergas sugieren, que los pocos y únicos jueces condenados por prevaricación o apartados de casos relevantes, son de los llamados progresistas, se pueden explicar estas cosas por algo que no sea la casualidad. ¡Casualidad, casualidad, señores y señoras, casualidad y no causalidad! El juez Elpidio Silva en el caso Blesa, el juez Garzón en el de las escuchas de la Gürtel, el juez José Castro obligado a la jubilación y apartado del caso de la infanta Cristina, el juez Ruz apartado por traslado, del caso financiación ilegal del PP, Santiago Vidal sancionado con suspensión de empleo por tres años por redactar, en sus horas libres, un proyecto de constitución catalana…
Nada serio como podrán ver. Todo, casualidades de la vida. Podríamos seguir con más casos, pero, ¿para qué aburrir si todo es pura fatalidad? ¡Cuidado con las palabras homófonas que son muy cabritas! ¿He dicho casualidad o causalidad? Fatalidad: mucho mejor.
¡Qué exagerados algunos! ¿verdad? Quienes lean este modesto artículo, y yo, sabemos que, si hay un estamento puntuado y enjuiciado en este país, que son casi dos por aquello de las dos Españas, es el judicial. Todo el mundo de a pie llano, ciudadanos y ciudadanas normales, sabemos aquello que dijo aquel dignísimo representante de los monarcas españoles que siguió los consejos de “tacita a tacita”, −quizá, se pasara en el celo y lo hiciera “tazón a tazón” − exiliado en un sitio lejanísimo en compañía de otro dignísimo representante de la misma familia, de nombre Froilán: “La justicia es igual para todos”, Ipse dixit.
