El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida del Estado español (AVITE), el aragonés Rafael Basterrechea, pidió en las Cortes “reconocimiento a las personas que han nacido en España con malformaciones en sus extremidades" a causa de este medicamento alemán.
Para eso, quieren que Aragón haga pruebas para determinar cuántas víctimas hay y que “se ponga en marcha una unidad médica especializada” en el tratamiento de estas personas porque “nosotros no podemos acudir por nuestra cuenta a un fisioterapeuta, ya que ninguno ha estudiado concretamente nuestra patología”.
Estas fueron sus palabras ante la última Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón de 2015 celebrada el pasado 29 de diciembre, a la que ha acudido una delegación de este colectivo.
Basterrechea también solicitó que “se destinen ayudas económicas a la asociación” para poder continuar con “el costoso proceso judicial, que me temo será muy largo y acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”. Además, ha pedido al Ejecutivo que “declare a la farmacéutica causante ‘non grata’ en Aragón como una forma de presionar para que reconozca su responsabilidad” con las víctimas de este fármaco.
El presidente de este colectivo ha incidido especialmente en la actuación “especialmente sangrante” del Estado español desde que en el año 1961 Alemania ordenara la retirada del producto y hasta la fecha. Ha explicado que “la primera legislación española al respecto se puso en marcha veinticuatro años después”, que la Ley que impulsó el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero “es cicatera y se hizo sin contar con nosotros” y que el actual Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy “no ha hecho nada en cuatro años, cuando realizamos un trabajo intenso con el PP antes de su llegada a la Presidencia".
Por último, Basterrechea ha pedido que “todas las víctimas del mundo seamos iguales” porque “solamente en España y Portugal no recibimos ninguna ayuda ni pensión”, cuando esta patología “ha truncado nuestro desarrollo laboral” y “ha condicionado nuestro proyecto vital”.
Durante el turno de palabra de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Fernando Galve se dirigió a los comparecientes para reseñar que “hacéis bien en seguir luchando” a pesar del varapalo judicial recibido hasta ahora. Además, les ha dado las gracias por “remover conciencias” para que la “atrocidad que os pasó no caiga en el olvido y no se vuelva a repetir”. Para Galve, “es el momento de pasar a los hechos” y espera que “salga una propuesta unánime y firme” de estas Cortes.
La diputada socialista Begoña Nasarre se comprometió a “trabajar para prestar el respaldo que solicitan las víctimas por una situación ajena a su voluntad” porque “es de justicia social que se reconozca esta situación injusta”, aunque “acatamos la ley”. Además, Nasarre mostró “solidaridad con vuestra lucha” y aseguró que “trabajaremos juntos para que esta cicatriz que ha generado la lucha acabe con la impotencia en la que no os deberíais haber visto inmersos nunca”.
“Hay que reclamar al Gobierno autonómico y al central que presione a la empresa para que asuma la responsabilidad, como sí ha hecho en otros países”, aseveró la diputada de Podemos Marta Prades, quien también destacó la “desfachatez” de la farmacéutica que comercializó el medicamento al “ofrecer seiscientos euros a cada afectado en el año 2011”. Además, hizo hincapié en el “cansancio” que sufren sus víctimas a causa del “proceso vivido estos años y el tiempo y dinero que les supone”.
La portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión, Carmen Martínez (CHA), agradeció que los comparecientes hayan conseguido hacer “una inmersión sobre lo que supone vivir afectado por la Talidomida”, ya que “tenemos que ser conocedores de lo que le ocurre a la gente” y aseguró que “recogeré el testigo, como creo que van a hacer mis compañeros, para preparar una iniciativa en las Cortes que recojan sus peticiones”. “Es una cuestión de justicia social”, concluyó Martínez.
