Las primeras deportaciones a Turquía plagadas de abusos

Así lo ha hecho saber Human Rights Watch, que denuncia la deportación ilegal de algunos refugiados que habrían solicitado asilo en Grecia, entre las casi doscientas personas deportadas desde Lesbos y Quíos

Centro de registro de Tabakika.

La primera ronda de deportaciones realizada por la Unión Europea desde la isla griega de Quíos a Turquía, el pasado 4 de abril, se convirtieron en un traslado caótico, que violó los derechos de los deportados, según señaló este martes Human Rights Watch. En Turquía, los deportados detenidos perdieron el contacto con sus amigos y familiares en Grecia, y las autoridades turcas no han permitido visitarles ni a los grupos de derechos humanos ni a representantes de las Naciones Unidas.

"En la loca carrera por comenzar con el acuerdo de deportaciones con Turquía, la Unión Europea y Grecia olvidaron los derechos, incluso de las personas que querían buscar asilo", dijo Fred Abrahams, director asociado de Human Rights Watch para el programa de deportaciones. "Las expulsiones abusivas vulneran los defectos fundamentales en los retornos en masa de la UE a un país, que no puede ser considerado seguro”.

En las visitas realizadas al centro de detención VIAL en Quíos, el 7 y 8 de abril, Human Rights Watch pudo hablar con 12 amigos y un familiar de 19 afganos que fueron deportados desde la isla el pasado 4 de abril. Sobre la base de esas entrevistas y mensajes de texto intercambiados entre los entrevistados y los deportados, Human Rights Watch documentó una serie de irregularidades e infracciones.

Las autoridades no informaron a las personas que iban a ser deportadas, no se les comunicó dónde los llevaban, y no permitieron a algunos de ellos recoger sus pertenencias personales. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al menos trece de los deportados desde Quíos habían expresado su deseo de solicitar asilo en Grecia, un número que podría ser mayor, según advierte Human Rights Watch.

Las autoridades griegas pudieron haber acelerado los retornos forzosos desde Quíos, además de las otras 136 deportaciones ese mismo día desde la cercana isla de Lesbos, para cumplir con la fecha hecha pública para el inicio de la readmisión establecida por el acuerdo UE-Turquía que entró en vigor el pasado 20 de marzo de 2016. Ese acuerdo permite el regreso de los solicitantes de asilo a Turquía, bajo la presunción de que el país otomano es seguro para los solicitantes de asilo y refugiados.

La base jurídica para el retorno a Turquía de los migrantes que no están buscando asilo es un acuerdo de readmisión entre Grecia y Turquía vigente desde 2001. Un acuerdo de similar de readmisión entre UE-Turquía permitirá deportaciones similares de los 28 estados miembros de la UE a partir de junio.

Las deportaciones desde las islas de Quíos y Lesbos fueron llevadas a cabo por la policía griega, y por 180 "escoltas" de la agencia de fronteras de la UE, Frontex. El gobierno griego y Frontex aseguraron que la mayoría de los deportados eran de Pakistán, Bangladesh, o Afganistán, y que ninguna de las personas devueltas a Turquía había solicitado asilo en Grecia. Un dato que tanto ACNUR como Human Rights Watch niegan.

El 8 de abril, Grecia deportaba una segunda ronda de 124 personas desde Lesbos, principalmente procedentes de Pakistán y Afganistán, con la asistencia de 144 funcionarios de Frontex. Al día siguiente, Grecia anunció que iba a suspender las expulsiones a Turquía durante al menos dos semanas para mejorar el proceso, aunque ambos estados han indicado que las expulsiones podrían reanudarse antes.

Grecia y la UE deberían prorrogar la suspensión de la deportación hasta que se pueda salvaguardar y garantizar el derecho a solicitar asilo y plantar cara a las deportaciones, advierte Human Rights Watch.

"El acuerdo de la UE se basa en la engañosa premisa de que todas las personas devueltas están seguras en Turquía, cuando los hechos dicen lo contrario", dijo Abrahams. "Para construir muros alrededor de Europa, la UE está haciendo la vista gorda a los peligros que afrontan estas personas desesperadamente necesitadas".

Sin información, sin pertenencias

Las deportaciones desde Quíos comenzaron alrededor del mediodía del 3 de abril, cuando la policía griega en el centro de detención VIAL, llevó a decenas de personas al edificio principal donde la policía y Frontex registran a los recién llegados, y donde se encuentra el servicio de asilo griego. Las autoridades separaron allí a las 66 personas que habían identificado para ser deportadas, según algunos testigos. Los amigos y familiares de los 19 deportados, que no quieren que sus nombres sean publicados, dijeron a Human Rights Watch que la policía había llamado la gente bajo el falso pretexto de pasar por el registro, algo que incluía los trámites para conseguir asilo.

Salim, un hombre de 24 años de edad, de Afganistán, dijo que la policía se llevó a tres de sus amigos afganos, Ilias Haqjo, Mohammad, y Reza, todos entre 20 y 25 años de edad, sin sus pertenencias.

"Vinieron aquí y les dijeron que tenían que ir a inscribirse", aseguraba Salim. "Se fueron felices y cuando salieron los policías les estaban esperando. Si los chicos hubieran sabido que iban a ser deportados, habrían cogido sus maletas, sus documentos, su dinero".

Entre los seleccionados para el regreso había una familia afgana de cinco miembros. Shila Ahmadi, de 40 años, Jalal Ahmadi, de 54 años, y sus tres hijos, Mohsen, 20, Omid, 18, y Soraya, 16. Omid dijo que la familia era de la provincia de Logar pero se había trasladado a Kabul después que los talibanes atacaran su casa en 2009, hiriendo a Shila, Jalal, y Soraya.

"La policía vino y se llevó a todos a la zona principal", dijo el hermano. "Se separaron del grupo que iba a ser deportado y les dijeron que iban a ser transferidos al continente".

Por la tarde, Shila Ahmadi comenzó a gritar y a protestar desde la zona principal. Un vídeo entregado a Human Rights Watch muestra su lamentos, que terminan por provocar un pequeño altercado al que acuden 15 policías antidisturbios. Un grupo de hombres en las inmediaciones comenzó a gritar: "¡Esto es Europa, es una vergüenza!" y "¡Aquí no hay derechos humanos!"

A las 5.53 de la tarde, Omid Ahmadi comenzó a intercambiar mensajes de texto con Amir, un amigo de la familia que estaba en la parte cerrada del VIAL:

Omid: "Ellos quieren llevársenos de aquí"
Amir: "¿Dónde?"
Omid: "No sé"
Amir: "¿Estás en el pasillo?"
Omid: "Sí"
Amir: "¿Deportación o hacia adelante?"
Omid: "No sé".

Esa noche, la policía en VIAL ató las manos de los 66 deportados a sus espaldas y les obligaron a subir a un autobús azul. "Trajeron a todos en un autobús de la policía, y no permitieron que recogieran sus chaquetas, bolsos, dinero, teléfonos móviles", aseguró Tahir, un afgano de 26 años de edad. En referencia a tres de los afganos deportados, Ilias, Mohammad, y Reza, aseguraba que "no tuvimos tiempo de hablar. Sus familias nos están llamando y se preguntan: ‘¿Dónde están?’ y no tenemos ninguna información. No sabemos dónde están".

La policía se llevó a los deportados a una fábrica abandonada en Quíos llamada Tabakika, que durante un tiempo sirvió como centro de inscripción para los recién llegados a la isla antes de la instalación del centro de detención VIAL que fue abierto en febrero. Una persona que visitó la fábrica esa noche aseguró a Human Rights Watch que vio personas sentadas o durmiendo sobre el cemento, algunas con esterillas. Le aseguraron que habían recibido comida, pero pidieron agua.

Entre 15 y 20 de las personas en Tabakikam, casi todos afganos, además de dos personas de la República Democrática del Congo, aseguraron a esta persona que la policía les había sacado del VIAL sin poder recoger sus pertenencias personales: mochilas, ropa, y en algunos casos, sus teléfonos móviles y documentos.

Human Rights Watch vio ocho de las bolsas que las personas habían dejado atrás en el centro de detención VIAL, incluyendo los sacos de dormir de los tres hombres afganos y bolsas de otros cuatro hombres que también fueron deportados: Zishan Haider, Alijan, Asadullah, y Rohullah. Otro afgano, Karim, mostró a Human Rights Watch la bolsa y las medicinas que no le habían permitido recoger a un amigo suyo que se encontraba entre los deportados, Omid Popal, de Kabul.

Wahid Abbasi, uno de los afganos detenidos en Tabakika, dejó un mensaje de voz, antes de ser deportado, para su amiga Hamida, madre soltera de un niño, que viaja con su hermana y sus cinco hijos. "Hola, estamos aquí con las familias en otro campo sin nada, ni agua, ni comida. Hace mucho frío aquí", advertía Wahid a las 21.20 horas del 3 de abril, en el mensaje de voz.

Un intercambio de mensajes de texto prosigue:

Wahid: "No tenemos noticias de la expulsión. No dicen nada".
Hamida: "¿Cómo?"
Wahid: "Ahora estamos en el campamento. No hay nada aquí".
Hamida: "¿No te dijeron nada?"
Wahid: "Estamos en la orilla. No, ellos no dicen nada".
Hamida: "¿no te dieron ningún papel?”
Wahid: "Ellos no dicen una palabra. En cuanto tengamos noticias te informaré inmediatamente".

La confusión en torno a las deportaciones continuó al día siguiente, cuando funcionarios griegos y agentes de Frontex comenzaron a cargar en transbordadores a decenas de personas en Quíos y Lesbos, alrededor de las cinco de la mañana, dos horas antes de la hora facilitada por la policía a los medios de comunicación.

Los mensajes de texto entre los deportados en el barco y la quienes permanecían todavía en VIAL indican que los deportados no sabían que iban a ser llevados a Turquía. Alrededor de las 11.30 horas, Mohsen Ahmadi envió un mensaje a Amir, un amigo de la familia en VIAL:

Mohsen: "OK, nos están llevando a Turquía, estamos dentro de la embarcación. Ahora estamos cerca de Turquía".
Amir: "¿No te dicen dónde te llevan? ¿Campamentos? ¿En qué ciudad estás? "
Mohsen: "No lo sé. Cuando lo sepa te lo diré".

Poco después, Wahid Abbasi informó a su amiga en VIAL, Hamida, que su barco había llegado a Turquía. "¿Sabes dónde te llevan y qué van a hacer?", Preguntó Hamida. "No sé". Abbasi respondió a las 12.03 horas. "Estamos en el barco".

También en el barco de Chios había una familia de la provincia afgana de Faryab, Ghulam y Rabia Sakhi y sus hijas Shanaz, 19 y Suhaila, 15. Un amigo de la familia, detenido con ellos en el VIAL, dijo a Human Rights Watch que la familia Sakhi había dejado su pueblo, Maimana, debido a los combates entre las fuerzas del gobierno afgano y los talibanes.

"Con cada uno de nosotros hay un oficial de seguridad, lo que nos hace sentir incómodos". Este es un mensaje que la familia Sakhi envió a las 10.47 horas.

Mientras, en Dikili, Turquía, las autoridades policiales colgaron lonas azules en la valla alrededor de las tiendas habilitadas para el registro, con el fin de evitar que periodistas y observadores de derechos humanos pudieran establecer contacto con los deportados. El comandante de la policía en la zona denegó una solicitud de Human Rights Watch para acceder al lugar.

Después de ser registrados, los deportados fueron cargados en autobuses y expulsados. La policía en Dikili aseguró a Human Rights Watch que se dirigían a Kirklareli, cerca de Edirne, y, posteriormente, los medios de comunicación informaron de que los deportados desde Grecia permanecían detenidos en el centro de expulsión Pehlivankoy en esa ciudad.

En Turquía, sin embargo, los deportados trasladados en los autobuses parecían no saber exactamente dónde se dirigían. "Ahora estamos en el autobús, que nos lleva a un campamento", escribió Mohsen Ahmadi a su amigo Amir alrededor de las tres de la tarde. "¿Por qué allí?", preguntó Amir. "No sé, el campamento está cerca de Estambul", respondió Ahmadi.

"Al llegar, háznoslo saber", solicitó Amir. "OK", escribía Ahmadi de nuevo, ya pasadas las ocho de la tarde, pero fue el último mensaje de que Amir recibió.

Hassan, un amigo de los cuatro afganos deportados que no pudieron recoger sus bolsas dijo que recibió un mensaje durante la noche de uno de los cuatro, Haider, que es de la provincia de Ghazni, seguido de una breve conversación por teléfono. Hassan, recordaba:

"Haider dijo: 'Estamos cerca de una puerta. No sé dónde. Ahora nos llevan dentro. Parece una cárcel’. Luego pidió que si alguien de inmigración viene a nuestra habitación [en VIAL], debería darles sus cosas. Después dijo 'ahora vamos dentro y la policía están recogiendo nuestros teléfonos. Dicen que vaciemos nuestros bolsillos'. Dijo que volvería a llamar, pero no lo hizo".

En el teléfono de Hassan, Human Rights Watch pudo comprobar que había un  mensaje de Haider a las 10.28 horas del 4 de abril, seguido de una conversación telefónica de 2 minutos y 32 segundos.

Human Rights Watch recopiló los números de teléfono de cuatro de las personas que fueron deportadas desde Quíos el 4 de abril. Hasta este lunes, 18 de abril,  ninguno de ellos había respondido a los mensajes en Viber, la aplicación que habían estado utilizando. Cuando se llama, tres de los teléfonos parecían estar apagados y uno de los números no estaba funcionamiento.

La base jurídica de la confiscación de los teléfonos de personas que están siendo deportados, en su caso, sigue sin estar clara. Teniendo en cuenta que los solicitantes de asilo y migrantes dependen de sus teléfonos para mantenerse informados y para estar en contacto permanente con la familia, tales medidas parecen innecesarias y crueles, así como una violación de los derechos de la propiedad personal de los individuos, advirtió Human Rights Watch.

Erróneamente deportados

Los funcionarios griegos y de la UE afirmaron repetidamente que todas las personas deportadas desde Quíos y Lesbos no ha querido solicitar asilo en Grecia. Pero, según ACNUR , 13 de los deportados desde Quíos habían expresado tal deseo, 11 de Afganistán, y 2 de la República Democrática del Congo.

El número de los que deseaban solicitar asilo en suelo griego podría ser mayor. Durante su investigación en el campo de detención VIAL, Human Rights Watch descubrió que muchos de los detenidos carecían de información adecuada sobre solicitudes de asilo en Grecia y tampoco tuvieron acceso a la justicia gratuita. Asimismo, no se les informó sobre el motivo de su detención o su derecho a oponerse a ella.

Estas deficiencias ponen en duda que los solicitantes de asilo que llegaron a Grecia tras el acuerdo entre la UE y Turquía entró en vigor el 20 de marzo, incluyendo los deportados el 4 y 8 de abril, hayan tenido una oportunidad justa para solicitar protección, advierte Human Rights Watch.

Detenidos en Turquía

En Turquía, el estado y el tratamiento de las 13 personas deportadas habiendo solicitado asilo en Grecia, al igual que los otros 189 deportados desde Quíos y Lesbos, siguen sin estar claros. Incluso si son capaces de solicitar asilo en Turquía, pueden hacerlo sólo con el propósito de reasentamiento en otro país porque Turquía limita su aplicación de la Convención de 1951, a los refugiados de Europa.

Una solicitud formal de Human Rights Watch para visitar los centros que Turquía está utilizando para procesar migrantes retornados desde Grecia fue denegado. El portavoz de ACNUR en Turquía dijo que la agencia aún está negociando el acceso al centro de la eliminación Pehlivankoy.

Por su parte, Turquía está negociando acuerdos de readmisión con varios países, entre ellos Afganistán, para acelerar el retorno a los países de origen. El Parlamento turco aprobó el primero de esos acuerdos, con Pakistán, el 8 de abril.

Turquía no puede ser considerada como un país seguro para los refugiados no europeos y los solicitantes de asilo, ya que no proporciona una protección eficaz, advierte Human Rights Watch.

La protección efectiva requiere del acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, además de una buena voluntad demostrada y la capacidad para proporcionar una protección de acuerdo con la Convención de 1951 y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto incluye, lo más fundamental, el respeto del principio de no devolución, que prohíbe a un país devolver a una persona a otro país donde corra el riesgo de persecución o abuso.

Turquía ha burlado abiertamente el principio de no devolución mediante el bloqueo de los solicitantes de asilo sirios en su frontera. A 18 de abril, Turquía ha denegado la entrada a unas 100.000 personas desde Siria, e incluso ha disparado a algunas personas que estaban tratando de huir de los combates.

Pese a las afirmaciones de Turquía que proporciona autorización de trabajo para los sirios con protección temporal, así como el acceso a los servicios educativos y de salud, muchos sirios en Turquía han dicho a Human Rights Watch que se enfrentan a dificultades para inscribirse en la protección temporal y recibir las tarjetas de identificación, requeridas para acceder a un empleo, los servicios de salud, y las escuelas. Muchos sirios que sí tienen identificación de protección temporal siguen sin poder validarlas para encontrar puestos de trabajo y muchos, particularmente entre los parados, no son capaces de enviar a sus hijos a la escuela.

Los refugiados de Irak, Afganistán y otros países no europeos no pueden acceder a la protección temporal en Turquía. A lo sumo, pueden conseguir una protección condicional, que según la legislación turca debe ser con el propósito explícito de reasentamiento en un tercer país. El acuerdo entre la UE y Turquía, sin embargo, no tiene en cuenta el reasentamiento de los refugiados no sirios. Solo asegura que Turquía reasentará un refugiado sirio en Europa por cada solicitante de asilo sirio devuelto al país otomano desde Grecia.

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