Un accidente fortuito el pasado 13 de diciembre, que ocasionó un pequeño incendió en las instalaciones de la escuela de Caneto y provocó limitados daños materiales, ha espoleado las agresivas formas de actuar de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Con una actitud, que podríamos definir de revanchista frente a la victoria judicial de las familias de Caneto, la consejera Tomasa Hernández cargó, en una rueda de prensa realizada esta martes, toda la responsabilidad del incidente sobre el proyecto educativo altoraragonés, y anunció que habían enviado un escrito solicitando la revisión de las medidas cautelares. En resumen: aprovechando el accidente ocurrido, ven la oportunidad de volver a la senda del cierre de la escuela O'Chinebro de Caneto, a la que asisten en estos momentos más de 20 niños y niñas de esta pequeña localidad.
La asociación de familias de la escuela han querido aclarar, en primer lugar, que la Asociación La Senda, titular del pueblo de Caneto, "cuenta con un plan de prevención de incendios aprobado desde el año 2014".
Y señalan que "con motivo de la posible venta de la parcela al ayuntamiento, se ha solicitado una actualización de dicho plan. Cabe destacar que esta solicitud ya fue gestionada la semana pasada por parte del ayuntamiento ante las autoridades competentes". Por tanto, para las familias, "es incorrecto afirmar que en la actualidad se carezca de un plan vigente". Esta ha sido, precisamente, uno de los argumentos para sostener la revisión de las medidas cautelares por parte del ejecutivo de Jorge Azcón.
"En relación con la manifestación por parte de la administración de que no se presentaron determinados informes ante el TSJA por parte de las familias, es preciso aclarar que esto no es así", prosiguen las familias. Al respecto aclaran que "al margen de que la propia Sala (TSJA) había señalado que las obras de mayor envergadura debían de realizarse por la administración competente, las familias presentaron la documentación requerida con las subsanaciones que se habían ido realizando y con los informes requeridos en cumplimiento del calendario establecido durante el periodo en que el procedimiento judicial estuvo activo".
Nuevo centro público, sí. Atender las necesidades actuales, también
A solicitud de la administración, y por acuerdo entre las partes, el procedimiento quedó suspendido, "con el compromiso de la administración de la construcción de un centro educativo público, aprobando la resolución correspondiente por la que se iniciaba el expediente", continúan en el comunicado remitido a AraInfo.
"Si bien valoramos positivamente los planes de futuro para la construcción de un nuevo centro, consideramos inaceptable que se descuiden las necesidades actuales", aclaran las familias. Y añaden que "las responsabilidades del presente también deben ser atendidas con urgencia por parte de la Consejería. Aunque se trate de soluciones provisionales, resulta imprescindible garantizar la estabilidad de los niños y niñas de este pueblo en el corto plazo".
Críticas a las "malas formas" de la Consejería
Por último, la asociación ha querido trasladar su convicción de que "la consulta realizada a la Sala (TSJA) sobre los informes podría haberse llevado a cabo de una manera más adecuada". Si hubiera dependido de las familias estás dice que habrían facilitado una sencilla comunicación de respuesta: "Ha ocurrido un incidente. Como medida provisional, se habilitará un barracón con un sistema de calefacción alternativo". Creen que esa "habría sido la vía más razonable, ya que habría permitido informar y solicitar la aprobación para modificar las instalaciones actuales amparadas por el TSJA". El comunicado termina con una declaración de intenciones: "Nuestra intención siempre ha sido buscar soluciones efectivas y no generar nuevos problemas".
