Desde Stop Desahucios Zaragoza vuelven a entonar el grito “Sí se puede”, en referencia a la pequeña victoria obtenida en las nuevas ordenanzas fiscales de la capital del país aprobadas ayer, así, señalan que “en este país los afectados por esta gran estafa, que algunos llaman crisis, no solo tienen que afrontar la pérdida de su vivienda, sino que también deben enfrentarse al pago de la plusvalía generada en los años que han sido propietarios así como al incremento patrimonial que paradójicamente se supone que se produce al perder la vivienda por considerar esta como una compra-venta”.
“El gobierno del estado ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones hechas desde Stop Desahucios y las Plataformas de afectados por la Hipoteca para que se modifique la ley entre otros en este aspecto y los afectados no tengan que pagar la plusvalía. En la actualidad únicamente aquellos que cumplen con todos los requisitos del “código de buenas prácticas”, es decir una minoría, y además tienen el crédito hipotecario con una entidad que haya tenido a bien acogerse a este código -no hay que olvidarse que es de libre adhesión- quedan eximidos del pago de la plusvalía”, explican.
Desde la Plataforma Stop desahucios de Zaragoza “celebramos la decisión de incluir en las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida que recogió nuestra reivindicación, un protocolo que en la práctica va a eximir a los afectados por la hipoteca que pierden su vivienda por razones sobrevenidas del pago de la plusvalía. A falta de una modificación de la ley injusta que castiga y lleva a la muerte civil a los afectados contra la que seguiremos batallando esta medida da un respiro a muchas familias de nuestra ciudad”.
“Esta es solo una de las reivindicaciones de mínimos que hemos lanzado en repetidas ocasiones ante las instituciones con capacidad para legislar y aportar soluciones a las familias en esta situación. Seguiremos peleando por la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social, por medidas que supongan un acceso racional a la justicia gratuita, la exención de impuestos, un salario social que permita a los afectados por esta estafa salir de su situación. Desde aquí emplazamos a los responsables de las instituciones de todos los municipios a seguir el camino marcado, porque si se quiere, sí se puede puede”, concluyen.
