El concejal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en la localidad barcelonesa de Vic, Joan Coma, ha sido detenido a las once de la mañana frente a las dependencias municipales. Una dotación de Mossos lo ha ido a buscar a las puertas del Ajuntament de Osona, con una orden de búsqueda y captura del juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional española.
En el momento de la detención Coma ha twitteado este mensaje: “El Estado español me detiene. Aprovechamos todo lo que nos une para hacerle frente colectivamente. Un abrazo a todos, de corazón. Amor eterno”. Momentos después un coche patrulla sin logotipos se lo ha llevado ante una decena de personas. Coma ha levantado el puño antes de entrar en la parte trasera del vehículo.
Fuentes judiciales consultadas por el medio catalán la Directa han confirmado que una patrulla de la policía catalana le trasladaba hasta las dependencias de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, desde donde será trasladado a Madrid. Está previsto que mañana por la mañana pase a disposición judicial y preste declaración ante el juez Ismael Moreno, acusado de un presunto delito de sedición.
Pocos minutos después de la detención el movimiento 30/03 ha hecho público un vídeo con la voz de Joan Coma donde explica que está siendo trasladado a Madrid y hace un llamamiento a la movilización. Así se expresaba Coma en dicho vídeo: "Hace poco rato que la Policía me ha detenido y me traslada a Madrid contra mi voluntad. Tengo muchas ganas de recuperar la normalidad y volver a abrazar a mis niños y a Laia. Pero gracias a vosotros estoy bien, tranquilo y muy sereno. Miro por la ventana y veo a todas las entidades, organizaciones, colectivos y personas que desde el primer momento me habéis acompañado durante todo este proceso. Gracias por toda la fuerza de estos días. Me hacéis sentir libre y sin miedo, también ahora detenido. Imagino que dentro de unas horas declararé en la Audiencia Nacional. El Estado me obliga a comparecer tras defender desde un poder municipal el derecho a desobedecer leyes injustas. Podría no declarar, decir que no tengo nada que añadir, pero de camino forzado a la audiencia no dejo de pensar que sí, que tenemos mucho que decir, que el problema no lo tengo yo ni vosotros, sino ellos, todos los que quieren ganar en los juzgados lo que sólo se puede resolver democráticamente. Y quiero deciros que no serán ellos, sino nosotros, independentistas y no independentistas, los que decidiremos en las urnas el futuro de nuestro pueblo, si hace falta sin permiso. Gracias a todos por permitirme escoger este camino libremente y por acompañarme en todo el trayecto. Nos vemos pronto donde todo empieza".
Reacciones a la detención
El Movimiento 30/03 de apoyo al concejal de la CUP ha convocado para este martes concentraciones de apoyo al edil después de que este haya sido detenido por los Mossos d'Esquadra. Las concentraciones, que cuentan con el aval de la CUP, se han convocado a las 20.00 horas de este martes "en todos los ayuntamientos de los Països Catalans".
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado, a través de su cuenta de Twitter, que "el Estado demuestra qué noción tiene de la libertad de expresión", tras conocer la detención.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) secundarán las concentraciones convocadas ante los ayuntamientos catalanes en apoyo al concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma.
Forcadell ha mostrado su apoyo al concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma, después de que éste haya sido detenido, también a través de las redes sociales, donde Forcadell ha dicho: "La Operación Diálogo del Estado a toda máquina. ¡Mi firme apoyo @joancomaroura!".
El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno español de conocer solo el dialogo del "palo y la zanahoria" tras la detención del concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma.
Un ex policía franquista tras la detención de Joan Coma
El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno ha ordenado la detención del concejal de Vic, Joan Coma, investigado por un presunto delito de incitación a la sedición, por unas palabras en el pleno del ayuntamiento en el que se aprobó una moción de apoyo a la declaración de ruptura del Parlamento del 9 de noviembre de 2015.
Desde 1988, el magistrado más veterano del tribunal español carga en los hombros varios casos polémicos, el más reciente: haber encarcelado preventivamente y sin fianza a los dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo para representar la obra Don Cristóbal y la Bruja en Madrid.
Antes de ser juez, Moreno fue inspector del Cuerpo Superior de Policía franquista desde 1974 hasta 1983, años durante los cuales también aprovechó para licenciarse en Derecho, para terminar en la Audiencia Nacional española.
Actualmente, el magistrado Moreno del juzgado central de instrucción número 2 también investiga los municipios catalanes que aprobaron mociones de apoyo a la resolución independentista del 9-N en el Parlament de Catalunya.
En marzo, algunos consistorios comenzaron a recibir requerimientos de la Audiencia Nacional española y, a instancias del Minsiterio Público, Moreno ordenó a la Guardia Civil, la Policía Nacional española y los Mossos, un informe sobre la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asamblea Nacional Catalana (ACN), que considera “impulsoras y promotoras” de las mociones.
El magistrado Moreno también investiga los municipios catalanes que aprobaron mociones de apoyo a la resolución independentista del 9-N en el Parlamento de Catalunya.
Echando la vista atrás, pero también en el ámbito catalán, Moreno decretó prisión provisional para el independentista Carles Castellanos en 1988, acusado de suministrar pólvora a Terra Lliure. Después de sufrir la aplicación de la ley antiterrorista y denunciar torturas, Castellanos ingresó en Alcalá-Meco hasta enero de 1989, pero, finalmente, unos meses después, quedaba en libertad sin cargos.
Más recientemente, en 2012, el juez rechazó investigar el caso Urdangarín desde la Audiencia Nacional española al considerar que ni la cifra ni los delitos afectaban al “desarrollo de la economía nacional”.
En el ámbito internacional, el juez archivó el caso de los vuelos ilegales de la CIA que, supuestamente, entre otros lugares, hicieron escala en el aeropuerto de Mallorca. El auto de 2014 argumenta que no fue posible rastrear las verdaderas identidades de los agentes estadounidenses que viajaban, pero además, exculpa a los altos cargos españoles de Exterior, Defensa y Presidencia acusados de complicidad, pese a que un informe del Consejo Europeo calificó de inverosímil que los gobiernos desconozcieran los vuelos.
El caso Naparra
En 2004, Isamel Moreno archivó el procedimiento por la desaparición de José Miguel Etxeberria, conocido como caso Naparra. El juez acataba el informe de Fiscalía que pedía el archivo, argumentando que sólo se trataba de una “supuesta desaparición”. Ahora, ante nuevos datos sobre el lugar donde podrían encontrarse los restos, hallados en octubre pasado, el abogado Iñigo Iruin solicitó la reapertura del caso en la Audiencia Nacional española, y Moreno, el mismo juez que el archivó, se ha visto obligado a reabrirlo.
José Miguel Etxeberria desapareció en 1980 en Iparralde, cuando tenía 22 años. Supuestamente, el Batallón Vasco Español -organización de extrema derecha ligada a los aparatos del Estado español- reivindicó su secuestro y su muerte mediante cinco llamadas a diferentes medios de comunicación.
En 1999 se abrió un procedimiento, que el juez Moreno archivó precisamente cuando la acusación particular había solicitado la declaración de personas clave en el terrorismo de Estado como el general Saenz de Santamaría, el comisario Manuel Ballesteros, el policía González Pacheco, alias Billy el Niño, el Secretario para la Seguridad del Estado José Luis Fernández Dopico o el mercenario del Batallón Vasco Español, Gilber Perret.
También en el Euskal Herria, pero hace un año, Moreno se negó a tipificar de terrorismo unos ataques contra placas y recordatorios de la represión franquista, así como amenazas, por parte de miembros del grupo de extrema derecha Falange y Tradición, lo que contrastaba con lo que había hecho la juez de Pamplona Mari Paz Benito.
Finalmente, condenó a dos años y un año y medio de prisión a tres de los acusados: José Ignacio Irusta, Javier López Monreal y Borja Pérez Illera. La sentencia les reconoce como autores de los hechos, pero rechaza tildarlos de ataques terroristas y, por tanto, rebajaba la petición Fiscal de siete años y la de las acusaciones particulares que eran de entre diez y 48. Así pues, los condenados evitaron la cárcel.
