Las personas encarceladas en las prisiones del Estado español recuperarán desde este jueves los permisos de salidas y las comunicaciones en locutorio, pero lo harán de forma “paulatina y gradual”, según la orden del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, publicada este miércoles.
Según recoge la orden, los y las presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de las actividades.
Los traslados solicitados por las autoridades judiciales, los traslados por razones sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales o tratamentales también se podrán realizar, según la orden ministerial.
La orden también incluye recuperar cierta normalidad con las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el interior de los centros penitenciarios, en función de la situación de estos y de las medidas que se puedan ir adoptando por las autoridades competentes.
No obstante, "todas estas actividades y actuaciones podrán cancelarse en caso de que la situación epidemiológica lo aconseje, tanto de forma global como individualizada para uno o varios centros penitenciarios", advierte el Ministerio.
Su aprobación llega dos meses después de que la pandemia del coronavirus obligase a aislar a las personas presas en las cárceles, donde no se han adoptado las recomendaciones dadas por organismos internacionales.
Dos meses de críticas, peticiones y cartas enviadas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por parte de entidades y organizaciones como ALAZ o CAMPA en las que denunciaban la falta de medidas de seguridad y de derechos humanos dentro de centros penitenciarios como el de Zuera.
Además, el pasado 11 de mayo, EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, Más País, CUP, BNG y Compromís firmaron un manifiesto conjunto en el que urgían al Gobierno español a adoptar medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar el derecho a la salud de las personas presas durante la emergencia sanitaria.
"Todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios"
Precisamente, este martes, numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, entre ellas las aragonesas ALAZ y CAMPA o las vascas Sare, Etxerat, Salhaketa y Altsasu Gurasoak, volvían a presentar ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas "Propuestas para la desescalada en el contexto de COVID-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado".
Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”.
Sin embargo, critican que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno español aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.
Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”.
A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”.
No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”.
Igualmente, recomiendan, como lo han hecho ya numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.
Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”.
En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”.
Asimismo, consideran fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios".
Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”.
De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”.
Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas personas que vayan a visitar a centros penitenciarios”.
Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”.
Finalmente, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente al COVID-19”.
Cabe recordar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en la necesidad de reducir la población presa para frenar la pandemia. La OMS ha vuelto a reclamar a los estado medidas para reducir el número de personas presas, ya que el hacinamiento es un obstáculo para frenar la expansión del coronavirus.
