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Las peores consecuencias de la Ley Mordaza las sufre la persona usuaria de cannabis

En el año 2015, el 84% de las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana estaban relacionadas con la posesión droga. Este dato bajó al 64% en 2016 y subió al 69% en 2017. De éstas, la gran mayoría son por tenencia de cannabis en un lugar no visible y perteneciente a la esfera de la intimidad de la persona.
| 9 septiembre, 2019 13.09
Las peores consecuencias de la Ley Mordaza las sufre la persona usuaria de cannabis
Foto: CC.

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han propuesto cambios en las actuales políticas de drogas y junto con asociaciones expertas en adicciones han firmado un comunicado denunciado que en diferentes lugares del Estado español se están imponiendo sanciones de 10.401 euros por portar menos de dos gramos de cannabis en el bolsillo del pantalón o en el bolso.

Según el Informe Drogas 2019 del Ministerio de Sanidad en colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, el Estado español es el que más infracciones por consumo y tenencia se sancionan de toda la Unión Europea, habiendo impuesto en el año 2017 la cantidad de 376.282. Sin embargo, no es el territorio en donde más drogas se consumen que se coloca el cuarto de la UE en el caso del cannabis y estando muy por detrás en cuanto a otras sustancias.

Estas organizaciones abogan por un cambio en las políticas de drogas para que se sitúen en el centro de las mismas los derechos de las personas usuarias y la salud. También para que se implementen mecanismos de reducción de riesgos y daños en el uso de estas sustancias, sin que el ordenamiento jurídico contemple sanciones que afecten a la libertad y dignidad de las personas usuarias.

Según los datos estadísticos del Ministerio del Interior, desde el 1 de julio de 2015 se han impuesto un total de 353.189 sanciones relacionadas con drogas, el 99,1% son por tenencia o consumo en la vía pública. De éstas, la gran mayoría son por tenencia de cannabis en un lugar no visible y perteneciente a la esfera de la intimidad de la persona.

En el año 2015, el 84% de las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana estaban relacionadas con la posesión droga. Este dato bajó al 64% en 2016 y subió al 69% en 2017.

Asimismo defienden que no se puede hacer una política de salud pública mediante la imposición de este tipo de sanciones desproporcionadas; menos todavía cuando los ayuntamientos que las imponen solo destinan partidas de 6.000 y 5.700 euros a la prevención y atención a las drogodependencias: “algo que podría ser sufragado con la mitad de una de estas sanciones draconianas”.

El motivo por el que estos ayuntamientos imponen sanciones de más de 10.000 euros por “la simple tenencia sin ostentación de cannabis en el bolsillo o el bolso”, es por la aplicación del artículo 33 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sitúa el mínimo de la sanción, en casos de reincidencia, en los 10.401 euros.

En el caso del cannabis, la Organización Mundial de la Salud ya ha solicitado a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que retire al cannabis de la lista IV del Convenio de 1961, donde se recogen las drogas más peligrosas y con poco o nulo valor terapéutico.

“Un caso muy llamativo es el de un ciudadano que ya pagó reducida una de estas sanciones (5.200 euros) y le han impuesto otra de 10.401 euros por incautarle un grinder (triturador de cannabis) con la cantidad de 0,01g.de cannabis”, señalan desde estas entidades que añaden, “esta persona no podrá recurrir porque le intentaron notificar la sanción pero no estaba en casa, por lo que su sueldo quedará embargado hasta que pueda pagarla, lo que supone un año trabajando nada más que para pagar esta sanción”.

El Ayuntamiento donde reside este ciudadano, Yecla, podría haber impuesto entre 50 y 100 sanciones de estas características, lo que podría suponer el ingreso de hasta un millón de euros procedente de 100 contribuyentes usuarios de cannabis, o lo que es lo mismo, el 3,7% del presupuesto anual de este municipio que ronda los 27 millones de euros. Los datos de imposición de estas sanciones en este ayuntamiento no son públicos.

En el comunicado se solicita que de acuerdo al principio de transparencia, se hagan públicos estos datos para poder hacer una mejor valoración de los mismos.

9 septiembre, 2019

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