Ciudadanos e IU han presentado en las Cortes enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 que plantea paralizar las oposiciones en marcha en la Administración territorial con el fin de que se adapten a la nueva Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, en fase final para su aprobación.
Pretenden así “garantizar así el derecho a la estabilidad en sus puestos a los interinos en abuso de temporalidad, en las condiciones que regula la nueva norma”, según señala el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA).
Las enmiendas presentadas por estos grupos, así como las reivindicaciones de STEPA, proponen que los procesos de estabilización correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, convocados antes de la entrada en vigor del denominado “Icetazo” el pasado mes de julio, queden suspendidos si todavía no han finalizado. Todo esto con el objetivo de “ser incluidas todas estas plazas en los procesos extraordinarios de consolidación”, los que tienen que convocarse en la primera mitad de 2022 de acuerdo con la Ley de Medidas Urgentes que está a punto de aprobarse definitivamente en las Cortes Generales.
Aprobación “precipitada e incomprensible”
Por el mismo motivo, el sindicato rechaza la “precipitada e incomprensible” convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de 2021 aprobada por el Consejo de Gobierno de la DGA la pasada semana. “Es imposible que puedan sacar a oferta plazas sin antes haber llevado a cabo el tan demandado mapeo de las plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad”, subrayan.
De salir adelante estas enmiendas afectarían, según los cálculos del sindicato, solo en Administración General a unas 1500 plazas (sin contar con Sanidad y Educación donde las cifras de temporalidad de la Diputación General de Aragón se disparan), ocupadas en la actualidad por personal interino en fraude de ley, ya que han sobrepasado con contratos temporales el límite legal de tres años. El sindicato aragonés estima que en los diferentes ámbitos del Gobierno de Aragón hay 17.000 personas en esta situación.
STEPA destaca que ante la nueva normativa estatal, “lo lógico es que una Administración autonómica como la aragonesa la cumpla y se adapte a ella, para no aumentar todavía más las lagunas jurídicas que de por sí tiene en estos momentos”. Otras administraciones ya han anunciado precisamente la paralización de procesos que estaban en marcha, incluso la Mesa nacional de Sanidad. En Educación este martes se ha convocado con urgencia la Mesa de negociación del Ministerio para definir los nuevos baremos adaptados a la nueva ley en ciernes.
El Real Decreto Ley, aprobado en su día por el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta del entonces ministro Miquel Iceta, y enmendado durante su tramitación como proyecto de ley en las Cortes Generales por el propio PSOE y Podemos junto con ERC y PNV, establece un nuevo proceso extraordinario de estabilización para el personal temporal en abuso mediante el sistema de concurso (sin la fase de oposición) para plazas estructurales ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016. Pero mantiene todavía el sistema de concurso oposición para las ocupadas de 3 a 6 años, “a pesar de que incluso el Tribunal Supremo y numerosas sentencias han dejado claro que el abuso de temporalidad se da ya a partir de los tres años”, añade STEPA.
Para STEPA, la nueva Ley es un avance pero “claramente insuficiente” y no cumple ni transpone realmente al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 1999/70/CE, que reguló hace ya más de 20 años el abuso de temporalidad tanto en el ámbito privado como en el público.
